La importancia de la participación adolescente

Desde el lunes 12 de mayo, Ecuador es la sede del Foro Regional de Juventudes 2014. Se trata de un espacio en el que adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe se reúnen para consensuar sobre sus principales inquietudes y prioridades en la vida. Estas recomendaciones servirán de insumos para construir la Agenda Post 2015, que tiene como propósito fijar los próximos objetivos globales de desarrollo.  

Mediante este ejercicio, adolescentes de la región opinarán sobre cómo debe ser el mundo en el que quieren vivir, ejerciendo así su derecho de participación, el cual está reconocido tanto en el escenario internacional, a través de la Convención de los Derechos del Niño, como en el ámbito nacional. En Ecuador este derecho está reconocido en la Constitución de la República, el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Plan Nacional del Buen Vivir.

El principal desafío de los Estados al reconocer la participación como un derecho de los adolescentes es verlos como personas capaces de decidir y de actuar, de tomar sus propias decisiones, con sus trayectorias y sus historias de vida propias.

Sin embargo, en el mundo adulto aún existe el prejuicio de que el o la adolescente es una persona conflictiva, propenso a meterse en problemas y a generar conflictos.

En la región andina y en Ecuador existen grandes retos que superar en relación con el cumplimiento de los derechos de los adolescentes, ya que estas personas tienen un papel fundamental en la ruptura de los patrones de transmisión de la pobreza.

Así para fortalecer en ellos sus capacidades como agentes de cambio, se deben impulsar políticas y acciones prioritarias para reducir: el trabajo precoz y precario, el embarazo, la deserción escolar, los entornos de violencia en la familia, escuela, calle, y la falta de opciones y oportunidades para la construcción de sus proyectos de vida.

Además, debemos tomar en cuenta que las formas de participación de los adolescentes y jóvenes han cambiado. Hace algún tiempo la juventud se ve más distanciada del sistema político y de la competencia electoral. Este hecho está estrechamente ligado a la inadecuada o insuficiente representación de los jóvenes en procesos e instituciones públicas y políticas formales, tales como: elecciones, parlamentos, administración pública y partidos políticos.

Según las cifras relevadas por la Unión Parlamentaria Internacional y el PNUD, en el Informe Parlamentario Mundial de 2012, el 80% de los parlamentarios tiene más de 40 años y solo el 1,65% tiene entre 20 y 29 años. Al no tener espacios donde manifestarse o ser escuchados, los jóvenes han promovido movimientos, manifestaciones y organizaciones sociales no tradicionales en los cuales ellos mismos juegan un papel de liderazgo clave; con nuevas formas de comunicación, convocatoria y participación, como el caso concreto del movimiento estudiantil chileno.

Garantizar la participación adolescente implica a todos los actores de la sociedad: gobiernos, sociedad civil organizada, comunidades, escuela y familia.

Los Estados tienen la responsabilidad de desarrollar las herramientas necesarias para promover y facilitar el ejercicio de ciudadanía de los jóvenes, y así reconocerlos plenamente como sujetos activos de derecho.