“La educación debe ser incluida a esquema de desarrollo regional”

Aunque los esfuerzos por garantizar el acceso a la educación aún son insuficientes en América Latina, el experto Vernor Muñoz, asesor global en Educación de Plan Internacional y exrelator de la Unesco, destaca el trabajo desarrollado en Ecuador para incorporarlo  como un derecho fundamental. 

¿Cuál es el vínculo entre derechos humanos y educación?

Hay tres vínculos: el primero tiene que ver con oportunidades de acceso y permanencia con las oportunidades que los Estados ofrecen para que eso sea posible, lo que tradicionalmente se conoce como el derecho a la educación; el segundo está relacionado con los programas y planes de estudio, porque el currículo es una forma de vincular los derechos humanos con la educación; y el tercer vínculo es la gestión escolar, es decir,  nada hacemos con un currículo donde estén bien representados los principios de justicia, libertad e igualdad si al frente de la clase está un docente autoritario que no considera las diversidades o  lleno de prejuicios con las personas con discapacidad o  indígenas.

¿Está garantizado ese derecho humano en América Latina?

América Latina no es la región más pobre del mundo pero sí la más inequitativa y desigual, lo que repercute en la educación.

¿Esa inequidad es generalizada en la región?

Las asimetrías existen sin duda en   América Latina y, posiblemente, en algunos países con mayor grado que en otros. Es decir, es normal en la región que las poblaciones indígenas y rurales tengan menos oportunidades educativas... Lo mismo decimos de las personas con discapacidad, que han sido sistemáticamente excluidas.

¿Ningún país ha mejorado los índices de acceso a la educación?

América Latina ha avanzado hacia la escolarización y las cifras de la Unesco son claras. Por ejemplo, en educación preescolar los avances de los últimos 30 años son importantes y  casi el 70% de niños tiene acceso... Mientras que de 0 a 3 años las oportunidades son casi   inexistentes desde la gestión pública y la oferta privada también es limitada. De 3 a 6 años han existido avances más importantes y, en general,  los países han hecho grandes esfuerzos, pero todavía hay   retos en cuanto a financiamiento de la educación. El promedio general de la región es invertir el 5% (del PIB), pero hay países caribeños que destinan menos del 2% y otros países que asignan hasta un 14%.

¿Cuáles son los países que más invierten en educación?

Hay inversiones importantes en  Argentina, Uruguay, Costa Rica  y México. Este último  ha avanzado pero todavía no llega al 8% que establece su Constitución. Asimismo hay países que mantienen un gran rezago como República Dominicana  y Guatemala. En este,  el 80% de la oferta secundaria es privada y   significa  prácticamente un  abandono de las poblaciones rurales e indígenas.

En el caso de Chile, en donde los estudiantes secundarios y universitarios exigen que la educación sea un derecho, ¿cuál es la situación?

Ahí el cuestionamiento fundamental tiene que ver con la calidad de la educación y la falta de gratuidad. Ciertamente, en los últimos 30 años se ha producido una involución en la oferta educativa municipal (que es la oferta pública),   en donde el  financiamiento  se traslada de fondos públicos a operadores privados de  educación y eso, por supuesto, tiene una implicación  seria en las oportunidades educativas. Chile tiene un modelo   de privatización que paradójicamente se ha  reforzado con los gobiernos de la Concertación Nacional, que se supone que son   alternativos de izquierda. Hay la promesa de que eso se revierta...  algo que únicamente se puede lograr si se fortalece la visión de derechos,  de la educación como un derecho humano y que es  obligación del Estado chileno   dar   educación gratuita a su población.

¿Qué tan común es en América Latina que la oferta educativa privada sea mayor a la pública?

Hay una tendencia a la privatización sin que sea aún mayoritaria en los países, pero hay casos como Guatemala, Haití y Chile donde es más evidente que la oferta privada es la principal.

En Ecuador este año lectivo se incorporaron 120.000 niños y jóvenes más al sistema público y se estima que la mayoría migró del sistema privado. ¿Cómo evalúa esto?

Es fabuloso que se incrementen las oportunidades educativas. Ecuador ha avanzado mucho con el Bachillerato Unificado que, de alguna manera, tiende también a eliminar las asimetrías y desigualdades. Los procesos de escolarización también deben desarrollar procesos de acciones afirmativas que respondan a las necesidades de las poblaciones históricamente discriminadas: indígenas y afros. Algunos estudios han demostrado que eso aún  es una realidad en  Ecuador y  creo que a la par con el avance en la escolarización habría que fortalecer   los mecanismos de dignificación de estas comunidades. Y hay  una   nueva ley   de educación e interculturalidad que me parece un gran avance.

La nueva legislación garantiza la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel y  ello ha implicado, por ejemplo, que los planteles de la frontera norte acojan a estudiantes colombianos. ¿Debe existir corresponsabilidad de los Estados para garantizar el  acceso de su gente  a la educación?

Es absolutamente fundamental incluir el derecho a la educación dentro del contexto de desarrollo regional, pero  ha avanzado poco lamentablemente, porque los procesos de cooperación han estado más centrados en el intercambio comercial y acuerdos políticos.

En el marco de acción de “Educación para todos” es central desarrollar este derecho   y que  los países que tengan la intención de avanzar pero no tengan recursos, puedan encontrar la asistencia de otros países. Es fundamental incorporar el tema educativo al esquema de desarrollo regional.

En cuanto al currículum, ¿es necesario crear asignaturas que fortalezcan los derechos humanos o hay otros  mecanismos?

Hay varias opciones, no hay una sola receta. Algunos países optan por  un enfoque transversal en derechos humanos para todas las asignaturas y otros le han dado un enfoque más centralizado. El tema  de educación sexual, por ejemplo, es crucial en derechos humanos  o la  educación ciudadana.

¿Qué países han incorporado esas asignaturas?

Costa Rica tiene un ejercicio interesante con educación sexual como asignatura, pero cada país debe abordarlo de acuerdo a sus condiciones. Lo fundamental es que los derechos humanos   figuren como un tema preponderante en el currículum, no solamente como contenidos específicos sino como una dinámica de relación de docentes con estudiantes.  Además se requieren  propuestas de formación y capacitación docente acorde con este modelo educativo. Y, por supuesto,  destinar recursos a la educación para que responda a las necesidades   de cada región, es decir, nada sacamos con tener escuelas maravillosas si no son accesibles a las personas que usan silla de ruedas o que en una comunidad indígena  los maestros no enseñen en la lengua nativa.

¿Cuánto   ha avanzado  la región en   la inclusión de personas con discapacidad?

Muy limitadamente. Se calcula que apenas un 10% de las personas con discapacidad tiene  acceso a la educación y cuando lo hace  es  a  establecimientos de educación especial, lo cual significa que las escuelas regulares todavía no   reciben chicos con discapacidad porque no cuentan con la infraestructura  para recibirlos.   

En la gestión escolar, ¿cómo influye la evaluación docente?

La evaluación no es un fin en sí mismo, porque tiende a culpabilizar al docente y al estudiante del fracaso educativo, sin considerar las limitaciones que tiene el sistema educativo. La evaluación es importante, pero debe ser parte de un sistema de monitoreo  que involucre todas las responsabilidades, incluso  políticas. No se puede requerir que un alumno indígena tenga el mismo nivel de aprovechamiento que el resto de estudiantes que se educa en su lengua materna. Entonces, la evaluación fuera de ese contexto no tiene ningún sentido  porque   plantea  criterios estandarizados a realidades    ampliamente diversas.

Al hablar  de exclusión por etnias o algún tipo de discapacidad  también hay que considerar  la diversidad de género en las aulas. ¿Se ha debatido este tema en el sistema educativo?

Cada vez crecemos en la conciencia de la diversidad de género, entendida no solamente como los derechos de las mujeres sino en la eliminación de conductas patriarcales,  y que los hombres asumamos actitudes más proactivas en este sentido.

Con respecto a los grupos GLBTI, tema que ha generado un profundo debate en Ecuador, ¿el sistema latinoamericano es más inclusivo?

La atención a la diversidad es un tema que tiene un retraso notable, específicamente en el ámbito de la educación sexual, ya que si no se considera la diversidad sexual se trata de una educación absolutamente incompleta. Creo que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, y  la orientación sexual no puede ser motivo para excluir a nadie de las oportunidades educativas. Las personas GLBTI deben tener voz en el proceso educativo, ya que   los casos de criminalización de la diversidad lamentablemente son frecuentes en la región.