Juliana Campoverde: la histórica oportunidad que tiene la justicia

- 07 de julio de 2019 - 00:00
Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana, espera que la verdad salga a la luz y conocer qué realmente pasó con su hija, quien fue vista por última vez en Quito en julio de 2012.
Foto: Archivo / El Telégrafo

El último viernes estaba previsto que se instalara la audiencia de juzgamiento en contra del pastor evangélico acusado de la desaparición y muerte de Juliana. La diligencia se suspendió y se instalará el 17 de julio de 2019.

“Ese día me llamarán, pero no responderé, me buscarán, pero no me encontrarán…”. (Proverbios 1:27-29).

Este fue el mensaje enviado por el pastor Jonathan Carrillo a Juliana Campoverde, a través de su perfil falso de la red social Facebook, semanas antes del 7 de julio de 2012 –siniestro día en el que ella desapareció para siempre. Hoy se cumplen siete años desde que ella fue vista por última vez.

Desde ese día, la familia de Juliana la busca incansablemente. Su madre, Elizabeth Rodríguez, puso la denuncia al día siguiente de su desaparición -pues Fiscalía se negó a receptarla antes- y, con ello, se dio inicio a la investigación.

Por negligencia de los operadores de justicia inicialmente a cargo, los primeros años de investigación no arrojaron resultado alguno, a pesar de que la madre siempre apuntó al culpable.

Seis años y once fiscales después, la investigación finalmente comenzó a dirigirse adecuadamente y los cabos comenzaron a atarse, arrojando una teoría fiscal que coloca a Jonathan como el autor del delito de secuestro extorsivo con fines sexuales y con resultado de muerte, ejecutado en contra de Juliana Campoverde.

Esta teoría del caso fue construida después de identificar un cúmulo interminable de pruebas indiciarias en contra de Jonathan: una personalidad narcisista, manipuladora e incontrolablemente impulsiva; una obsesión desproporcionada con la víctima; la creación de un perfil falso de Facebook; amenazas expresas proferidas en contra de Juliana.

Su presencia en la zona, minutos antes de que ella sea vista por última vez; su proximidad temporal y espacial con la víctima, post-desaparición; la fabricación minuciosa de una coartada simulada; la producción de pruebas falsas de vida con intenciones de ocultamiento del delito; la obstrucción de la investigación fiscal; las incontables contradicciones en las versiones rendidas por el acusado; y, finalmente, la admisión parcial de responsabilidad del procesado.

Este cúmulo de indicios, inequívocamente, apuntan a Jonathan Carrillo como el responsable de la desaparición de Juliana Campoverde, a pesar de que su cuerpo nunca haya sido hallado.

El proceso judicial cuando no existe el cuerpo de la víctima

Hasta la fecha, en el Ecuador no existe precedente jurisprudencial alguno que haya arribado a una convicción judicial en un delito contra la vida, sobre la base únicamente de prueba indiciaria.

La ausencia del cuerpo de la víctima de un delito de esta naturaleza, ha sido considerada como un obstáculo insalvable para la determinación de responsabilidad y la imposición de una pena.

Así, la tesis tradicional vigente sostiene que el principio de inocencia que opera a favor del procesado, puede ser desvirtuado únicamente a través de prueba directa. Sin embargo, en países como España, Argentina, Brasil, Alemania y varios otros, esta tesis tradicional ha sido abandonada hace ya varios años.

Siendo así que, a falta del cuerpo de la víctima, es posible obtener una condena por homicidio o asesinato sobre la base de prueba indiciaria, siempre que esta parta de hechos plurales y de naturaleza inequívocamente acusatoria. Además deben estar plenamente acreditados y de ellos se debe desprender, de manera natural conforme a la lógica de las reglas de la experiencia humana y la participación del involucrado en el hecho delictivo.

El escenario actual constituye una garantía para la impunidad en casos de personas desaparecidas, condenando a las familias de las víctimas al olvido estatal y a la imposibilidad rotunda de ver sus derechos a la verdad y a la reparación satisfechos.

El drama de las personas desaparecidas es una realidad creciente en el Ecuador, que debe ser frenada a través de varias acciones de política pública pero, también, a través de la modificación de la estructura legal vigente.

Esta última, actualmente, envía un mensaje de indiferencia frente al cometimiento de delitos contra la vida, premiando con inocencia a aquellos victimarios que oculten exitosamente los restos de sus víctimas. Un Estado de derechos y justicia no puede quedarse inmóvil ante una realidad lacerante como esta.

El caso de Juliana Campoverde es la oportunidad histórica para que los jueces ecuatorianos, a través de jurisprudencia, abandonen una teoría que hoy resulta obsoleta y permitan el procesamiento eficaz de los responsables de los peores hechos delictivos: aquellos cometidos en contra de la vida.

Ello, no solo traerá justicia y reparación para esta familia después de una larga espera de siete años, sino que también se consagrará como un hito en la justicia ecuatoriana.

Será un punto de quiebre para la judicialización de los casos de desaparecidos, ofreciendo a todas las familias involucradas el cierre necesario de un ciclo de duelo, y enviando un mensaje social de aprecio rotundo por la vida humana y de cero tolerancia frente a delitos que atentan contra la misma.

Los efectos positivos de una sentencia condenatoria, en este caso, serían incontables. Esperemos que, esta vez, la justicia llegue.
El último viernes se tenía previsto que se instale la audiencia de juzgamiento en contra del pastor evangélico. Sin embargo, la diligencia se suspendió después de que los abogados del acusado alegaron que faltaban dos testigos.

La audiencia se instalará el próximo 17 de julio, pero la decisión causó enojo entre quienes exigen justicia. (O)

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