Alfonso Yánez, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados, acudió este viernes a la Fiscalía General del Estado para iniciar el trámite en contra de Richard Espinosa, expresidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Como primer paso se realizó el reconocimiento de la firma de la demanda presentada el 31 de marzo de 2017, cuyo expediente fue aprobado por la Fiscalía.
"Lo que nos complace es que la Fiscalía está agenciando para que siga este proceso de la demanda que hemos hecho de falsedad documental, que es un asunto grave que está tipificado en el Código Penal y que sanciona con prisión de 2 a 3 años", subrayó.
Según Yánez, el extitular del IESS dijo que desaparecieron $ 2.500 millones de la deuda del IESS que correspondía al rubro de salud para los jubilados y "tuvo que esperar el informe de Contraloría que ratificó que no solamente existía esa deuda, sino que además fue de $ 2.800 millones".
La asistencia también se efectuó para realizar una nueva declaración para proporcionar más datos sobre el caso. Incluso mencionó que presentarán algunas pruebas, como declaraciones públicas que hizo Espinosa en medios escritos y radiales. Dijo que se solicitará que el exfuncionario rinda una nueva declaración para que responda alrededor de 80 preguntas planteadas por el gremio.
En esa línea, añadió que se pedirá a Fiscalía que se disponga la prohibición de salida del país y, de ser el caso, disponga medidas preventivas.
Yánez añadió que la falsedad documental generó problemas en la atención a los jubilados. "Todo como producto del mal manejo administrativo", reiteró.
El 21 de noviembre de 2017, la Contraloría estableció una sanción de destitución y una multa en contra de Espinosa y otros funcionarios del IESS por haber eliminado la deuda de $ 2500 millones del Estado de los balances del IESS.
Todo esto, luego de que se detectara que hasta agosto de 2016, en el balance financiero del fondo de salud de la entidad, constaban los 2.500 millones correspondientes a las deudas por cobrar al Gobierno. Sin embargo, un mes después, ese valor desapareció de los registros. (I)
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