ENTREVISTA

Jorge Hernando Pedraza: “La Comunidad Andina es receptora del 60% de la migración venezolana”

El Secretario General de la Comunidad Andina (CAN) explicó en qué consiste el proyecto “Por las vidas de las CAN”; el estatus migratorio, y otros temas que competen a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
08 de noviembre de 2020 10:40

La Comunidad Andina (CAN) inició un ciclo de conferencias dentro del proyecto “Por las vidas de la CAN”, cuyo objetivo es reducir la accidentabilidad y mortalidad en los cuatro países que la conforman: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

En estas cuatro naciones se trabaja no solo en este proyecto sino en otros que beneficiarán a los ciudadanos andinos y para ello Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la CAN, dialogó con diario El Telégrafo, y hablo de su gestión, la cual empezó el 11 de enero de 2019.

¿Desde cuándo nace el proyecto ‘Por las vidas de la CAN’ y por qué lo hicieron?

Esto es parte de las responsabilidades que nosotros tenemos como Comunidad Andina (CAN), contribuir en algo que es quizás unas de las misiones más nobles del ser humano, que es preservar las vidas y evitar accidentabilidad es salvar vidas.

También porque se deriva de un encargo presidencial hecho a la Secretaría General, en mayo de 2019, y estamos desarrollando una tarea que implica el lanzamiento del proyecto “Por las vidas de la CAN”.

Tendremos cinco conferencias, pero no solamente es un evento académico, esto deberá concluir con que hay que avanzar en nuestros países, es decir en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, teniendo una consistente política de seguridad vial.

Nos preocupa enormemente que el año pasado tuvimos 325.281 accidentes de tránsito que generaron 135.834 heridos, muchos de ellos con lesiones permanentes y, por supuesto, afectando también la vida de las familias, las economías, el rubro de salud pública de los Estados.

Pero lo más grave es que perdimos 13.424 vidas en los accidentes de tránsitos, en nuestras carreteras andinas; podríamos decir que es como el cementerio más largo del mundo.

Y esto hay que mitigarlo, hay que disminuirlo, y lo vamos a hacer a través de varios mecanismos, pero también, por supuesto, implica una actitud de conciencia, culturización, educación de todos, porque esto va para 111 millones de ciudadanos andinos.

¿Qué cree usted que deben hacer los países que conforman la CAN para reducir las cifras de accidentabilidad y mortalidad?

Si no hay normas la gente tiene la tendencia a andar muy relajada; hay que vivir con unos preceptos de convivencia donde cada uno tengamos obligaciones. Nuestra sociedad se está acostumbrando a tener muchísimos derechos, muchos más de los que el Estado puede dar, pero muy pocas obligaciones.

Y aquí lo que importa es que tengamos un escenario de conciencia (…) Hay que hacer enseguida una normativa, por ejemplo, identidad única vehicular andina, o sea una placa, y una licencia de conducción única andina o brevete, cuyos requisitos para la obtención sean los mimos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y se lo haga con rigor y exigencias, para que sea gente proba la que esté al volante.

Este proyecto, si bien es cierto genéricamente está focalizado a los 111 millones de ciudadanos andinos, está focalizado en funcionarios públicos del sector del transporte, gremios de transporte, conductores, gente que está al volante, servicio público de pasajeros y de carga, peatones, usuarios de bicicleta, todos los agentes de tránsito y las personas involucradas en el sector.

Este proceso es tarea de todos, es una tarea integradora e integral que nos obliga, desde el punto de vista de la decisión, interior, conciencia, crear una labor colectiva que nos permita, entre todos, dar como resultado de disminuir esta accidentabilidad y salvar vidas, por eso se llama “Por las vidas de la CAN”.

¿Qué viene después de que termine el ciclo de conferencias, el proyecto continúa?

Claro que sí, hay algunos aspectos como la política antiincendios para que haya menos dramas de los que hemos tenido. En Colombia, Perú, recientemente en Bolivia, Ecuador, en los cuatro países se han presentado incendios de vehículos de servicio público incinerando en su interior muchas vidas y cosas pavorosas, y en las cuales los Estados no han avanzado.

Creo que la Comunidad Andina tiene una responsabilidad enorme sobre hacer una normativa genérica para mitigar los efectos de este tipo de accidentes que cobran vidas, y que cobran luto y dolor en los hogares andinos y que, por supuesto, en manos nuestras está contribuir a mitigar estos efectos, cómo no hacerlo, es una obligación institucional y es una obligación moral.

Entre los cuatro países, ¿cuál es el que más accidentes ha tenido?

Hay un desglose de accidentabilidad que por supuesto nos genera una enorme alarma. Nosotros debemos trabajar a través de una muy fuerte campaña, porque hay una tipología de accidentes y de hechos que generan más accidentabilidad. En general tenemos 20.534 accidentes en Bolivia, 184.352 en Colombia, 24.595 en Ecuador y 95.800 en Perú, esto ha generado que haya 135.834 heridos el año pasado.

En Ecuador hubo 19.999 heridos, en Colombia 36.812, en Bolivia 15.o70, y en Perú 63.953, y el número de fallecidos es de 13.424, y desde luego es tarea de todos contribuir a una política eficaz en este sentido.

En lo que tiene que ver con la acreditación de títulos universitarios, ¿cómo está este proceso de homologación?

Es parte de una agenda social que consiste en proponerle a los países la homologación de los títulos universitarios en tecnologías, técnicos, en profesiones, posgrados, maestrías y aún en doctorados; seguramente es un proceso largo, pero podemos comenzar con las mismas profesiones o programas más comunes, para que un estudiante que esté desarrollando su labor académica en Bolivia -si es trasladado a Colombia- pueda continuar sin necesidad de hacer ninguna revalidación, convalidación y apostilla, sino que su pénsum sea el mismo y tome las materias que le faltan y validen las que tiene.

O igualmente para que los títulos universitarios tengan la misma valoración de homologar la posibilidad de que se ejerza la profesión u oficio en cualquier país de la Comunidad Andina, independientemente de dónde se haya cursado los estudios, universidad de qué país, pública o privada, es decir que sea el título universal de la CAN.

¿Ya se han dado estos casos o están trabajando en ello?

Estamos trabajándolo; justamente eso es parte de lo que se llama una Comunidad Andina y lo mismo sucede con la portabilidad laboral, para que también se valide la seguridad social de los trabajadores, los cómputos de sus tiempos de servicio sin importar para qué país trabaja, para que al final pueda tener acceso a una pensión, a una seguridad social.

¿Cómo avanza el estatuto migratorio?

Estamos a punto de abordar un estatuto migratorio que nos va a servir muchísimo para regularizar la movilidad de las personas, pero, sobre todo, porque tenemos una migración venezolana muy alta. La Comunidad Andina es receptora del 60% de la migración venezolana.

Hoy, 5 millones de venezolanos que han salido de su territorio y 3 millones de ellos están en la CAN. Cerca de 1’764.000 en Colombia, 829 mil en Perú, 362 mil en Ecuador, y más de 10 mil en Bolivia, de tal forma que este es un tema que tiene toda la vigencia y del cual hemos reclamado la solidaridad de organismos internacionales, para que se encarguen de las labores humanitarias, porque es francamente un problema no solamente de la CAN, es un problema y un drama del mundo entero. Con entornos sociales, económicos, políticos, seguridad y de tipo humanitario.

Debido a que Venezuela no es parte de la CAN, ¿cómo podrían ustedes solventar, además de la migración de los cuatro países, la de esta otra nación?

Nuestras normas rigen para nuestro territorio, para cuatro países, el problema es cuando somos receptores; entonces un estatuto migratorio nos permitirá tener una regulación, reglamentación, y eso no significa que estamos invadiendo el fuero del territorio venezolano ni la soberanía, no, es para la CAN.

Todas las normas que hacemos en temas comercial, agrícola, infraestructura, vías, telecomunicaciones, comercio, son para la CAN. Obviamente debe entenderse que hay que hacer una norma para regularizar esa migración dentro del territorio de la CAN, que son 4 millones de kilómetros los de nuestra jurisdicción.

En tiempos de esta pandemia global, ¿cómo está la seguridad social?

Nosotros creemos que la pandemia ha cambiado muchísimo a todo el mundo y la CAN no es la excepción; ha cambiado la forma de vida de los seres humanos; hoy tenemos unos preceptos distintos y unas prioridades diferentes, de eso la seguridad social es un tema que nos preocupa enormemente porque creemos que la salud de todos debe ser un precepto, además de protección, que entre otras cosas forma parte de las Constituciones de nuestros países en el capítulo de los derechos individuales, de la salud y la vida.

Todo se entrelaza, por eso en este tema de seguridad vial tenemos una conferencia especial sobre bioseguridad en el transporte público y privado, y que tiene como propósito proteger a la gente del lío de la pandemia por los rigores del aislamiento, del cuidado, de las mascarillas, de las caretas, del lavado de manos, de todo lo que conocemos.

Además de eso, no solamente tiene focalización para hacerlo dentro de la pandemia sino después, porque debemos mantener los rigores de bioseguridad, de higiene, de asepsia, de limpieza en el transporte público, que permita que estemos cada vez más lejos de enfermedades endémicas y pandémicas, de contaminaciones bacterianas y, por supuesto, de mejorar las condiciones de oferta del transporte público sobre todo de pasajeros; a los usuarios esta pandemia nos deja esta gran lección.

Entonces aquí hay cosas que se hicieron para la pandemia, pero que van a quedar después de la pandemia, y otras que cuando se despida la pandemia de la humanidad, podamos saber que hemos cumplido unos parámetros mínimos de bioseguridad, de salud y de seguridad social con nuestros ciudadanos.

¿Cómo avanza el tema de la reducción de costos del roaming?

Muy bien, es una decisión tomada que está en ejercicio, se está aplicando desde el 18 de febrero del año en curso; gradualmente y de manera progresiva se están difundiendo los costos de roaming internacional, hasta que el 1 de enero de 2022 entre en vigencia la tarifa cero pesos, para quienes tengan instalado su roaming y tengan pospago.

Es decir que a partir del 1 de enero de 2022, dicho de una manera muy pragmática, no vamos a tener que pagar el costo de una llamada internacional cuando llamen de Ecuador a Colombia a Perú, o a Bolivia o viceversa, generando un alivio enorme al bolsillo de los ciudadanos andinos. Es una integración adicional, un elemento integrado de la telecomunicación y con esto estamos registrando que logramos una victoria temprana desde mi llegada.

Con mucho entusiasmo logramos que los gobiernos nos acompañaran en la decisión y hoy es una norma que rige y las normas de la CAN tienen prevalencia porque son supranacionales y, en consecuencia, son de obligatorio e inmediato cumplimiento, por sobre las normas nacionales.

He pedido a los organismos de vigilancia y control de los cuatro países a estar muy atentos al cumplimiento y desarrollo de la aplicación y el cumplimiento de la norma 854 que reguló el desmonte de las tarifas de roaming internacional.

¿Si un país se atrasa qué va a pasar; habrá algún tipo de sanción?

La norma es una norma y cuando se la viola debe haber una consecuencia; la violación a la norma implicará también una violación a los derechos de los usuarios y esto tiene naturalmente unas sanciones tanto de orden administrativo, civil, comercial, pecuniario bastante altas para quien la violente, para quien no cumpla la decisión 854 sobre el roaming.

Son sanciones que la correspondiente autoridad hará la evaluación según el caso y según el tipo de violación. No es lo mismo cuando es sistemático, cuando es aislado, no es lo mismo cuando se hace de manera clara para violar la norma, cuando se hace por una culpa o por una ausencia. Corresponde a las autoridades que investigan, fundamentalmente a los encargados del régimen de competencia y de protección de los usuarios que son las superintendencias, pues será la entidad que se encargue de la vigilancia, inspección, el control y la parte sancionatoria si fuera el caso.

Si hay un ciudadano, o un gremio o un Estado que denuncia ante la CAN el incumplimiento de la norma, también nosotros tenemos la facultad de hacer una investigación y, si fuera el caso, imponer las correspondientes sanciones.

¿Qué otro proyecto trabajan paralelamente a “Por las vidas de la CAN”?

Estamos avanzando en un tema sensible de una política para buscar una participación y equidad de la mujer en la vida económica y social de nuestros países, ya terminamos un ciclo de conferencias y estamos preparando un documento que será prologado por la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y que será una hoja de ruta, para que desde ahí se desprendan las políticas claras en este sentido.

Además, el presidente Iván Duque, que ejerce la Presidencia Pro Témpore de la CAN, ha presentado en su plan de trabajo la confección de una carta ambiental y estamos trabajando; tenemos ya no 120 sino apenas 60 días para emerger con unos postulados que los países, en una declaración, determinen lo que será una carta ambiental.

Es una hoja de ruta para tener unos rigores de cómo comprometernos, entre otras cosas, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y con el entorno y de la necesidad de cambiar un poco de actitud: No tener el planeta a nuestros servicios, sino estar nosotros al servicio del planeta, como entre otras cosas también la pandemia nos está enseñando.

Esta década se estima es la definitiva para que haya una declaratoria de emergencia climática, ¿están ustedes trabajando en ello?

Creo que la emergencia son 7.500 millones de emergencias, porque cada uno de nosotros somos responsables de lo que está ocurriendo con el daño del planeta. Todos somos, de alguna manera, los responsables de lo que ha ocurrido, el cambio climático. Así que no importa el nivel de vida que tengas, si es de riqueza o pobreza, la raza a la que se pertenezca, blanco o negro, si es de una comunidad privilegiada económicamente o pobre, si se está en el norte o en el sur del planeta, si se está en un país desarrollado o no desarrollado, si es un régimen democrático o no democrático, todos somos responsables.

Hay que asumir los cambios de actitud y los gobiernos tienen que contribuir a generar esa conciencia y a tener también normas que permitan que protejamos nuestro ambiente, nuestro hábitat, pero también hay que dejar la reflexión: y entonces qué planeta vamos a dejar para que las nuevas generaciones puedan vivir, no sé si por eso es que se está especulando en buscar vida en otros planetas.

El ser humano no debería irse tan lejos, aquí mismo podemos hacerlo si modificamos nuestras conductas y nuestras condiciones de relacionamiento con la naturaleza y con los hábitats e incluso con nosotros mismo. (I)

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