Familias y autoridades exigen control del ácido

Una máscara de tela color beige cubre el tierno rostro de Nelly, de 6 años.  De su nariz, que queda al descubierto al igual que su hinchada boca, asoman dos diminutos tubos de plástico que le permiten respirar y evitan que el injerto que recibió se pegue y obstruya su respiración.

Ella y su hermana fueron salpicadas con el químico durante un ataque con ácido perpetrado contra su madre Daysi Murrieta, de 28 años, quien en enero pasado falleció.

Francisca, abuela de las niñas, explica que sus nietas, cuando escuchan que tocan la puerta, gritan y lloran. “No abras, gritan. No quieren ir al baño solas y me dicen: ‘Quiero a mi mami Daysi’”.

El psicólogo y psiquiatra Eduardo Tigua explica que ellas experimentan un fenómeno de reestimulación (el trauma cobra vida a cada momento). “Es necesario que ambas reciban psicoterapia, la cual evitará el desarrollo de una enfermedad mental en las niñas”.

Steven Villón, de 21 años, hijo de Mónica, otra mujer que fue atacada con ácido, recuerda que la ayuda psicológica que recibieron él y su hermana menor los ayudó a aceptar y asimilar el estado en el quedó su progenitora.

“Mi madre quedó con muerte cerebral.  Al mes gastamos $ 500 para la medicina y pagar un terapeuta que va a la casa para atenderla”.

La madre de Steven pasó de ser una mujer activa a estar condenada a una cama, producto de los daños que le dejó el ácido.

Francisca y Steven concuerdan en que debe existir una ley que prohíba la venta libre de ácido.

Según la fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón, el ácido es usado como un arma, pero nadie controla su venta.

Ella explica que en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), artículo 113, se establece lo que es un arma. “El ácido es un arma humanitaria internacional y eso lo contemplamos en el COIP. Así como hicimos un código, deberíamos pensar en un proyecto en el que se contemple la venta de este químico”.

Para Morejón, las autoridades deben determinar las precauciones con la prohibición de la venta de esta arma, “como pasó con los revólveres”. En la ciudad este producto es de fácil adquisición en ferreterías o en tiendas de químicos. Además, tiene un costo bajo: $ 1 por litro.

Con esta medida está de acuerdo Beatriz Bordes, presidenta de la fundación María Guare, que trabaja con el colectivo femenino.   

Para ella, las agresiones con el químico -a diferencia de otras- son premeditadas. “Es un atentado a la vida de la mujer. Los hombres (que lo utilizan) quieren terminar con la vida de ellas, ellos lo compran para dañarles el físico y que no rehagan su vida”.

La fundación da esa explicación en los talleres que reciben las lideresas, con el fin de prevenir la violencia de género en sus barrios. Hace tres años las educan sobre el tema y cómo destruye al ser humano.  “Hacemos ver que todas las violencias son iguales y afectan en la misma medida”.

Bordes recuerda que 6 de cada 10 mujeres son violentadas. En la entidad, al mes, conocen 30 casos y al año hay 1.200 denuncias.

El asambleísta Diego Vintimilla, de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, opina que prohibir la venta del químico no evitará los ataques.

Para él, el problema no es el objeto con el que se causa el daño, sino el sujeto y el contexto patriarcal en el que las mujeres están expuestas a la violencia.

“Las sanciones son necesarias para evitar la impunidad de los agresores, pero se requieren políticas públicas que fomenten la igualdad de los derechos”.

Steven no comparte ese criterio y considera que debe existir una ley que lo prohíba. “Si eso no ocurre, la gente se acostumbra a comprar y hacer daño. La venta no debería realizarse para uso personal ni casero, sino industrial”.

Otro de los temores que tiene el hijo mayor de Mónica es lo que pasará cuando el agresor salga de prisión. “No sabemos qué nos hará”.

Francisca recuerda que por este tipo de ataques, su nieta Nelly, de 6 años, estuvo a punto de perder el ojo derecho. Durante meses su hija y nieta estuvieron hospitalizadas.

“Mi pequeña tiene injertos dentro de su boca y siente mucho dolor cuando recibe los masajes tres veces al día y al tener que respirar por unos diminutos tubos. Necesitamos un especialista”.

Los procesos deben ser rigurosos -añade Francisca- y que las condenas sean más severas. “No se dieron cuenta de que a mi hija me la mataron y dejaron a sus niñas sin su madre”. (I)