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El propÓsito del documento es garantizar los derechos de los afroecuatorianos contemplados en la carta magna
El pueblo afro exige cambio de ordenanzas
El sueño de Javier Granda no era ser vendedor informal, sin embargo, en su hogar se necesitaba dinero y por eso empezó a salir a las vías a ofrecer artículos varios. Allí aprendió que su herramienta principal, además de la labia, debían ser los zapatos de caucho porque cada vez que los metropolitanos aparecían necesitaba correr. Tenía que evitar que los policías le arrebataran la mercadería, por eso -cada vez que los veía de lejos- recogía sus cosas y huía hasta un lugar seguro. Un día no lo consiguió y además de recibir golpes en el rostro e insultos por ser afroecuatoriano, lo detuvieron, de modo que debió pagar por su salida.
“Esta persecución y, en consecuencia, el abuso de los derechos humanos, se debe acabar en Ecuador”, enfatiza el Dr. César Quintero, representante del Palenke del Pensamiento Afro Guayas, quien ayer convocó a una reunión para anunciar que a partir del lunes se entregará un manifiesto de 13 puntos a todas las instituciones públicas y privadas del país. En el documento se solicita descolonizar los espacios públicos, a través de una ordenanza que permita de manera ordenada que los vendedores informales puedan comercializar sus productos.
“Ya es hora de cambiar las ordenanzas municipales, las cuales son discriminatorias y persiguen a nuestros comerciantes informales”, indica la socióloga Tanya Mercado, quien resalta que el Cabildo porteño debería generar espacios para que se realice esta actividad.
El Parque Samanes y el Malecón Simón Bolívar son opciones para reubicar a los vendedores. Javier Granda, en cambio, opina que los mercados municipales Casuarina y Prosperina están vacíos, por lo que hay espacio para más comerciantes.
Otro de los requerimientos de las 150 organizaciones afro del Ecuador es crear un instrumento técnico que permita medir el cumplimiento del Decreto 060 en cada una de las carteras de Estado. El Decreto 060 dispone que las instituciones estatales integren a sus nóminas laborales a indígenas, afroecuatorianos y montubios, con el firme propósito de acabar con la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural.
El Dr. Patricio Quiñónez, del área de asesoría legal del Palenke del Pensamiento Afro Guayas, señala que, al igual que sucede en el caso de las personas con capacidades especiales, se debería establecer que el 10% de los empleados de una determinada empresa sea afro. Actualmente, sea en compañías o en entidades públicas, menos del 1% de los empleados son afro, según Quiñónez. En Ecuador, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hay 1’041.559 afrodescendientes, lo que representa el 7,2% de la población nacional. La mayoría se concentra en Guayaquil.
Entre los demás requerimientos, cuyo soporte es la proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, realizada el 1 de enero de 2015 y que culminará en 2024, constan: implementar el Consejo Nacional de la Igualdad para los Pueblos y Nacionalidades, pendiente desde hace un año; crear y aplicar políticas orientadas a la acción de programas contra el racismo y la discriminación racial, entre otros. (I)