Quito-Guayaquil.-

Las universidades privadas son definidas como espacios sin fines de lucro en el artículo 89 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). En el mismo cuerpo legal se especifica que todos los recursos deberán ser reinvertidos y que en el pago de aranceles se deberá tomar en cuenta la realidad socioeconómica de los estudiantes. En el país estas instituciones funcionarían muy al estilo de una empresa, dependen de sus ventas, que en la academia se traduce en el cobro de pensiones, matrícula y otros rubros. ¿Quién los financia? El alumno y en algunos casos los padres de estos jóvenes.

En la Universidad de Las Américas (UDLA), casi $ 75 millones de los $ 78 millones de ingresos en 2014 provino del cobro de aranceles. En la Casa Grande Guayaquil ocurre algo similar: el año pasado tuvo ingresos por pensiones de $6,7 millones y percibió apenas $ 83 mil por concepto de otros proyectos. Mientras que la UEES (Universidad Espíritu Santo), el año pasado recibió un financiamiento de la banca privada por $ 10 millones, pero cerca de $ 28 millones vino de lo que pagaron los alumnos.

El propio rector de UTEG (Universidad Tecnológica Empresarial), Galo Cabanilla, reconoció en una entrevista a este diario que la universidad privada se financia con los cobros de aranceles, “el tema de diversificar las alternativas de los ingresos se genera de a poco, pero no son una fuente fija de financiamiento, como las pensiones”.

¿Qué ocurre cuando las universidades elevan los aranceles? El efecto inmediato es el malestar. Esto ocurrió en la UDLA, cuyos estudiantes hicieron un segundo plantón buscando una revisión al incremento del 100% en la matrícula.

Uno de los alumnos, Paolo Valdi, dice que los jóvenes en el centro superior están divididos: un grupo apoya al presidente de la asociación de estudiantes de la UDLA, Juan Carlos Valencia, quien a su vez respalda a las autoridades de la universidad. Valencia pertenecería a las juventudes de CREO, y “quieren reclamar al CES y marchar hasta el Palacio”. Mientras que un segundo espera que los miembros del CES sesionen y encuentren una solución.

En la PUCE, hace un año las autoridades decidieron disminuir el 10% del sistema de pensión diferenciada, es decir recortar la subvención o descuento. El tema nunca fue revisado y muchos tuvieron que pagar hasta 40% más, según expresó el presidente de la Federación de estos alumnos, Alejandro Montúfar. El joven, en la Facultad de Ciencias Humanas, pasó de pagar $ 1.400 a $ 2.000, aproximadamente. Señaló que la anterior federación protestó en las calles, pero ahora se pretende realizar mesas de diálogo.

¿Tienen las universidades otras fuentes de financiamiento? El titular del CES, René Ramírez, indicó que los rectores pueden buscar fondos a través de proyectos de investigación o donaciones. Incluso la propia página de la Senescyt tiene opciones para esto, pero no se usan.

Cuando surgió el malestar en la PUCE se creó un proyecto para fijar los aranceles, el cual aún no está aprobado. La actual resolución indica que las pensiones solo podrán ser elevadas una sola vez y en función del índice inflacionario estipulado por el INEC.

¿Por qué se elevan las pensiones?

Una revisión por las rendiciones de cuentas de 7 universidades privadas muestra que 6 de ellas tuvieron excedentes en su ejercicio anual. El dinero fue invertido en el patrimonio académico. En el caso de la UDLA se destinó el dinero a un nuevo campus y a un laboratorio médico, por $ 30 millones.

Para Montúfar no es coincidencia que las universidades hayan subido sus valores e inviertan en infraestructura y contratación de personal. Todo obedece, según el joven, al afán de cumplir con las exigencias del CES o del Ceaaces y así poder subir de categoría. En el caso de la UDLA, la meta es pasar de la C a la A. Algo similar ocurre en la Católica de Guayaquil, donde los alumnos consultados dijeron que las autoridades justifican el alza para solventar construcciones (como un edificio para parqueos) que sirvan en la recategorización. Enrique Abad, uno de los estudiantes, señala que pasó de pagar $ 350 a $ 525 por semestre.  Su compañero Andrés Orellana añade que aún esperan cambios en el mobiliario de aulas.

Trece de los 15 consultados en la Católica expresaron su rechazo al aumento de aranceles en la institución. Si bien la mayoría discrepa, todos señalan que estudiar en una universidad privada les da más ventajas a la hora de ejercer la profesión, porque “influye la calidad educativa”, dijo Ricardo Castro.

Este diario buscó la versión de las autoridades de la PUCE pero el representante se encontraba en una reunión. En la UEES, el único vocero es su rector, pero está fuera del país. La Universidad Católica no respondió la petición de entrevista hasta el cierre de la edición, mientras que la UTPL (Universidad Técnica Particular de Loja) retomará sus actividades hoy luego de las vacaciones. En la UDLA, el rector está de viaje y se emitió solo un comunicado. (I)

En 15 meses Yachay Tech publicó 60 artículos en revistas científicas

Pese a las acusaciones que hizo hace un mes el exrector de Yachay Tech, Fernando Albericio, sobre el manejo de esta institución, hasta el momento no hay ninguna denuncia formal. Esta fue la declaración del actual rector, José Andrade, en su comparecencia ante la comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

Explicó que Yachay Tech se rige por la Constitución vigente de Ecuador, los reglamentos del Consejo de Educación Superior (CES) y la LOES. El marco legal de esta institución faculta a los miembros de la comisión gestora a residir fuera de las fronteras ecuatorianas, tal como ocurre con otras comisiones gestoras de universidades a nivel internacional.

Explicó que la contratación de la empresa Perrett Laver para reclutar talento humano internacional como cancilleres y decanos se la hizo bajo las normas del Sercop (Servicio Nacional de Contratación Pública) por un monto de $1 millón 400 mil. “Estas son prácticas que realizan las universidades de excelencia a nivel mundial. Por citar un ejemplo, Oxford, una de las 5 mejores del mundo, contrató esta misma empresa y pagó $1 millón 500 mil”, dijo Andrade.

El contrato que firmó Yachay Tech con la empresa  británica se extiende hasta diciembre de este año y se lo hizo para captar a 11 autoridades, 7 de ellas ya  contratadas, entre ellas la decana de Ciencias Físicas y Nanotecnología, Paola Ayala, primera mujer ecuatoriana con Ph.D en Física. La comisión gestora, de la cual él es integrante, tiene 3 funciones básicas: atraer, conectar y  autogestionar. En el primer aspecto Andrade hizo referencia a la vinculación de las 7 autoridades; mientras que sobre la  vinculación dijo que hasta el momento Yachay Tech ya ha logrado vincularse con sus pares de Norteamérica. “Tenemos convenios con Caltech, especializada en tecnología aplicada, y Carnegie Mellon”, reiteró el rector.

Respecto a la autogestión mencionó que es vital lograr una autonomía para no depender de un presupuesto fiscal. “Para eso hemos formado alianzas estratégicas con empresas privadas para construir laboratorios de investigación con una inversión de $10 millones para equipamiento y de ahí saldrán bienes y servicios de los que la universidad dependerá económicamente. Es un ejemplo de hacia dónde queremos ir”.

Para ello se promoverá una campaña de autogestión y donación que pretende reunir $1.000 millones para hacer de esta universidad la primera del Ecuador que tenga reservas propias no financiadas por el Estado.

En el informe Andrade añadió además que en 15 meses de existencia, Yachay Tech ha logrado publicar 60 artículos en revistas indexadas, lo cual representa un gran valor. “Cada ‘paper’ (artículo) tiene un valor aproximado de $ 500 mil en inversión para poder hacer esa publicación y hoy al tener 60 en Yachay Tech hablamos de una inversión de alrededor de $ 0 millones en valor agregado a la universidad. Esa es la gestión que estamos haciendo”. (I).