El año 2020 está por concluir y el número de femicidios que se han perpetrado en este período causa estupor: 109 niñas y mujeres fueron asesinadas de manera brutal. En un gran porcentaje estos horrendos crímenes fueron cometidos por sus parejas, exparejas o familiares. Al fenómeno de la violencia de género durante este año se sumó la crisis sanitaria derivada del covid-19; lamentablemente, varias de las medidas que se adoptaron para evitar su propagación pusieron a muchas niñas y mujeres lejos de entornos seguros y de acceso a mecanismos de protección.

La respuesta estatal frente a esta emergencia ha sido casi nula, persiste la falta de financiamiento suficiente para aplicar y ejecutar la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, y quienes se encuentran al frente del organismo rector en esta materia poco o casi nada pueden hacer frente a la rebaja de casi el 84% del presupuesto durante el presente año. Las organizaciones que desde la sociedad civil trabajan arduamente por mantener los espacios que brindan ayuda en estos casos: asesoría jurídica, casas de acogida, etc., hacen lo humanamente posible por brindar la ayuda necesaria, pero el incremento de la violencia de género en todos sus ámbitos, rebasa sus posibilidades frente a los limitados recursos con los que cuentan.

Ahora nos enfrentamos a una nueva amenaza que viene de parte de varios candidatos que ofrecen el libre porte de armas en el país. En este sentido varios estudios realizados respecto de la incidencia de las armas de fuego en la violencia de género demuestran que “no solo son víctimas las mujeres que mueren diariamente por impacto de bala, sino aquellas que, aún no denunciándolo, se sienten amenazadas, directa o indirectamente, por la presencia de un arma de fuego en el hogar”.

Así mismo, el estudio denominado Armas de fuego y violencia de género en Argentina, realizado en septiembre de 2018, señala que: “La presencia de armas en el marco de relaciones asimétricas de poder, como las que caracterizan a un régimen de estatus en razón de género, supone siempre un riesgo adicional que se expresa en múltiples formas de victimización y que preceden a la violencia misógina letal, aun cuando no se traduzca en agresiones con desenlace letal”.

Por todo esto y tomando en cuenta que en el Ecuador cada 72 horas se produce un femicidio, esta propuesta populista del libre porte de armas se torna en una grave amenaza que lo que conseguiría es agudizar aún más la violencia contra las mujeres. Las organizaciones de mujeres han alzado su voz y demandan acciones urgentes para frenar esta realidad. El Estado no puede seguir indolente e inmóvil frente a estos crímenes, no queremos más un Ecuador femicida. (O)