“En la Nigeria te roban porque quieren que les des tu dinero. Así funciona en Guayaquil la  violencia, pero en Tumaco no tiene explicación: la balacera empieza y estás en la mitad sin que nadie te diga por qué”. 

Mariela, Yolanda y Magnolia hablan de su pueblo natal ubicado en el departamento de Nariño, en Colombia, como si narrasen un “western” absurdo protagonizado por villanos que solo quieren tomarse el poder, armados en una historia donde los héroes no existen.

“Son los Rastrojos, las Águilas Negras, otros  paramilitares, también la guerrilla; todos esos grupos se tiran bala o mandan a matar a la gente por venganza. Un día amanece un cuerpo abajo de la casa de tu vecina y eso es lo primero que ves al despertar . O es el sicariato o se trata de una pelea por el poder sobre la zona”, reitera Yolanda, contando decenas de historias de extorsión e imposiciones firmadas como amenaza de muerte.

En Ecuador viven 55.330 extranjeros que han recibido la condición legal de refugiados, otorgada por la dirección que lidia con este conflicto migratorio en el   Ministerio de Relaciones Exteriores.

José Sandoval, director de refugio, explica que este total se contabiliza “desde siempre” hasta enero del 2012: “En 1970 tuvimos un gran movimiento de personas que venían huyendo de las dictaduras chilenas y argentinas”.

La situación ha cambiado y el fantasma político del terror no se llama Rafael Videla o Augusto Pinochet: El 98.3% de los refugiados en el país proviene de Colombia, país desde donde fueron desplazados por los conflictos internos y así llegaron a Ecuador.

La mayoría viene sorteando dificultades en la travesía desde Tumaco o Putumayo, escapando con lo que visten  de la guerrilla, los paramilitares y las bandas criminales.

“Existe una falta de presencia del control del Estado”, considera el funcionario. Las provincias que reciben un mayor número de colombianos son Pichincha,  que agrupa al 40% del total; Sucumbíos, con el 26%; Carchi,  con el 8%;    y Guayas,  con el 1%.

Yolanda se pasó cuatro años viajando entre Ecuador y Colombia: “Yo vivía en Tumaco, en el barrio Viento Libre y le puedo asegurar que hace diez años nosotros estábamos  en paz. Sí había ladrones, pero nada fuera de lo común, todo el problema empezó cuando llegaron los paramilitares”.

De cocaína, águilas y policías

“La Policía... cuando la policía llega ya ha pasado todo”, asegura Mariela, madre de tres hijas. Ella salió de su país asustada por los asesinatos.

Yolanda comenta que hace diez años en Tumaco se vivía de los recursos agrícolas, pero que todo esto cambió con la llegada de “ese animal”, como llama despectivamente a la coca y la pelea que se ha armado por su derivado mezclado con otros químicos: la cocaína.

Una comunidad que basaba sus ingresos  en la producción del chocolate, el plátano y la faena pesquera, vio llegar a los paramilitares como una solución a la delincuencia, recuerda Yolanda. “La gente felizota decía: ahora sí no me van a robar mis cositas y sí, primero mataron al ladrón, pero después si les pagaban para matar a un tipo lo hacían”.

Después llegaron otros grupos y el enfrentamiento por los territorios convirtió a los habitantes en piezas batibles de un ajedrez mezclado con esgrima en el que las reglas se ponían sobre la marcha, enfrentando a las Águilas Negras, consideradas la tercera generación de los grupos paramilitares, con los “Rastrojos”, una organización criminal vinculada con el tráfico de drogas. “Esta gente anda armada y así consigue lo que quiere”, cuenta con franqueza Yolanda.

Alto número de solicitudes

La Dirección de refugio ha recibido 151.527 solicitudes pero ha otorgado 55.330 carnets de ese total de peticiones.
Para emitir un carnet se realizan entrevistas que Sandoval califica como “exhaustivas” y se verifican los datos que brinda el migrante, comparándolos con un banco de datos que la dirección tiene.

La vida de la persona o su integridad deben encontrarse en peligro para que ésta reciba la acreditación y no sea considerada un migrante económico.

Actualmente hay cerca de 20.000 solicitudes represadas que deben atenderse, explica Sandoval. “El año pasado recibimos un promedio de 1.300 pedidos de refugio cada mes, en el 2010 se le otorgó esta condición casi al 30% de quienes lo solicitaron, pero el año 2011 ese porcentaje bajó al 18%”.

El 17,38% de las solicitudes de refugio que se realizan en el país es presentada por colombianos que viven en la provincia del Guayas.

En Quito se ha registrado el 33% de pedidos, en Lago Agrio el 15%, en Tulcán el 13% y en Cuenca el 4%. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2011, 984 refugiados ubicados en diferentes zonas del país habían solicitado un  permiso especial para permanecer aquí  con su carnet,  514 fueron hombres y 470 mujeres. 

El año pasado decrecieron significativamente estas peticiones, ya que en el 2011, la Dirección de refugio contabilizó que 14.171 personas pidieron la protección del Ecuador, condición que les permite quedarse de forma legal e indefinida con los mismos derechos y obligaciones que establece la Constitución para los extranjeros.

Sin embargo, no se sabe si aquellas personas a las que se les negó la solicitud de refugio regresaron a Colombia o se quedaron viviendo en Ecuador.

El año pasado, no existían colombianos residentes en Guayaquil que pidieran este documento, todos residían en Quito y Tulcán.

La cifra de solicitudes era aun más alta en el 2010, cuando 29.090 personas llegaron al país e iniciaron los trámites para no tener que regresar a Colombia.

“El caso colombiano es muy sui géneris porque no es el Estado el que persigue a los refugiados, sino que hay una serie de actores: guerrilla, paramilitares y los paramilitares desmovilizados que constituyen verdaderas bandas criminales”,  anota Sandoval.

Cambiando el miedo a la muerte por el lodo

Una comunidad de diez mujeres colombianas vive ahora en Nigeria, una cooperativa guayaquileña  con nombre extranjero, ubicada junto a la vía Perimetral.

Entrar al barrio no es sencillo para los que allí no conocen a nadie. Para Mariela y Yolanda, la vida  en el sector tampoco resulta fácil. “No me gusta cómo nos tratan algunas personas, como si fuéramos delincuentes porque somos colombianos”, se queja Mariela.

No logran acostumbrarse a la comida: “Cada cosa más rara que preparan en este país”, comenta Yolanda, “hacen esos bolones con cerdo que no me gustan, la salchicha la rellenan con arroz”.

Desde finales del año pasado, esta mujer vive en el laberinto de caminos frágiles de caña que sostienen las casas  en Nigeria,  con sus dos hijas, compartiendo una sola estancia, protegiéndose de los mosquitos con toldos y ensuciándose los pies con el lodo que cubre todo el suelo del barrio.

El sector -que según los vecinos más ancianos se llama realmente “Independencia II”-  ha sufrido los estragos que todo barrio sin asfalto de Guayaquil  experimenta en el invierno.

Pero aquí, estas inmigrantes  conocieron a una señora  de ojos claros y trajes de colores encendidos. Se llama Sonia España y lidera la organización comunitaria “Mujeres progresistas”.

Sonia, Jorge Gonzales y Billy Navarrete, del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CDH)  y los representantes en Guayaquil de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para refugiados (Acnur), se encuentran elaborando un plan para ayudar legal y económicamente a las refugiadas que viven en la zona.

“Nuestra agrupación afro-ecuatoriana ejecuta la propuesta del centro empresarial Mujeres Emprendedoras, que  busca fortalecer a la población femenina  en el tema de micro-emprendimiento. Nosotras trabajamos con 256 compañeras, cada una tiene un negocio”, explica Sonia.

El año pasado conoció a una de las mujeres colombianas afro-descendientes, miembro de la comunidad migrante que vive en Nigeria y Cenepa, quien le preguntó  si podía formar parte del proyecto.

“No podemos discriminar a las compañeras, entonces nos contactamos con  Acnur y les presentamos la posibilidad de que ellas  se integraran a la organización. En siete meses evaluarán los resultados y luego nos sentaremos con los representantes de la agencia para ver si hay la posibilidad de que ellos fortalezcan la caja de ahorros”.

Acnur ha reconocido al Ecuador como el país que recibe el mayor número de refugiados en toda América Latina. Por ahora las colombianas reciben asesoría legal del CDH y participan en las actividades de “Mujeres progresistas”. Los esposos de las tres amigas que viajaron por vía fluvial y terrestre desde Tumaco, trabajan en labores de construcción o se ocupan vendiendo mercadería. 

Mariela y Yolanda viajan desde Nigeria al Ministerio del Litoral, ubicado al norte de la ciudad, para renovar su carnet provisional, esperando que sus hijos puedan ingresar a la universidad. 

El carnet provisional debe renovarse cada 90 días, así lo dispone el Ministerio de Relaciones exteriores, pero las mujeres aseguran que en la dirección de Guayaquil les piden que se acerquen a las oficinas, cada mes.

Este permiso debe renovarse todas las veces que sea necesario, cumplido el plazo de tres meses, hasta que se conozca el resultado definitivo de la solicitud. 

Mariela ya no tiene un lugar donde vivir  en Colombia porque el gobierno local mandó a destruir todas las viviendas que no estén ocupadas en “Viento Libre”. “Yo vivía en una casa de madera, así que me fui a la de mi mamá porque tenía miedo de que una bala entrara de noche y me matara o le pasara algo a mis hijos”.

Aprovechando el abandono de su hogar, vinieron 200 hombres a tomarse las casas. Ella no tiene claro a qué facción del terror pertenecen, porque a diferencia de los paramilitares, estos iban de civiles. Pero eso sí , eran del tipo de gente que cobra “vacunas” a los comerciantes; las colombianas les dicen así a las extorsiones.

“Yo no estoy amañada, le digo de una vez, sino ya resignada”, se sincera Yolanda: “comparado con lo que pasaba allá uno está acá en el cielo, pero, al menos yo, no me adapto a la comida, las costumbres, pero hermana, aquí tocó, extraño a mi familia, mi gente, el clima... todo, todo es diferente”.