Cuatro de cada 10 niños sufren maltrato físico

Uno de los recientes casos de maltrato físico a niños se registró en el sur de Guayaquil.

Un niño de 10 años fue quemado con una plancha en la espalda, por su madre, debido a que erróneamente utilizó el pantalón del hermano.

La denuncia fue registrada, en este mes, en la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).

Los casos de maltrato no son aislados. Al Concejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (Ccpid-G) llegan a diario causas sobre situaciones de maltrato, negligencia o conductas agresivas contra el grupo etario. “Golpes y quemaduras (...). Hay casos en donde los propios familiares rompen la cabeza de los niños, producen laceraciones con látigos, incluso, con cuchillos o armas cortopunzantes”, asegura José Manuel Portugal, secretario ejecutivo del Ccpid-G.

Solo en 2015 la entidad local contabilizó 1.297 casos de violencia física a niños. La mayoría ocurrió dentro del hogar.

El primer paso para la atención -explica- es llamar a las dos partes involucradas, identificar la situación con un proceso de investigación y -si el caso lo amerita- se dictan medidas de protección o sanciones. El proceso se desarrolla siempre y cuando los casos no hayan sido judicializados.

Tipos de maltrato

La Encuesta de la Niñez y Adolescencia en el Marco de la Intergeneracionalidad (ENAI) 2015 revela que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes sufre maltrato extremo violento (físico y psicológico) y que el 1% de la niñez y adolescencia es tratada con indiferencia.

Los golpes ocupan el primer tipo de agresión: en los hombres con 36% y en las mujeres con el 30%.  Las prácticas de encierro, baño de agua fría, expulsión o privar de comida representan el 3% en ellos y el 2% en ellas.

Carlos Muñoz, representante del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII ), recalca que los menores de edad tienen derecho a la integridad física y psíquica, tal como lo menciona el artículo 45 de la Constitución.

Su incumplimiento -advierte- es sancionado por el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En el numeral 2 del artículo 152 de la normativa consta que si una persona le “produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 9 a 30 días, será sancionada con pena privativa de libertad de 2 meses a 1 año”.

Asimismo, el artículo 156 precisa que cuando la agresión ocurre dentro del vínculo familiar la pena aumenta en un tercio.

Para Muñoz, el endurecimiento de las sanciones ha sido clave en la disminución de los casos.

Según el funcionario, hay 20% de reducción de episodios de maltrato  a  nivel  nacional.  Esto se da -agrega- por las nuevas políticas públicas y la agilidad de los procesos de las denuncias en la Fiscalía y Dinapen.

El círculo de la agresión

Muñoz recuerda que durante la niñez se forma el ser humano. “Si en el espacio de crecimiento aprende violencia, generará en su familia futura una situación similar”.

El informe del ENAI señala que el 19% de los padres y madres o cuidadores, que actúan violentamente, fueron maltratados física y psicológicamente en su niñez.

Vivianne Almeida, gerente de la Organización Plan Internacional en Guayas, expresa que el hecho de que los padres hayan sufrido vulneración de derechos en su formación no justifica que se repita el ciclo de maltrato. “Cuando llegan a extremos, como quemar o golpear, estamos hablando de una necesidad inmediata de ayuda emocional, psicológica, incluso, para saber si esa persona está capacitada para seguir siendo custodia”.

Almeida recomienda que se construya una sociedad dispuesta a denunciar las situaciones de maltrato a las autoridades o con las intenciones de dialogar con los responsables y prestar algún tipo de ayuda. “Puede ser que nos respondan: ‘Es mi hijo o hija y no se meta’; pero ser papá, mamá o un adulto no nos da el derecho a maltratar a nadie. La violencia no debería ser permitida bajo ningún concepto”.

Recomendaciones al entorno

María Angulo, capacitada en derecho por Plan Internacional, recomienda el diálogo como la mejor opción para educar a los hijos.

En sectores populares de Guayaquil se ha presenciado negligencia por parte de los progenitores: dejar encerrados a niños en casa o no darles de comer. Ella, como parte de su labor, habla con los responsables  para que la situación no se repita.

Además, cada 15 días se reúnen con niños y adolescentes para enseñarles sobre sus derechos.

Muñoz también pide a los testigos de las agresiones que las denuncien en la Dinapen, Fiscalía o a los Concejos Cantonales de Protección que se articulan con los municipios y el CNII.

Por su parte, Portugal plantea que la educación en familia sea reforzada por las autoridades nacionales y locales. “Si creamos una cultura en la cual la familia asuma un verdadero rol, podríamos alejar a nuestra niñez y adolescencia de diferentes vicios ante los cuales ciertos padres no saben cómo reaccionar”.

Muñoz añade que del acceso a la educación y la salud pública depende llegar a un contexto en donde se pueda concienciar, enseñar o explicar nuevas metodologías para corregir acciones que no sean adecuadas para el niño.

En el país -según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)- existen 6 millones de niños, niñas y adolescentes, es decir, 36% de la población total. (I)