La corrupción en medio de la pandemia

La corrupción en hospitales no se circunscribe únicamente a la emergencia sanitaria que aún atravesamos. En estos últimos días hemos conocido, con no poca indignación, sobre el fallo del Tribunal Penal de Pichincha en el caso que se sigue por lavado de activos en contra de María Sol Larrea (a quien acaban de declarar inocente), excoordinadora y mano derecha de Ramiro González, exdirector del IESS, caso presentado ante la Fiscalía por la extinta Secretaría Anticorrupción.

Como corresponde, Fiscalía apelará esta decisión, pues en las varias audiencias trató de probar que Larrea, su esposo y su cuñado, por intermedio de siete empresas vinculadas a ellos, se habrían adjudicado contratos por cerca de USD 91 millones. Esta es solo una de las varias causas por las que ha sido procesada Larrea y por las cuales también González sigue prófugo. Hace unas pocas semanas, la Procuraduría embargó 300 joyas (entre cristales Swarosvki, relojes Cartier, Rolex, y alhajas varias) pertenecientes a Larrea, entre varios otros bienes que le pertenecían.

Según la información que consta en la notitia críminis, podría incluso dentro de estas causas probarse el hecho de que insumos médicos ni siquiera llegaron a las bodegas. O información que daba cuenta de que una torre de quirófano fue vendida en diez veces más su precio.

Pero los escándalos y la ignominia también estaban presentes en la ejecución de obras como es el caso del Hospital de Pedernales, cuyo delito (delincuencia organizada) investigado por la Fiscalía involucra a 19 personas, entre ellos ex asambleístas y el exdirector de SECOB. En noviembre de este año se conoció la sentencia para los imputados, que va desde 50 meses de pena privativa de libertad hasta el pago de multas.

Dra. Dora Ordóñez, exsecretaria Anticorrupción. Foto: Cortesía

No obstante esto, cuando más infamia pudo verse en los casos de corrupción en hospitales, fue mientras la penumbra del covid-19 invadía al país. Sobreprecios en compra de medicamentos, insumos médicos, mascarillas, fundas de cadáveres, y hasta equipos laparoscópicos. La red de corrupción en hospitales como el Teodoro Maldonado Carbo y el de los Ceibos del IESS, destaparon lo que ocurriría también en Hospitales de la Policía, General Docente de Ambato, en Guaranda, Babahoyo, Ventanas y otros más.

En todos los casos la complicidad de funcionarios de alto y medio rango en estas instituciones se ha demostrado en las causas que ya han sido investigadas. El modus operandi es similar en casi todos los casos en donde varias empresas participan desde la entrega de proformas para determinar el valor referencial contractual (con sobreprecios), y luego estas mismas empresas (que tienen a las mismas personas vinculadas) participan en el proceso mediante presuntos pactos colusorios.

Específicamente en lo que al Hospital Teodoro Maldonado Carbo se refiere, antes de la declaratoria de emergencia ya existían indicios e investigaciones que llevaba a cabo la Policía Judicial. El mapa relacional ya vinculaba a los ahora procesados. Esta investigación se efectuaba desde finales del año 2019, sin embargo, la Fiscalía concluyó la investigación hasta mayo de 2020. Esta era aparentemente, la punta del iceberg en este y en otros hospitales de la red del IESS en Guayaquil.

Según investigaciones, cinco empresas relacionadas entre sí recibieron más de 220 contratos, y el principal cliente era nada menos que el IESS. Incluso los propios directivos de este último, hoy son investigados por delitos en la compra de insumos médicos al inicio de la crisis sanitaria en el país.

La debilidad institucional, un sistema judicial poco fiable, el temor a denunciar, son entre otros, aspectos sin resolverse y que generan un caldo de cultivo adecuado para que casos de corrupción se continúen dando. Y con mayor gravedad en las dependencias de salud. No es menos cierto que las personas y empresas detrás de estos hechos han coaccionado a funcionarios públicos para ser parte activa de estos hechos ilícitos, so pena incluso de amenazas a la propia vida (precisamente en los casos de hospitales del IESS en Guayaquil, en donde un colaborador con la investigación recibió una corona de flores).

Referencia aparte merece no obstante, la Fiscalía General al impulsar la investigación en varios casos que ya han obtenido sentencia por delitos que se configuran en la administración pública, como peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, testaferrismo, entre otros.

Mención particular también amerita la Contraloría General de Estado, que hasta la fecha no ha podido recuperar más de USD 900 millones, por concepto de glosas determinadas en diversos exámenes; y qué decir, de la venta de bienes decomisados por delitos de corrupción. (O)