En 1886 el sacerdote cuencano Julio María Matovelle, en su curso elemental de Ciencias Políticas, afirmaba que para refutar el voto universal y el femenino que “el voto del padre es voto de su esposa y de sus hijos y el voto del Señor, voto de sus siervos”.

Pasarían décadas para el reconocimiento constitucional del sufragio femenino en 1929, gracias a la acción pionera de Matilde Hidalgo, y con ello la superación de la calidad invisible o accesoria de las mujeres en el espacio político. Noventa años después podemos votar, pero aún no somos iguales.

Desde la ciudadanía pasiva a través del voto, en los inicios del siglo XX, la participación de las mujeres como candidatas fue escasa y creció gracias a la lucha del movimiento feminista por leyes de cuotas y actualmente, por el principio constitucional de paridad. Hoy más mujeres están en cargos de elección popular, pero se mantienen viejas dificultades y aparecen nuevas discriminaciones en el interior de los partidos, en las campañas electorales y en el ejercicio de cargos.

La connotación masculina del poder, la violencia pol ítica en razón de género, los estereotipos sexistas, la extensión del rol privado de cuidadoras y madres al cargo público, la dificultad de conciliar el espacio familiar con el laboral, el desigual trato en los medios constituyen obstáculos a la paridad, aspiración feminista que busca despatriarcalizar el poder.

Circunscripciones pequeñas, listas encabezadas por hombres y el método de asignación de escaños rompen la dinámica alternada y secuencial de las candidaturas pluripersonales. En los cargos uninominales predomina la asociación del poder político con la virilidad. “Tener los pantalones bien puestos” es condición de liderazgo. No casualmente Jaime Nebot dijo que Cynthia Viteri “es el hombre” para ocupar la presidencia en 2016. Ahora ella es una de las 17 alcaldesas de 221 municipios del país.

La violencia política en contra de las mujeres se manifiesta en lo aparentemente sutil (como comparar a Alejandra Vicuña con una cerda) y puede alcanzar consecuencias fatales. En México y Bolivia varias lideresas fueron asesinadas por motivos políticos y de género.

En Ecuador la violencia contra las candidatas se multiplicó en redes sociales. La doble moral sexista las criticó e insultó por su aspecto, confesión religiosa y vida privada, cosa que no pasó con los hombres.

Una de las políticas más expuestas fue María Cecilia Alvarado, “Chechi”, candidata por la Alianza Unidad por el Cambio (ID-UP). Abogada, ha sido misionera, dirigente estudiantil, asambleísta constituyente alterna, concejala y viceprefecta provincial. Con larga trayectoria pública, obtuvo el segundo lugar en las pasadas elecciones a la Prefectura de Azuay. En esta entrevista comenta su experiencia como candidata y la violencia política que experimentó, agravada por su posicionamiento feminista.

¿Cómo vivió este último proceso electoral?

He sido concejala y viceprefecta, pero es la primera campaña como cabeza y quizás la primera en la que una feminista lidera con fuerza la candidatura de un gobierno local en Azuay. Se me reconoció como una mujer luchadora, con experiencia, defensora de los derechos de las mujeres.

Los ataques que recibí por mis opositores políticos minaron o exacerbaron el hecho de haber sido parte de la administración anterior y ser una mujer feminista. Aunque temas como despenalización del aborto, legalización de drogas o matrimonio igualitario no son competencias de la Prefectura, con ellos me encasillaron -solo a mí- en entrevistas.

El detonante fue cuando un candidato a la Alcaldía me llamó atea en radio inventando una historia de terror. Además de ser una acusación impertinente es falsa porque soy creyente, aunque no pertenezca a la iglesia. La campaña sucia se dio sobre todo en redes sociales y WhatsApp.

¿Ha variado la violencia política en razón del género?

En la mayoría de los partidos hay machismo, la participación de las mujeres sigue siendo accesoria y las decisiones obedecen a una visión masculina. Nos ponen para completar la cuota, no para liderar procesos. Y si una de nosotras falla, entienden que todas hemos fallado. En una primera aparición nos mandaban a la cocina, nos culpaban por “botar” a nuestros hijos para buscar ejercer un cargo político, criticaban nuestro aspecto, pero quienes ya hemos estado en la política y hemos defendido nuestros derechos vivimos una violencia reforzada. Por eso muchas no participan o se buscan candidatas que no generen ruido.

¿Las leyes nos amparan?

En Azuay tenemos de 61 gobiernos parroquiales, dos presididos por mujeres. No hay ninguna alcaldesa en los 15 municipios. Los partidos deben ser obligados a presentar, al menos, la mitad de candidatas mujeres a alcaldías y prefecturas garantizando formación y visibilidad de liderazgos femeninos y protección frente a la violencia política. Denuncié una reciente agresión en la Fiscalía y estoy agradecida por la solidaridad que he recibido ante esta infamia.

¿Influyó el sexismo en los resultados electorales?

Lo personal y las creencias religiosas no son decisivos en la vida política de los hombres, en la nuestra sí. Si un hombre no va a misa no pasa nada, si una mujer es atea, encarna al demonio. Mi pérdida electoral se debe a más de un factor. En el país la tendencia fue por nuevas figuras. En mi caso la campaña sucia influyó en los resultados. El prefecto electo en Azuay tiene la misma posición que yo, asumida públicamente y no ha recibido ataques por ella, a mí me tuvieron hablando toda la campaña de lo mismo. Llevo diez años en política y siento que hoy es mi deber denunciar la violencia. Fundamentalistas animados por la calumnia y el odio que se difunden en redes sociales podrían agredirme más, pero no estoy dispuesta a tener miedo. (I)