Varias veces en febrero, marzo, septiembre y octubre de 2012 y en enero de este año, el vicerrector general de la Universidad de Guayaquil, Oswaldo Pacheco, presentó al Consejo de Educación Superior (CES) denuncias por decisiones que se tomaron en la institución y que consideró “irregulares”.

Asegura que todas sus quejas sirvieron de soporte para la intervención a la universidad y que, incluso, el miércoles pasado presentó ante el presidente de la Comisión Interventora, Jorge Kalil, un nuevo reclamo que consiste en que el Consejo Universitario, a pesar de no aprobar el pago de $ 1’700.000 por la compra de computadoras, se pagó “debido a las presiones que ejerció José Hidalgo Sosa (asesor del rector) a ciertos funcionarios”.

En el rectorado, una de las secretarias -que no quiso revelar su nombre- dijo que Hidalgo no ha asistido en la última semana a la universidad. En un documento del 21 de agosto de 2013, él aún consta como asesor del rector Carlos Cedeño. Pacheco, además, cuestionó que “la jefa de talento humano, ingeniera Aguilar, haya permitido mediante un documento el descuento del 20% del monto jubilar, más de 200.000 dólares, y que se lo haya transferido a una cuenta a nombre de Ubaldo García, quien no labora en la universidad. No sé cómo pudo tener una cuenta, por arte de magia...”.

En el marco de esas denuncias, ayer, Pacheco aseguró que deben renunciar el rector de la Universidad, Carlos Cedeño; el vicerrector Académico, José Apolo (encargado del rectorado); el vicerrector Administrativo, César Romero; y él, para garantizar una intervención efectiva, pues admite: “todas esas autoridades académicas fueron elegidas a dedo, sin que se cumplan los requisitos”.

Ante esto, Apolo dijo: “Si el señor vicerrector general se siente culpable de algo y quiere renunciar, que lo haga”. Añadió que la dimisión deberá presentarla y ponerla en consideración de la comunidad universitaria. “Esa sería su obligación moral. No necesita compañía. No espere estar acompañado”.

Otra de las quejas que realizó el vicerrector general, aunque sin precisar nombres, es que en la universidad existe personal que mantiene algún grado de parentesco con las autoridades y que registra un “aumento irregular de su patrimonio”, y tendría los documentos que lo demuestran; pero, indicó que los presentará al CES una vez que los haya notarizado y protocolizado.

Enrique Santos, miembro académico del CES, señaló “que las áreas jurídica y administrativa financiera de la Comisión Interventora trabajan en un análisis detallado de posibles casos de nepotismo -implica que la autoridad nominadora tiene un familiar dentro- y las redes de parentesco. Ocurre -por citar un ejemplo- que un decano pudiera, a través de amistades o palanqueo, ingresar a su hijo en una facultad o a la esposa en otra y a sus cuñadas como secretarias en el rectorado”.

Santos adelantó que el informe se conocerá en 45 días desde la fecha de intervención y las sanciones dependerán de lo que se compruebe.

Apolo, en cambio, afirmó que cada una de las autoridades es responsable de sus funciones. “En mi caso, yo siento -y así me lo manifiestan los estudiantes y docentes- que he cumplido adecuadamente en favor de la institución. De hecho, actividades que debía realizar el vicerrector (Pachecho), como el proceso de acreditación, que a última hora tuvimos que tratar de solucionar, fue un problema serio”.

También dijo que antes no había un solo profesor con título de maestría y que ahora son más de 600; y que en todas las carreras se rediseñó la malla curricular y que todos los docentes inicien un proceso agresivo de capacitación. En el campo investigativo, aseguró que han concretado propuestas como el parque científico y tecnológico.

Uno de los docentes de la Facultad de Ciencias Médicas, Ramiro Torres, considera necesaria una depuración de autoridades -incluido Apolo- para que el trabajo de la Comisión Interventora sea exitoso.

“Era una necesidad la intervención. Con vergüenza hemos recibido esta decisión, porque la intervención viene por la incompetencia de quienes hacen cabeza de la universidad”, apuntó el catedrático, tras cuestionar que las posibles irregularidades involucren a las autoridades de la universidad y, aún así, se hayan postulado para ocupar el rectorado.

Para Apolo, las quejas presentadas por Pacheco “son parte de una campaña política, porque el vicerrector general es el primer candidato a rector”.

“Este es el momento de trabajar en conjunto todos los que hacemos la universidad con el Consejo de Educación Superior, Senescyt y la Comisión Interventora, a fin de solucionar los problemas. En ese proceso aparecerán responsables y deberán merecer sanciones. No es el momento del discurso político”, subrayó el funcionario.

El nombre de Apolo también aparece en pancartas que alientan su candidatura al rectorado, pues asegura: “Es mi derecho al igual que de los miles de profesores de la universidad”. En ese ir y venir de acusaciones, ayer se realizaron las elecciones para elegir a las nuevas autoridades de la Asociación de Profesores (APUG).