En julio de 2020, el contralor del Estado, Pablo Celi, dispuso el inicio de varias auditorías para examinar la emisión del certificado único de calificación de discapacidad y entrega del carné de discapacidad, en las dependencias del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Hasta el 31 de enero de 2021 se aprobaron 17 auditorías, efectuadas en las Direcciones Distritales del MSP de Santo Domingo de los Tsáchilas, Bolívar, Cañar, Carchi, El Oro, Imbabura, Napo, Pastaza y Sucumbíos. Otros 41 exámenes están en ejecución y se aprobarán en las próximas semanas.

Los informes, publicados en el sitio web institucional, señalan inconsistencias en la calificación y recalificación de discapacidades en esas provincias. En algunos casos, los expedientes carecen de historias clínicas. Tampoco constan certificados y exámenes emitidos por especialistas.

De forma general, se observa que la evaluación, calificación y entrega de carnés de discapacidad se realizó sin respetar el procedimiento establecido por el MSP. No se abrieron historias clínicas, ni se realizaron diagnósticos iniciales.

Tampoco solicitaron exámenes clínicos, pruebas complementarias, informes médicos. Cuando correspondía, no se refirieron los casos al área de trabajo social.

En algunos casos se desconocen los análisis efectuados y los métodos aplicados por los equipos calificadores especializados para asignar las puntuaciones.

En los expedientes se encontró, de forma general, la calificación total sin la puntuación para cada factor ni la valoración en el formulario, ocasionando que no sea consistente con la realidad psicosocial de los pacientes y varíe el porcentaje de calificación de discapacidad.

Expedientes sin justificativos

Las recalificaciones tampoco cuentan con sustentos suficientes. Los expedientes carecen de justificativos, como certificados de especialistas y de trabajo social. Los pacientes accedieron a la importación de vehículos sin aranceles, luego del incremento del porcentaje de discapacidad.

En Santo Domingo, Carchi y Napo, los miembros de los equipos calificadores no estaban acreditados para evaluar y determinar las deficiencias que originan las discapacidades y su porcentaje, según lo dispuesto en el reglamento que regula el procedimiento.

En cambio, en Imbabura, la documentación no contiene los respaldos de títulos y capacitaciones de los profesionales que componen los equipos calificadores. Allí también se determinó que 344 expedientes están incompletos, pues no cuentan con informes de trabajo social y que los formularios para la emisión de canés no tienen sellos y firmas de responsabilidad.

La emisión de carnés sin diagnósticos adecuados ni la participación de especialistas en la etiología de las deficiencias es un hallazgo recurrente. En algunos casos no se emitieron informes psicológicos y de trabajo social, por lo que no se pudo establecer la legalidad y veracidad de los procesos.

En otras auditorías se estableció que psicólogos emitieron informes para validar discapacidades físicas, aspecto que no concuerda con su experticia profesional; o, médicos generales que suscribieron formularios de trabajo social, lo que se encuentra fuera de sus facultades.

El manejo desprolijo de los archivos afectó su integridad y dificultó las labores de control.

Los auditores encontraron documentos desordenados, sin identificación, en mal estado e ilegibles. Tampoco se emitieron directrices para la conservación de archivos físicos y en soportes magnéticos. Además, los funcionarios de las entidades intervenidas no entregaron información oportunamente, retrasando las tareas de fiscalización. (I)