Estrategias para frenar accidentes no funcionan
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la accidentología es una situación preocupante, que causa escalofríos y sobresaltos al preguntarse: ¿cuándo me tocará estar en una lista de muertos y heridos?
Hasta mediados del siglo XX, el mundo se movía en semovientes -animales-, carretas y carruajes. Después las bicicletas y motos, y más tarde los vehículos a motor, con los cuales se revolucionó la sociedad.
Nacieron los transportes a gasolina y diésel, que compitieron y triunfaron sobre los ferrocarriles. Y los caminos se convirtieron en carreteras, y las carreteras en autopistas.
El mundo de ayer, tranquilo y sereno, se transformó en pocos años, por la influencia de la industria automovilística, en un espacio ruidoso, contaminante y rápido.
Aparecieron nuevas profesiones -de mecánicos y choferes- y negocios de lubricantes, partes automotrices, aseguradoras y vendedores de autos usados y nuevos.
Enfermedad global
No obstante, el confort llevó a la humanidad a afrontar una enfermedad global: la denominada accidentología. La OMS considera que todos los países del mundo están frente a una pandemia de escala universal.
Está calificada como enfermedad; es decir, como una patología, que merece un diagnóstico, un tratamiento y algunas estrategias multidisciplinarias para su atención.
Incumbe no solo a los conductores y peatones, sino también al Estado en su conjunto. Según la información, cada año mueren 1,3 millones de personas y 50 millones tienen lesiones, cifras superiores a la malaria.
En América Latina se registran anualmente 120.000 muertes en las vías y los más afectados son los niños.
Ecuador no se salva de la pandemia: a diario registra 13 muertos y 151 heridos en accidentes en lo que va de 2018. A lo mencionado se unen los perjuicios económicos, los problemas legales y los sicológicos, que son invaluables si se trata de pérdidas de vidas.
Estrategias fallidas
En el ámbito nacional existen leyes. El problema es que no se aplican y si se aplican surge una enmarañada de trámites que dan por resultado la impunidad: ¡el remedio es peor que la enfermedad!
También se habla de las escuelas de capacitación de los choferes y la entrega de credenciales, como causa inmediata de esta tragedia, así como el afán de lucro de este “servicio público” que, supuestamente, se autocontrola por el número de vueltas, turnos y tiempos que tienden a asegurar la “sustentabilidad”.
Otra causa no menos preocupante es la fatiga y estrés de los choferes, que trabajan jornadas de 10 y 12 horas diarias, en condiciones de riesgo para ellos y los pasajeros.
Soraya Herrera, presidenta del Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito (Cavat), considera que “son evitables con acciones concretas. Los países que bajaron el número de siniestros es porque se empoderaron de esta temática”.
Recalca que el Pacto por la Seguridad Vial va a paso de tortuga, porque hay compromisos político-gremiales. Los transportistas no quieren los controles, no les interesa”.
Declarar una emergencia
Ante esta grave situación, el Gobierno Nacional prepara un proyecto de reformas a la Ley de Tránsito y se prevé que pasará a debate en el pleno del legislativo en octubre de este año.
El Estado -por norma constitucional- debe garantizar el derecho a la vida. En este sentido, la institucionalidad tiene una corresponsabilidad con esta tragedia.
Los ministerios deben participar para articular una política seria e integral de seguridad. Además organizar programas permanentes con participación obligatoria de la ciudadanía para formar buenos peatones y choferes.
Los mecanismos ejecutados han servido de algo, pero la racha de accidentes aumenta. Es urgente organizar a la sociedad civil para contrarrestar este mal, que incluye los medios de comunicación. (O)
