6 de cada 10 personas LGBTI fueron maltratadas en el espacio público

- 27 de noviembre de 2018 - 00:00
El pasado 24 de octubre, un juez aceptó la acción de protección a favor de Amada, una niña transgénero de 9 años.
Foto: Cortesía Lorena Bonilla

Después de dos décadas, las situaciones de discriminación aún afectan al colectivo. Hace 21 años se logró despenalizar la homosexualidad, sin embargo, faltan avances en los ámbitos legal, laboral, productivo y educativo.

Amada es una niña transgénero de 9 años. Este martes 27 de noviembre en la mañana, podrá sacar su cédula de acuerdo a su identidad sexogenérica.

El pasado 24 de octubre, Jorge Duarte, juez de la Familia, Niñez y Adolescencia, aceptó la acción de protección a favor de la menor.

Hoy 27 de noviembre, que se cumplen 21 años de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador, a manera de acto simbólico, varias organizaciones LGBTI acompañarán a Amada a legalizar su nombre, en el Registro Civil, al norte de  Quito.

El 15 de enero de 2017, los padres de la pequeña solicitaron en el Registro Civil el cambio de nombre y sexo. El pedido fue denegado.

El litigio duró más de un año, pero en la audiencia realizada por el juez Duarte, Amada habló con el magistrado y le contó los problemas que tiene que enfrentar al tener el documento con el nombre masculino.

Los hitos más importantes en dos décadas

El 25 de noviembre de 1997, el Código Penal Ecuatoriano (CPE) eliminó una parte del artículo 516, que multaba con prisión, de 4 a 8 años, los casos de homosexualidad.

Una sentencia de la Corte Constitucional de la época -explicó Javier Acuña, catedrático de Jurisprudencia de la Universidad Central de Ecuador- dictaminó que no es posible considerar la prisión para las relaciones sexuales entre dos personas adultas del mismo género.

Acuña señaló que en 1997, se despenalizó la homosexualidad, pero pasó a ser considerada como enfermedad. “Dejamos de ser delincuentes y nos convertimos en enfermos”.

La situación cambia -aclaró el docente- con la Constitución de 2008, en el artículo 11 se inscribe que ninguna persona podrá ser discriminada por su raza, sexo, edad y condición sexual diversa.

“Se hace imposible que los códigos punitivos del Estado generen una legislación que sea penalizadora de la actividad sexual entre adultos del mismo sexo”, señaló Acuña.

Para el jurista, los dos hitos fundamentales para la regularización y legalización de las relaciones homosexuales son la despenalización y el artículo 11 de la actual Constitución.

Señaló que durante las dos últimas décadas los avances a nivel jurídico serían: la sentencia de Bruno Paolo, donde demanda al Registro Civil a inscribir el cambio de género, no de sexo, de las personas transexuales en la hoja matriz de la institución y la cédula, en 2015.

El otro caso sería la inscripción de los apellidos maternos de Satya y su hermano, en mayo de 2018. Mientras que a nivel de legislación apuntó que el único avance sería la unión de hecho, lo cual consideran discriminatorio.

“Salvo estas situaciones, no ha cambiado nada más, desde la despenalización de la homosexualidad, faltan avances jurídicos en favor de la normalización del hecho sexogenérico diverso en la percepción del derecho ecuatoriano”.

Acuña mencionó que la fundación de asesoría legal Pakta, institución de la cual es parte, ha recibido 320 casos sobre discriminación, acoso laboral, entre otros, que la justicia no los ha calificado como homofóbicos. “Los operadores de justicia no están capacitados para entender y evidenciar estos delitos”.

Se requieren avances

Para Efraín Soria, miembro de la fundación Equidad, durante estos 21 años, el avance importante surgió con la Constitución de 2008, la cual garantiza los derechos de la comunidad GLBTI, tanto por su orientación sexual, como por su identidad de género.

A nivel local, recalcó que existen municipios como los de Santa Elena, Quito, Cuenca y Portoviejo, que adoptaron políticas de protección a la comunidad.

“En términos legales, Ecuador tiene avances, por ejemplo, contamos en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) la sanción contra el delitos de odio”.

Pero a Soria le preocupa el escenario de la “igualdad real”, es decir el entorno social y cultural, lugar donde el colectivo LGBTI enfrenta situaciones de violencia y discriminación.

El activista indicó que seis de cada 10 adolescentes LGBTI fueron maltratados en sus escuelas y en su hogar. “La familia es el primer lugar donde se cometen los mayores atropellos a la diversidad sexogenérica”.

De igual manera, advirtió que seis de cada 10 personas LGBTI fueron maltratadas en el espacio público, como fue el caso de

Maico Ordóñez, activista LGBTI y de derechos humanos, quien fue detenido por agentes de la Policía, hace más de 8 años. Ordoñez narró que una noche, en Quito, al caminar por una de las calles céntricas del barrio de La Mariscal, al norte de la ciudad, fue detenido por agentes de la Policía sin motivo.

El activista mencionó que minutos después fue trasladado a la UPC de ese sector, donde pasó toda la noche y madrugada, sin derecho a un abogado. Indicó que esa no fue la única agresión que sufrió, pues años después, en el sector de la av. 10 de Agosto, en el centro-norte de la capital, fue atacado junto a varios de sus amigos por guardias privados.

Ordoñez mencionó que el acceso a la justicia, en los dos casos, no dio resultados; aquello lo llevó a unirse a la causa LGBTI y convertirse en militante.

Soria señaló que se requiere educar a la población para que entienda que las personas LGBTI tienen los mismos derechos y oportunidades, como todos los ecuatorianos.  

“Si comparamos entre la igualdad formal y la legal, vemos que la brecha es grande. Esto se debe a la ausencia de políticas educativas, espacio donde más se cometen abusos contra personas LGBTI”.

Para la activista Pamela Troya, uno de los temas pendientes es el matrimonio igualitario. En el caso de Pamela, hace cinco años -desde 2013- sostiene una lucha a favor del matrimonio civil igualitario junto a Gaby, su pareja.

“Solicitamos una acción de protección que ha recorrido diferentes instancias y negaron el recurso. En junio de 2014 presentamos una acción extraordinaria de protección que admitió a trámite, pero nunca se trató”.

De igual manera, Troya mencionó que el registro de parejas homosexuales tiene un vacío legal, sobre todo en el proceso de cedulación.

Las personas trans -afirmó- son segregadas, puesto que no pueden cambiar su género tanto en la cédula como en la partida de nacimiento.

A nivel laboral, refirió  que existen despidos cuando se descubre su homosexualidad. Y la situación empeora especialmente para las personas trans. “El acceso al trabajo y a la educación es limitado, lo que restringe sus posibilidades laborales”. (I)

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