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René ramírez explicó que reforma de la loes buscará terminar con los negociados

5 universidades privadas presentan anomalías en sus manejos

René Ramírez, (centro) titular de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), ayer estuvo en la Asamblea.
René Ramírez, (centro) titular de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), ayer estuvo en la Asamblea.
carina acosta / el telégrafo
15 de julio de 2016 - 00:00 - Redacción Sociedad

Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas del (SRI), y René Ramírez, titular de Consejo de Educación Superior (CES), acudieron ayer a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para aclarar el vínculo de 5 universidades privadas con paraísos fiscales y con ciertas irregularidades.

En la reunión Orlando explicó, con documentos, que las universidades San Francisco de Quito (USFQ), de las Américas (UDLA), Internacional SEK, Internacional del Ecuador (UIDE) y de Especialidades Espíritu Santo (UEES) presentan dos tipos de anormalidades: los accionistas de empresas proveedoras de servicios también laboran en el alma máter; y los directivos o los socios fundadores de estos establecimientos tienen una empresa en algún paraíso fiscal.

La UDLA, detalló el funcionario, tiene como principal proveedor a la empresa de Servicios Profesionales AD Portas, cuya accionista mayoritaria es IESA de Chile. El 6.5% de aquella pertenece a la UDLA y el 23% a la UDLA de este país.

Asimismo, de los $7.940.731,92 de ingreso que reportó AD Portas en 2015, el 100% proviene de la UDLA. “El centro de educación transfirió, entre 2012 y 2014, cerca $7 millones a la empresa Laureate Trademark, en Países Bajos”.

Añadió que su rector, Carlos Larreátegui, consta como accionista de una firma que se dedica a actividades inmobiliarias, la cual, entre 2010 y 2011, fue proveedora (por un monto de $325.000) del centro que dirige. También precisó que la UEES es accionista, en el 99%, de más de 10 empresas.

Su máximo directivo, Carlos Ortega, además de recibir remuneración de la universidad, es miembro del directorio de una de las empresas de la UEES. “Investigaremos si en esas operaciones hay lucro”.

Algo similar pasa en la USFQ. El rector Carlos Montúfar recibió otros ingresos de dos empresas vinculadas a ese centro de estudios: una de ellas es el colegio Menor. En el caso de la UIDE, su rector Xavier Fernández, sus familiares y otras personas son dueños de 5 fundaciones que pertenecieron a una compañía que figura en los papeles de Panamá y que cedió todas sus acciones.
Estas cinco fundaciones son propietarias de la Inmobiliaria BDM, que tiene como capitalista a Fernández. Además, esa inmobiliaria es dueña, en el 95%, de UIDE Serv. El otro 5% le corresponde a Jorge Fernández, quien figura como autoridad de la universidad. En la SEK la información “es muy voluminosa y están identificando las relaciones comerciales”, explicó Orlando.

Reformas a la LOES

René Ramírez, titular del Consejo de Educación Superior (CES), anunció que el organismo prepara un conjunto de reformas a la Ley de Educación Superior (LOES) con el fin de frenar el lucro en las universidades ecuatorianas. La propuesta busca que el CES tenga la facultad de fiscalizar, investigar y sancionar prácticas irregulares.

Ramírez recordó que la vinculación de los centros de educación superior con empresas mobiliarias ya se evidenció en el cierre de las universidades de “garaje”. En los últimos cuatro años las instituciones particulares registraron $ 208 millones como excedentes, que no necesariamente van a reinversión con fines educativos.

Ramírez también se refirió a temas como la democratización en las elecciones de decanos y autoridades, las atribuciones para regular aranceles, suspensión en la entrega de recursos públicos, destitución de rectores y autoridades, entre otros aspectos. (I)

Hay dos rectores encargados

Las clases en la Espoch son irregulares

Las actividades en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Espoch) ayer fueron irregulares. Algunos estudiantes solo recibieron pocas horas de clases y otros estaban afuera de las aulas. Asimismo, alumnos de la escuela de Finanzas denunciaron que fueron víctimas de un robo con arma de fuego en el campus.

El rector (e) Luis Horna, posesionado el pasado 2 de junio por los miembros del Consejo de Educación Superior (CES), anunció en un comunicado la suspensión de las actividades académicas y administrativas hasta el próximo lunes.

Argumentó que busca “precautelar el bienestar e integridad de los estudiantes, docentes, administrativos, trabajadores y empleados (...) Hemos conversado con representantes del CES y esperamos que la situación se resuelva”.

Sin embargo, la rectora (e) María Ruilova, elegida el pasado martes por el Consejo Politécnico, ordenó que las actividades se desarrollaran con normalidad. Por ese motivo, alumnos de la escuela de Medicina acudieron hasta el edificio central para protestar y exigir nuevas elecciones. “Tener dos rectores nos hace volver al pasado. Queremos estudiar y ejercer nuestro derecho”, expresó el alumno Guillermo Labanda. (I)

Universidad suspendería maestrías

La Flacso y la Andina exigen dinero al Estado

La Universidad Andina y La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), de Quito, ayer se pronunciaron sobre la posible transferencia de recursos estatales y sobre la Ley
Orgánica de Educación Superior (LOES).

El director de Flacso, Juan Ponce, aseguró que el Gobierno adeuda $ 8 millones a la institución. Ese monto, añadió, constituye más del 50% del presupuesto de esta universidad de posgrados y que oferta 14 programas de maestrías de investigación y 6 de doctorados. Adelantó que posiblemente no se abrirían en octubre las maestrías.

Ponce cuestionó un supuesto intento de reforma a la LOES. “Se establecería un convenio de pagos de las asignaciones, pero con la firma de un convenio de transferencias entre el rector y el Consejo de Educación Superior (CES). Eso daría pie a la renuncia al carácter de organismo internacional de la Flacso, algo que es inviable e inconstitucional”.

También se refirió al tema el rector encargado de la Andina, Jaime Breilh, quien expresó que “de consolidarse el pretendido proyecto de reforma, el aporte estatal a nuestra universidad sería notablemente reducido” al igual que otras 9 instituciones de educación superior.

“Al perder ese recurso se obligaría al 95% de los estudiantes a una duplicación de costos a la colegiatura, volviendo difícil el acceso a una universidad que ha sido clasificada como clase A”. El representante de los estudiantes de la Universidad, Pablo Ocaña, mostró su respaldo a la postura de la institución y anunció que hoy realizarán una caminata al Consejo de Educación Superior en rechazo a posibles medidas a plantear. (I)

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