La Unidad Educativa Zuleta es una de las instituciones que retornaron de manera semi presencial a las actividades.  Desde octubre 175 de los 180 estudiantes acuden a las aulas dos o tres días a la semana, según el nivel.  Su rectora, Diana Rodríguez, indicó que esta decisión se tomó porque no todas las familias contaban con los elementos necesarios para que sus hijos continúen con las clases “sobre todo con la conectividad y eso dificultaba llegar a ellos con el conocimiento”.   

Dijo que hasta el momento no han tenido ninguna situación riesgosa para la comunidad educativa y que de hecho, ha sido una experiencia fortalecedora en medio de la pandemia. Los niños y adolescentes llevan a sus hogares la práctica de las estrictas medidas de bioseguridad que se aplican en sus colegios y de esta forma, según la funcionaria “nos cuidamos todos”. 

Este 16 de diciembre, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional autorizó a otras 204 instituciones educativas fiscales para que apliquen sus planes piloto de retorno progresivo.  Podrán hacerlo desde el 18 de enero pero con evaluaciones periódicas.  Volver a las aulas no será obligatorio, la decisión recaerá en cada uno de los representantes.     

Esto mientras que a nivel nacional, las 12.500 Unidades Educativas del país debieron enviar hasta el 18 de diciembre su planificación para la incorporación de la planta docente a las actividades presenciales. Un total de 165 mil profesores del sistema fiscal, excepto aquellos en situación de vulnerabilidad, deberán reportarse en sus planteles a partir de enero de 2021. 

La Viceministra de Educación, Isabel Maldonado, explicó que esta medida es necesaria por dos aspectos: conocer si los alumnos están entregando sus portafolios y continúan con sus estudios; y por otro lado,  tener constancia del trabajo que desempeñan los docentes. En las últimas semanas el 5 por ciento de ellos no ha cumplido con el reporte semanal de sus actividades. 

La funcionaria precisó que no será necesario que acudan de lunes a viernes ni que cumplan las ocho horas diarias de manera presencial, todo dependerá de la realidad de cada plantel, por ejemplo, el estado de su infraestructura y la cobertura de internet. 

Con la activación presencial y después de seis meses, el Gobierno les volverá a pagar por una jornada completa de trabajo. (I)