Docentes deberán someterse a pruebas psicométricas

- 19 de octubre de 2017 - 11:19
Exteriores de la unidad educativa de Quito, en donde habría ocurrido casos de agresión sexual.
Foto: John Guevara / EL TELÉGRAFO

El Ministerio de Educación anunció la suscripción de un convenio interinstitucional entre la Fiscalía General del Estado, Ministerio de Justicia, Consejo de la Judicatura y la Comisión Aampetra, para generar acciones oportunas en el caso de agresiones sexuales dentro del sistema educativo.

Esta alianza se conoció este jueves, durante un conversatorio con los medios de comunicación, entre las autoridades respectivas.

Fander Falconí, ministro de Educación, explicó que a través de este acuerdo se mantuvieron reuniones para analizar los mecanismos de información, de acción para sancionar y reparación de víctimas. En una primera reunión se fijaron los mecanismos de acción con base a protocolos. "Lo que le interesa en este momento a la sociedad son las acciones". 

Falconí reiteró que las autoridades rechazan estos delitos y fortalecerán mecanismos para erradicar estos casos. "Tenemos que limpiar la basura dentro del sistema educativo", dijo al recordar que se trata de delitos penales que requieren sanciones pertinentes; pero, además, actuarán con base a sus alcances dentro del ministerio.

Entre las primeras medidas que se aplicarán está la realización obligatoria de pruebas psicométricas (para conocer la personalidad de una persona y aptitud de los profesores). En caso de reprobarlas, dijo, los maestros no podrán formar parte del sistema educativo.

El ministro añadió que estas evaluaciones se realizarán de forma periódica y se aplicará a los profesores que se postulen para el Magisterio. Estas evaluaciones ya se cumplen en las pruebas 'Ser Maestro', pero también se aplicarán a los docentes que se encuentran en el Magisterio. Se estima que esta disposición empiece a regir en un plazo de entre 30 y 40 días. 

Rosana Alvarado, ministra de Justicia, instó a la ciudadanía a denunciar estos casos, ya que el primer acto de agresión es la impunidad.

La funcionaria señaló que además de la sanción penal que cumplen los violadores debe ser el fortalecimiento de la rehabilitación para evitar que caigan en esta mala práctica y mantener una política de adecuada reinserción social.

Alvarado aseguró que se está receptando la información para estos casos. De acuerdo a información preliminar proporcionada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se atiende a 246 casos de niños de agresiones sexuales.

De su lado, Silvia Salgado, presidenta de la Comisión Ocasional Aampetra, indicó que se identificó una falta de articulación entre las instituciones para la reacción ante los casos denunciados.

En ese sentido, Salgado indicó que hay un informe con recomendaciones para que se identifiquen las reformas necesarias en las normas y así sancionar este tipo de casos. (I)

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