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Las Policías de la región justifican la inversión en seguridad ciudadana

Para combatir el crimen organizado se utiliza una serie de vehículos que se desplazan por aire, mar y tierra. Con ese objetivo, está operativo el helicóptero del Servicio Aeropolicial.
Para combatir el crimen organizado se utiliza una serie de vehículos que se desplazan por aire, mar y tierra. Con ese objetivo, está operativo el helicóptero del Servicio Aeropolicial.
Foto: Miguel Jiménez / El Telégrafo
12 de marzo de 2017 - 00:00 - Redacción Justicia

Comandantes de Policía de varios países de América Latina que participaron en el seminario internacional Seguridad ciudadana y Potencialización de la Gestión del Talento Humano, realizado en días pasados en la sede de Unasur, justificaron la inversión que realizan sus respectivos gobiernos para enfrentar el crimen organizado.

Para realizar una tarea coordinada, los departamentos de Policía de la región han creado una plataforma de comunicación y mantienen una agenda común sobre los delitos estratégicos que enfrentan conjuntamente. La Comunidad de Policías de América (Ameripol) —que es el enlace— la preside México y Ecuador ocupa la secretaría ejecutiva.

El director de la Policía de Colombia, general Jorge Nieto, al referirse a la inversión en seguridad ciudadana indicó que “esta es primordial para que haya desarrollo de la sociedad, en ello radica la importancia de asignar recursos para este tema. Al anticipar que luego de los acuerdos de paz con las fuerzas irregulares están empeñados en avanzar en ese proceso”.

Indicó que existe una coordinación muy importante y un intercambio estrecho no solo en capacitación e información, sino para articular los equipos de trabajo con miras “a desarrollar operaciones coordinadas para enfrentar delitos y amenazas que afectan a nuestros países”.

Con ello, se busca actuar en simetría para que las estructuras delictivas sean enfrentadas en coordinación, con intercambio de información, capacitación y formación policial.

Entre los delitos de mayor incidencia en la región están los vinculados al narcotráfico, el lavado de activos, el hurto de celulares, vehículos, y el contrabando “los cuales se combaten desde hace mucho tiempo, porque generamos acciones para contrarrestar el delito transnacional”.

“La inversión es justificada porque la seguridad no tiene precio, además, actualmente el delito es transnacional y se lo enfrenta conjuntamente. La cibercriminalidad es uno de los grandes desafíos; la trata de personas y el tráfico de drogas”, afirmó el jefe de la Policía Federal de México, Manelich Castilla.

En México existe una forma de financiamiento distinta a la que se aplica en otros países de la región. Con el porcentaje que se destina a las fuerzas de seguridad, la Policía Federal ha invertido en mejorar la capacidad del talento humano mediante una constante capacitación y las facilidades para que los policías accedan sin contratiempos a licenciaturas y maestrías.

Entre los avances registrados en la policía mexicana, Castilla destacó la equidad de género y el respeto a los derechos humanos. “Todos los policías pasan por un sistema de profesionalización. El enfoque machista está muy rebasado, la mujer ha jugado un papel preponderante”.

En tanto, el Gral. Alfredo Lagos Gana, jefe de la zona metropolitana de los Carabineros de Chile, manifestó que “la demanda ha obligado a todas las instituciones policiales a mejorar los procesos de selección, formación y desarrollo de carrera de nuestra gente. El incrementar nuestro presupuesto significa que tenemos que gestionar más”.

El alto oficial chileno mencionó que la responsabilidad de la Policía es gestionar de manera adecuada y entregar los productos que se esperan, para dar una sensación de seguridad y disminuir la victimización.

“Chile ha transmitido durante sus 90 años de experiencia los beneficios del desarrollo profesional de la carrera, así como la evolución de la participación de la mujer en esa institución desde 1962, cuando se realizó el primer curso femenino”.

El Gral. Vicente Romero Fernández, comandante de Policía del Perú, recordó que estas instituciones, a escala mundial, colaboran mutuamente contra el crimen organizado desde hace tiempo. Precisó que se trabaja con la Policía de Ecuador en desbaratar bandas de criminales especialmente relacionadas con drogas y otros delitos que amenazan la región.

Las tecnologías son aprovechadas por las bandas criminales. Frente a ello, las policías tienen cuatro niveles: formación, capacitación, especialización y el perfeccionamiento. Por ello se realiza una instrucción permanente para identificar, de manera conjunta, las nuevas modalidades, técnicas y formas de actuar ante el crimen organizado.

Labor de Ecuador es destacada

Al referirse a la experiencia ecuatoriana, los representantes policiales de la región destacaron el trabajo realizado por Ecuador, al convertirse en un referente de la disminución de delitos violentos en Latinoamérica, al pasar de un índice de 20 homicidios a 6 por cada 100 mil habitantes.

El general chileno manifestó que le parece “espectacular” la inversión que realiza el Ecuador en seguridad ciudadana.

“La Policía ecuatoriana se ha ganado espacios, es respetada y considerada por la comunidad y es un ejemplo para todos, por los niveles que tienen y los esfuerzos por reducir el delito, no queda más que felicitarle por los logros alcanzados”.

Insistió en que las sociedades deben tener los niveles de seguridad que se merecen y para ello requieren de inversión y operación, es decir que se debe mantener los recursos para que se mantenga la actividad.

El representante de Colombia reconoció que actualmente se registran fenómenos de criminalidad que afectan a la zona fronteriza colombo-ecuatoriana. Las autoridades de los dos países  coordinan acciones conjuntas para enfrentar esas estructuras delincuenciales.

El general Romero resaltó los esfuerzos conjuntos y las buenas prácticas de ambos países, que se han complementado para lograr buenos resultados en una serie de operativos binacionales contra el crimen organizado.

Al referirse a la frontera común dijo que “la amenaza más importante es el tráfico ilícito de drogas, del cual se desprenden varios delitos conexos, como la extorsión, el sicariato, actos de corrupción y la trata de personas, considerado el delito invisible”. El comandante de policía peruano, al referirse a su similar ecuatoriana, destacó la experiencia y práctica que tiene Ecuador en el caso de drogas, porque en la zona del Pacífico es el país que más incautación de narcóticos realiza, por lo que se intercambia información. Citó el caso de dos agentes peruanos que se capacitan en el Ecuador.

El país comparte con México una necesidad permanente de formación. “Todo lo que se lleva de los eventos, se los implementa en el territorio”, anotó el delegado mexicano.

El viceministro del Interior, Diego Fuentes, añadió que “hemos logrado una reducción histórica de muertes violentas en el ámbito nacional. La meta para este año es cerrar con 4,9 homicidios por cada 100 mil habitantes”. (I)

Informe del BID reconoce la inversión desplegada en seguridad ciudadana

En su estudio Los costos del crimen y de la violencia, el Banco Interame-ricano de Desarrollo (BID) estima que los costos anuales del crimen y la violencia en Latinoamérica y el Caribe representan el 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que casi duplica la calculada en países desarrollados como Australia, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

El documento señala que Honduras destina el 6,51% del PIB; El Salvador, 6,16%; Bahamas, 4,79%; Jamaica, 3,99%; Brasil, 3,78%; Trinidad y Tobago, 3,52%; Costa Rica, 3,48%; Ecuador, 3,35%; Paraguay, 3,24%; Colombia, 3,12%; Guatemala 3,04%; Argentina, 2,97%; Perú y Chile, 2,77% cada uno; Barbados, 2,68%; Uruguay, 2,23% y México, 1,92%.

El costo promedio anual del crimen y la violencia entre 2010 y 2014 en los 17 países analizados se calculó en
$ 261.000 millones, cifra comparable con la que esos países gastaron en infraestructura en ese período.

Entre los costos directos están aquellos en los que incurren las víctimas a raíz de las actividades delictivas, como daños o pérdidas, y los relacionados con su anticipación, como los gastos del sector público y privado en su prevención y los costos de respuesta al crimen, como el dinero destinado al funcionamiento del sistema judicial y el penitenciario.

La alta tasa de homicidios es uno de los principales factores que alimentan los altos costos sociales del crimen, y su impacto se calcula principalmente mediante el ingreso que dejan de percibir la víctima y el victimario, en caso de que este sea procesado y recluido en una cárcel.

Más del 90% de las víctimas de los homicidios en la región fueron hombres, y casi la mitad de ellos jóvenes entre los 15 y 30 años —el sector de la población con el mayor nivel de productividad laboral—.

El costo promedio de los homicidios en la región representó entre $ 9,8 y $ 11,4 mil millones anuales. De los 17 países, Brasil, México y Colombia tienen los mayores costos sociales causados por los homicidios. (I)

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