Apple, dirigida por Tim Cook, está enfrascada en quizás la batalla más dura de su vida empresarial. Pero esta vez no es contra el Microsoft de Bill Gates o por noquear en ventas a Samsung. Esta vez su rival no es de su rama, viene de una más compleja, la arena política.

Todo surgió el pasado 2 de diciembre. En San Bernandino (este de Los Ángeles), el matrimonio conformado por Syed Farook y Tashfeen Malik asesinó a 14 personas. En las investigaciones se halló un iPhone -el producto insignia de Apple- que le pertenecía a Farrok, pero la Policía Federal de Estados Unidos (FBI) no pudo desbloquear el smartphone. Lo que le preocupó a las autoridades es que estos teléfonos portan un sistema que borra los datos del dispositivo si se introduce hasta 10 veces una clave errónea.

Ante este potencial riesgo, el FBI acudió a la firma de la manzana para que desbloquee el celular del terrorista, a lo que la empresa liderada por Cook se opuso desde un primer momento. Fue así que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emprendió su movimiento legal/político: Presentó, al menos, dos demandas para que Apple creara una herramienta que permitiera desencriptar el iPhone de uno de los autores de los asesinatos en San Bernandino.

La negativa de la empresa a los fallos judiciales destapó un profundo debate en EE.UU. que ha involucrado a funcionarios de alto nivel, magnates de redes sociales, encuestadoras y hasta candidatos a la Casa Blanca.

El primero en reaccionar, como era lógico, fue Cook. “El gobierno de Estados Unidos ha reclamado a Apple acciones sin precedentes que amenazan la seguridad de nuestros clientes. Nos oponemos a esta orden, que tiene implicaciones mucho más allá de este caso judicial concreto”, dijo el CEO de Apple en un comunicado publicado en el sitio web de la empresa.

Cook estimó que era demasiado riesgoso proporcionar el software solicitado porque podría permitir desbloquear cualquier iPhone, planteando serias preocupaciones sobre violaciones a la privacidad.

“El gobierno estadounidense nos ha solicitado algo que simplemente no tenemos, y que consideramos demasiado peligroso. Nos han pedido que creemos una puerta de entrada al iPhone (...) En las manos equivocadas, este software -que hoy no existe- tendría el potencial de desbloquear cualquier iPhone. Pese a que el gobierno afirma que su uso estará limitado a este caso, no hay forma de garantizarlo”, indicó Cook.

Inmediatamente surgió la respuesta desde la mismísima Casa Blanca. “El ministerio de Justicia no le pide a Apple que modifique su producto o cree un medio indirecto para acceder a uno de sus productos”, insistió Josh Earnest, portavoz de la presidencia estadounidense, sino que “simplemente pide algo que tendría un efecto en este aparato concreto”.

Pero esta estrategia no resultó. Las explicaciones dadas por la Casa Blanca pusieron en pie de guerra a los defensores de las libertades individuales, que consideran el fallo como una violación que permitirá a la larga una vigilancia ilimitada por parte del gobierno. “Si el FBI puede forzar a Apple ‘hackear’ los aparatos de sus propios consumidores, entonces todos los regímenes represivos del mundo también podrán hacerlo”, alerta Alex Abdo, de la poderosa Asociación de defensa de las libertades civiles (ACLU). “Apple merece nuestro respeto por mantenerse firme y garantizar que los aparatos de sus clientes sean inviolables”.

Berin Szoka, presidente del “think tank” liberal TechFreedom, comparte la misma opinión: “Si forzar a Apple a ‘hackear’ sus propios aparatos es ‘una asistencia técnica razonable’, entonces prácticamente no hay límites en lo que las fuerzas del orden pueden obligar a las compañías a hacer para comprometer la seguridad de sus sistemas”, dijo Szoka en un comunicado.

Artillería pesada

Con el paso de los días, las críticas desde el poder se hicieron más ácidas contra Apple.

El primero en enfilar públicamente su “repudio” contra la empresa de Cupertino fue el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, que llamó a sus seguidores a boicotear a la firma estadounidense.

Luego fue el turno del director de la CIA, John Brennan, quien  afirmó que la opinión pública estadounidense jamás aceptaría que criminales o terroristas tengan un acceso exclusivo a un archivo y se preguntó por qué un iPhone encriptado debería ser tratado de una forma diferente. “¿Qué diría la gente si un banco tuviera una caja de depósitos protegida, o si una compañía de almacenamiento tuviera una caja propia (...) para acopiar cosas, y que el gobierno estuviera impedido de acceder?”, se preguntó Brennan.

“Desde luego que el FBI tiene motivos legítimos para intentar conocer qué hay en un teléfono que es parte de una investigación en curso”, afirmó.

Y, ‘sorprendentemente’, en estas últimas semanas se hicieron públicas encuestas que no dejan my bien parado a Apple. La encuestadora  Pew Research Center registró que 51% de los entrevistados apoya el esfuerzo oficial para requerir que Apple ayude a desbloquear el iPhone en cuestión, mientras que 38% cree que la firma tecnológica no debería desencriptar los datos del teléfono usado por un atacante para garantizar la seguridad de sus usuarios. Un 11% no aportó su opinión.

A pesar de esta arremetida judicial, política y hasta de relaciones públicas, Cook insiste en que no accederán al pedido del FBI. Y en una nueva estrategia, la empresa lanzó la propuesta de organizar un panel de expertos para debatir (y por qué no dirimir) este tema. Aunque es improbable que la Policía Federal acceda a este llamado. (I)

La ONU y familiares de víctimas lanzan sus opiniones que suman más presión

El responsable de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) indicó que el pedido del FBI podría traer implicaciones “perjudiciales” a la privacidad de los usuarios. “Las autoridades corren el riesgo de abrir una Caja de Pandora con implicaciones extremadamente perjudiciales para los derechos humanos de millones de personas”, afirmó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein en declaraciones del pasado 4 de marzo. Horas después, el comité de víctimas del atentado de San Bernandino declararon: “Lo que está en juego aquí es la capacidad de Estados Unidos de obtener y ejecutar una orden judicial válida para investigar un teléfono móvil usado por un terrorista que cometió atrocidades en masa”, señalaron.