Máxima Acuña mide poco más de metro y medio pero ha sido clave en la detención de un gigantesco proyecto minero que amenaza con contaminar y quitarle sus tierras a los indígenas  en los Andes del Perú. Esta flamante ganadora del premio Goldman, el mayor galardón mundial de medio ambiente, asegura que está dispuesta a dejar la vida en esta batalla.

Es el mismo reconocimiento que otorgaron en 2015 a la activista hondureña Berta Cáceres por liderar una campaña contra la represa Agua Zarca, a cargo de la más grande constructora de plantas hidroeléctricas. Ella fue asesinada 6 meses después de recibir el galardón, el 6 de marzo pasado.

La lucha de Máxima inició en 2011, cuando el consorcio Yanacocha, integrado por la multinacional Newmont y la peruana Buenaventura, le pidieron que dejara sus tierras, cercanas a unos depósitos de oro, para desarrollar el proyecto minero Conga. Ellos aseguran que compraron todo ese territorio.

“Dicen que soy una mentirosa, que soy invasora. Yo tengo mis documentos, yo sé que esta es mi tierra. Por eso la defiendo con mi vida”, dice Máxima en una conversación con la AFP.

Se trata de 25 hectáreas ubicadas en el sector de Tragadero Grande, a 4.000 metros sobre el nivel del mar en la sierra norte de Perú, un terreno que alberga 7 manantiales de agua bajo un cielo celeste límpido, rodeado usualmente de verdor y pastizales.

“Soy propietaria desde 1994. Tengo mi documento de posesión, cuando compré la tierra, con todos los detalles”, asegura Máxima. Pero Yanacocha, la mayor aurífera de Sudamérica, asegura que ellos compraron todos los terrenos en 1996 y 1997 de la comunidad de Sorochuco, que estaba integrada por el suegro de Máxima, y que todos dieron su visto bueno para la operación.

“Primero dijeron que la comunidad les ha vendido los terrenos colindantes al mío, después han dicho que se lo han vendido las autoridades de la comunidad, después han dicho que ha sido otra persona. Pero no presentan el documento que dice que son dueños de mi predio”, reclama Máxima.

Con el proyecto Conga, Yanacocha pretendían extraer 6 millones de onzas de oro de las provincias de Cajamarca y Celendín, en el departamento norteño de Cajamarca, y se invirtieron para ello unos $48.000 millones. El consorcio planeaba explotar el oro de la zona durante 19 años y prometía emplear en ello a unas 10.000 personas.

Sin embargo, para llevar a cabo la iniciativa, se planteaba trasvasar el agua de 4 lagunas (Mala, Chica, Azul y Perol) hacia 3 reservorios que se construirían cerca del lugar de origen de las mismas. Bajo los humedales hay oro, plata y cobre. Y en la cuarta, la Laguna Azul, debía ser transformada en fosa para almacenar residuos. Las comunidades de la zona se opusieron al alegar que esa medida atentaría contra la biodiversidad. Se desató una protesta que paralizó el proyecto.

La oposición de Máxima tuvo un papel relevante. Los enfrentamientos con la minera han sido violentos y en el camino fue hasta sentenciada a tres años de cárcel, pero a fines de 2014 la justicia anuló la sentencia y consideró que ella no usurpaba ningún terreno. Ella ha denunciado una serie de actos de hostigamiento, en los intentos de la empresa por tomar posesión.

“A la minería le interesa destruir todo lo que hay, animales, árboles, la naturaleza. Para ellos eso es desarrollo. Pero para los campesinos es destrucción. Se llevan un oro bañado en sangre y lágrimas”, agrega.

Asegura que así le pidan comprarle el predio, no venderá. “No hago esto por dinero, el dinero lo obtengo labrando mi tierra”, dice esta campesina y artesana.

Juicios pueden durar 2 décadas

Yanacocha mantiene controlados los accesos al lugar que ella reclama, con guardias particulares, aplicando su derecho de posesión, el cual aseguran haber ejercido pacíficamente hasta que -según ellos- la familia de Acuña ocupó ilegalmente el predio hace 5 años.

La compañía mejoró los caminos de acceso al lugar, pero esta campesina de 46 años, su esposo y sus cuatro hijos tienen prohibido ingresar por esa ruta, por lo que tiene que dar un rodeo de dos horas más para poder entrar a su casa, cuenta la abogada de Máxima, Mirtha Vásquez, de la ONG Grufides.

Agotada la vía penal, donde Máxima salió airosa, se ha iniciado un proceso civil que puede durar dos décadas.

“La empresa pidió a la justicia impedir cambios en el predio hasta que termine el proceso. Y eso, por ejemplo, impedía sembrar para comer. Impugnamos esa decisión y se ha levantado esa medida”, dijo la abogada. En los últimos días, Máxima ha denunciado acoso de la firma, incluso con disparos, algo que Yanacocha niega y aboga por encontrar una solución amistosa.  

Pero Máxima tiene una posición clara: “Quemaron mis chozas, mataron mis animales, a mis perros. Me han amenazado diciéndome que por mi culpa no pueden trabajar, que nos van a sacar muertos de aquí (...) Prefiero perder la vida antes que entregar mi tierra. Esta es mi tierra”. (I)