Marcelo (nombre ficticio) se cubrió con una gorra, gafas y capucha cuando asistió a la audiencia de juicio a rendir su versión de los hechos en torno al asesinato de la docente María José Correia, de 27 años, ocurrido el 30 de julio de 2015.

En calidad de testigo protegido, ingresó a la sala de audiencias y mantuvo en reserva su nombre. Mediante juramento, narró las circunstancias en que observó a William M. y Roberto M., —procesados en este caso—, huir de la escena del crimen.

Su testimonio fue clave para que el Tribunal determine la responsabilidad penal de ambos acusados, como autores del crimen y los sentencie a 34 años de privación de libertad.

La ilusión de ganar dinero para comprar ropa, maquillaje y celulares sedujo a Katherin, cuando tenía 13 años. Por medio de una popular red social conoció a Karla, una compañera de colegio, quien la involucró con una red de trata de personas.

La joven abandonó su hogar y durante 2 años fue obligada a prostituirse hasta que fue rescatada por el personal de la Fiscalía y de la Policía.

Cuando estuvo a salvo, la adolescente denunció a sus presuntos agresores, quienes la amenazaron de muerte a ella y a su familia. Por lo que el fiscal a cargo de su caso solicitó ingresarlas al Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el proceso penal (SPAVT) de la Fiscalía General del Estado.

Marcelo y Katherin son parte de los 261 testigos protegidos que en el ámbito nacional están registrados en el SPAVT.

Para que una víctima o testigo ingrese en el sistema, se consideran casos como violencia intrafamiliar, secuestro, intimidación, asesinato, violaciones, explotación sexual, narcotráfico y trata de personas, dijo Maggio Irigoyen, director del Servicio.

Cuando el fiscal alerta, los psicólogos, trabajadores sociales y abogados del SPAVT analizan el caso y definen su inclusión.

Para Irigoyen, es complejo determinar el costo que representa custodiar a dichas personas, porque “hay víctimas que no requieren un costo muy alto, sino solo el proceso porque tienen posibilidades económicas”. Pero cuando se trata de una persona que tiene que ser desplazada de una ciudad a otra, que tenía bienes, un empleo e hijos que estudian, etc., hay que sumar los rubros respectivos.

Previo al hecho contravencional o delictivo, existe un mecanismo preventivo que involucra a las instituciones públicas de acción social: Educación, Salud, Vivienda, MIES, Deporte, Cultura, etc. que aplican políticas para evitar este tipo de delitos.

Pero cuando ocurre la acción pública interviene la Fiscalía General del Estado a través del SPAVT, —creado en 2012— para reaccionar frente al delito, en cumplimiento de los artículos 198 y 195 de la Constitución.

En comparación al ‘Programa de Protección a Víctimas y Testigos’ que nació en 2002, Irigoyen asegura que el actual sistema permite un mayor acceso, protección, asistencia y seguridad en la participación del protegido dentro del proceso penal y a la vez, menor impunidad.

El sistema ofrece protección durante todo el proceso penal, y mientras la vida del testigo esté en peligro. Esta asistencia es integral, e implica los ámbitos legal, económico, laboral, educativo, psicológico y de seguridad.

“La asistencia y el cuidado es solamente para personas que son víctimas o han sido testigos de un delito, o quienes lo han denunciado e intervienen en el proceso penal, y que son objetos constantes de amenazas, intimidaciones e incluso agresiones verbales o físicas”, insistió Ronald Vera, coordinador de Guayas de la SPAVT-G.

Con la ayuda del Estado,  las personas protegidas retoman su actividad normal.  Eliana, una mujer afrodescendiente, fue amenazada de muerte por su pareja, la cual violó a su hija y la dejó embarazada. El victimario fue sentenciado y el SPAVT brindó atención integral a las víctimas, quienes actualmente impulsan un emprendimiento.

En determinados casos, su lugar de residencia es rotativo, como sucedió con el testigo Erwin V, localizado en Venezuela y pieza clave del caso González y otros. Él fue movilizado varias veces a un nuevo lugar, porque se detectaron patrullajes en el sitio donde permanecía, según lo denunció el fiscal Galo Chiriboga.(I)