La tarde del último jueves 25 de agosto, 10 estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Emilio Estrada Carmona, se escaparon del plantel para ir a nadar al canal del trasvase de aguas Daule-Santa Elena, a la altura de la cooperativa de vivienda Voluntad de Dios, en el suroeste de Guayaquil.

La fuga, según testimonios de otros alumnos, no era nueva. Sus compañeros de aulas ya lo habían realizado otras veces sin ningún contratiempo; porque la escuela no cuenta con cerramiento perimetral.

Sin embargo, esta vez 7 de los pequeños, entre 10 y 13 años, presintieron algo y no se metieron al acueducto. Sintieron temor y regresaron al plantel dejando atrás a sus otros 3 compañeros.

Sudorosos, los pequeños llegaron corriendo a la Unidad Educativa, la cual se encuentra separada del canal por un camino estrecho, polvoriento y zigzagueante de aproximadamente 300 metros, entre vetustas casas de caña y vegetación. Las criaturas no comentaron nada y continuaron escuchando clases en sus aulas.

Simultáneamente, los otros 3 niños entraban al conducto, confiados por la quietud de sus aguas; pero el repentino aumento del caudal los arrastró y solo uno salió con vida, no se sabe cómo, porque el torrente hizo desaparecer en pocos segundos a Josué Sarmiento Luna y Carlos Alberto Moreira Moreira, de 12 y 13 años, respectivamente.

El niño sobreviviente, conocido únicamente como ‘Mellizo’, asustado y semidesnudo corrió a su casa y al parecer también guardó silencio, dejando atrás a sus cómplices de diabluras. Al pie del canal, quedaron abandonadas las mochilas con los útiles escolares y los uniformes de las 3 criaturas. Eran aproximadamente las 14:00 del aciago día.

Pasaron 4 horas y al caer el sol, Susana Luna, de 43 años, fue a la escuela a retirar a Josué, el quinto de sus 6 hijos. La mujer lo había dejado en el interior del plantel junto a su nieto Didier, de 9 años, a quién cría desde el 2013, cuando su madre murió asesinada a puñaladas por su conviviente.

La mujer esperó una hora más y al comenzar a preguntar por Josué aparentemente nadie lo había visto. Ni profesores ni compañeros de aula.

En esas circunstancias, otro niño se acercó a doña Susana Luna y con recelo le comentó que Sarmiento como se identifica a los alumnos en la escuela, se había ido a nadar al canal con su compañero Moreira, como siempre lo hacían.

En ese momento, ella se llenó de angustia y presintió lo peor. “Entré en desesperación y una niña me llevó a la casa del compañero de mi hijo llamado Carlos Moreira”.

En el solar 20 de la manzana 105-A de la cooperativa Voluntad de Dios, la noticia alteró a Carmen Moreira Carreño, quien terminaba de cocinar un seco de pollo para recibir a Carlos, el segundo de sus 4 hijos. “Cuando la mamá del otro niño vino con la mala noticia dejé todo a un lado y salí para el canal”.

Carmen corrió sin control y bajó la colina donde está asentada su vivienda de caña y piso de tierra, cuyo terreno de 6 por 4 metros, hace 11 años, le costó $ 300.

En la casa quedó su hija Andrea, de 14 años, al cuidado de sus hermanos, Carla y Antony, de 9 y 4 años. El endeble inmueble solo tiene 2 ambientes. En uno de ellos, sobre el piso están dos colchones viejos y sucios y en el otro se aprecia un vetusto juego de comedor, una pequeña mesa sobre la cual se asienta una vieja cocineta a gas y un televisor.

Desde ese momento, las 2 madres comenzaron la infructuosa búsqueda de sus vástagos, junto a un equipo de buzos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía.

Un día después, los cuerpos sin vida de los niños aparecieron a 10 kilómetros de distancia del sitio donde se ahogaron, siguiendo el curso del canal, en el recinto Casas Viejas.

Carmen Moreira recordó que el cadáver de su hijo “estaba en una poza grande, entre unas piedras”. A pocos metros, también yacía el cuerpo inerte de Josué.

Esta trágica historia no es nueva para las 3.600 familias asentadas en la también denominada área de reserva del Plan Hidráulico del Acueducto Daule-Santa Elena, en cuya periferia se encuentran asentadas 16 cooperativas de vivienda.

Estos asentamientos populares son La Nueva Prosperina, San Ignacio de Loyola, Reinaldo Quiñónez, El Descanso, Sergio Toral, Balerio Estacio, Regalo de Dios, Voluntad de Dios, Thalía Toral, La Karolina, Flor de Bastión (bloques 8 y 13), Chonos Huancavilca, Flor de Bastión (bloque 22), San Francisco 1, 2 y 3, Paraíso del Río Daule y 11 de Septiembre.

No existen estadísticas exactas sobre los accidentes ocurridos en el acueducto, llamado por la ciudadanía como “el canal de la muerte”. Sin embargo, desde 2001 este diario registra 7 tragedias, casi todas ocurridas cuando las víctimas mortales entraron al canal para nadar. Un caso similar al ocurrido este año se dio el 16 de agosto de 2011, cuando el torrente repentino de la zanja artificial se llevó las vidas de los hermanos Justin Ariel y Víctor Hugo Bayona Ortega, de 10 y 8 años.

Falta de conciencia

Para el ingeniero Raúl Sánchez, gerente de la Empresa Pública del Agua (EPA), el principal motivo de este tipo de hechos fatales es la falta de conciencia de las personas, adultos o niños, que habitan en la zona declarada de protección y seguridad y que comprende 9.232 hectáreas, según el decreto presidencial 607 del 28 de diciembre de 2010.

La autoridad, quien lleva 1 año 2 meses en el cargo, le recordó a la gente que a lo largo del canal, EPA mantiene letreros que advierten el peligro de usar su infraestructura para lavar ropa o bañarse. Además, en algunos tramos, donde existe una mayor cantidad de asentamientos humanos, se han colocado obstáculos para impedir el paso.

“Muchas veces hemos colocado mallas, pero más hemos demorado en ponerlas nosotros que ellos (la gente) en sacarlas. Realmente ha sido infructuoso. Por mucho que existan rejas, mientras la gente no tome conciencia de que no debe usar el canal para ningún tipo de actividad doméstica o de diversión, no hay seguridad que valga”.

La autoridad reveló también que para combatir el uso del canal se optó por educar a la gente y se conformaron 2 equipos compuestos por 4 personas cada uno, que se encargan de advertir a la población de las cooperativas de vivienda aledañas que el canal fue diseñado para el trasvase de aguas a la península de Santa Elena y el cantón Playas y no para actividades recreacionales.

“Las brigadas sociales acuden a las escuelas, colegios y los barrios. Las 2 primeras actividades se realizan en la mañana y la última en la tarde y noche de manera periódica”.

A la actividad educativa para prevenir accidentes en el conducto artificial se suman otras 3 brigadas más de limpieza, cuyos integrantes también cumplen tareas de concienciación.

Sobre la solicitud de tapar el canal, realizada por la población del sector, el gerente de EPA la califica como técnicamente posible, “pero requerirá una inversión millonaria por su estructura en forma de trapecio, lo cual obligaría a fundir pilares para la colocación de una losa de concreto”.

Por ahora, el ingeniero Sánchez cree que si no hubiesen iniciado los encuentros con la gente sobre los peligros del canal, las desgracias serían muchas más. “La gente cree que el canal es un río donde pueden lavar ropa y bañarse, pero no se dan cuenta de que las paredes del canal son de forma piramidal y lisas, las cuales por efecto del agua se cubren con una especie de lama que las hace resbaladizas y al caer es difícil salir”.

Además, el gerente de EPA, explica que el peligro del uso del canal artificial aumenta cuando se abren las compuertas de los embalses. “No hay horarios para el bombeo de agua o apertura de las compuertas, todo depende de la cantidad de agua que exista en los embalses. Debemos tener siempre una cantidad mínima y máxima en los estanques y cuando esto sucede bombeamos agua para todos los servicios requeridos hídricamente”.

Posición dirigencial

Para terminar con los accidentes en el canal, el dirigente de la zona, Balerio Estacio Valencia, propone la construcción de una ciudad deportiva alrededor del canal, lo cual permita que los niños y jóvenes tengan un espacio de recreación, que al final es lo que están buscando cuando se arrojan a nadar en la zanja del trasvase de agua.

Una segunda alternativa que sugiere el dirigente es el cierre con mallas del “canal de la muerte”.

La posición de Estacio, quien tiene más de 25 años en la zona como dirigente, coincide con la propuesta del Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda (Miduvi), que en 2013 dio a conocer el proyecto arquitectónico y paisajístico del parque protector lineal junto al canal de trasvase de aguas a Santa Elena, en el sector de la cooperativa Monte Sinaí de Guayaquil.

El proyecto comprendería un área 3’090.000 metros cuadrados de parque protector y espacio público dentro del área de seguridad del trasvase que eviten nuevas invasiones y coadyuven al desarrollo social de los habitantes de la zona. (I)

La limpieza del canal del trasvase de aguas Daule-Santa Elena se realiza todos los días por parte de tres brigadas, compuestas cada una de cuatro personas. Foto: Cortesía Empresa Pública del Agua (EPA)

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OTROS CASOS

El 15 de mayo de 2001, murió ahogado en el canal del trasvase de aguas Daule-Santa Elena el ciudadano Miguel Cárdenas Plúas, de 50 años. Según testigos, el hombre cayó al caudal cuando caminaba bordeando el sitio.

Dos años después, la tarde del 28 de agosto de 2003, en el mismo lugar falleció ahogado el guardia de seguridad Félix Enrique Soriano Parrales, de 25 años. Según los compañeros de trabajo de la víctima, el accidente ocurrió cuando Soriano trató de salvar a otros 2 compañeros que se habían arrojado al canal a sacar un envase plástico y corrían peligro.

Al día siguiente, en el sector de la Cooperativa de Vivienda El Fortín, murieron ahogados los hermanos Fernando y Bolívar Sáez Mendoza, de 23 y 21 años, respectivamente. Los moradores del sector manifestaron que el accidente se dio cuando los hombres, naturales de Riobamba, se bañaban en el canal y la corriente repentina los arrastró. Un tercer integrante de la familia, Bolívar Sáez, de 16 años, se salvó de morir al ser auxiliado por personas que pasaban por el lugar.

Asimismo, el 6 de febrero de 2012 otros 2 hermanos murieron ahogados en el “canal de la muerte”.

El 2 de febrero de 2016, en la población  conocida como San Rafael, parroquia Chanduy, provincia de Santa Elena, murió ahogado en el acueducto el comunero Ernesto Quimí Guerrero, de 32 años.

Dos brigadas sociales difunden periódicamente el mensaje de concienciación sobre los peligros que encierra el uso de canal por parte de la población.