La muerte de quien fuera líder del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), Arturo Jarrín, en octubre de 1986, fue judicializada por la Fiscalía como un crimen de lesa humanidad, ya que, supuestamente, durante su detención hubo tortura y luego ejecución extrajudicial.

En la audiencia de formulación de cargos, del pasado 28 de abril, el fiscal Galo Chiriboga argumentó que el gobierno presidido por León Febres-Cordero, entre 1984 y 1988, planificó y ejecutó ataques sistemáticos y generalizados contra grupos de izquierda a los que calificó como enemigos del Estado.

El funcionario expuso ante la jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Silvia Sánchez, que en ese contexto, en abril de 1985, Jarrín fugó del penal de Quito, con otros 4 miembros de AVC, quienes purgaban una pena por el robo al Banco del Pacífico.

En septiembre de 1986 salió a Ipiales y de allí a Panamá, donde fue capturado el 24 de octubre, 2 días después apareció baleado en Carcelén, en el norte de Quito.

La versión oficial fue que hubo un enfrentamiento armado cuando intentaron detenerlo, pero las narraciones de los testigos desmienten la versión policial. Los agentes lo regresaron de Panamá y estuvo preso en Quito antes de la ejecución. La autopsia reveló que el cuerpo presentó 8 impactos de bala, 2 de los cuales -según determinaron los forenses- se realizaron de arriba hacia bajo cuando Jarrín estaba tendido en el suelo.

Los indicios presentados por Chiriboga motivaron que la magistrada, ordene el inicio de la instrucción fiscal contra 13 implicados: 11 policías y 2 civiles. Entre ellos el general en servicio pasivo Holguer S., quien entonces se desempeñaba como jefe del SIC10; Gustavo L., funcionario del Ministerio de Gobierno de ese entonces; el excomandante de Policía Edgar V., quien, según el fiscal, planificó la política represiva. A todos les dictó prisión preventiva, pero al último citado, por residir en Estados Unidos, la Corte Nacional de Justicia inició el trámite de pedido de deportación.

Édgar V. también está implicado en el caso ‘Cajas, Vaca, Jarrín’, igualmente por delitos de lesa humanidad, el cual se tramita desde octubre de 2013 y aún espera la fecha del inicio del juicio.

Este fue el primer caso que se abrió en Ecuador por crímenes de lesa humanidad, cometidos contra Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, quienes sufrieron torturas, violencia sexual y desaparición forzada. Ocho militares fueron llamados a juicio por este motivo.

El director de la comisión de la verdad de la Fiscalía, Fidel Jaramillo, no sabe por qué el tribunal de la CNJ no convoca a la audiencia, que la esperan desde diciembre de 2014.

El organismo registró 118 casos  graves violaciones a los derechos humanos con un total de 456 víctimas, de las cuales 269 sufrieron privación ilegal de la libertad, 365 torturas; 86 violencia sexual; 17 desapariciones forzadas; 68 ejecuciones extrajudiciales y 26 atentados contra la vida.

“Vamos  a hacer el esfuerzo para judicializar todos, el análisis jurídico pormenorizado de cada caso nos va arrojando cuáles  son más fuertes desde el punto de vista de las evidencias”, señaló Jaramillo.

Aparte de estos 2 casos existen otros 5 referidos a violaciones a derechos humanos que se han judicializado como el caso ‘González y otros’, en el que 13 policías fueron sentenciados por la muerte de 8 personas durante una incursión, supuestamente, para repeler un presunto asalto a una farmacia en el norte de Guayaquil en noviembre de 2003. Las autoridades determinaron que las víctimas fueron ejecutadas.

El principal implicado en este caso el coronel Eduardo G., quien habría dirigido el operativo está prófugo y reside en Miami, Estados Unidos.

En el caso ‘Lema’, en cambio, la Fiscalía modificó la pena de 3 a 6 años a 3 expolicías por el delito de tortura a 5 adolescentes en 1998, las torturas se infligieron con el objeto de que los chicos se declaren culpables de un asesinato que no cometieron.

En el proceso conocido como ‘Amada Suárez’ se formularon cargos contra 5 policías en servicio pasivo también por ejecución extrajudicial de la mujer, sordomuda,  de 61 años, durante el operativo para capturar a Fernando Hermosa conocido como el ‘Niño del Terror’, en 1992.

Mientras que en la causa llamada caso ‘Arce’, la Fiscalía logró una sentencia de 5 meses de prisión por el delito de odio, el primero de este tipo juzgado en Ecuador, para un teniente del Ejército de la Escuela Militar, que profirió maltratos físicos y racistas al cadete Michael Arce por su condición de afroecuatoriano lo que lo obligó a pedir la baja voluntaria.

La Fiscalía también logró que en etapa de casación se anule el dictamen absolutorio que recibieron 2 policías que, supuestamente, causaron la muerte del estudiante Damián Peña, sucedida en Cuenca en 2002, durante una protesta estudiantil. El caso se volverá a juzgar.

Farid Simon, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco, reconoció que el país ha evolucionado en lo que se refiere al tema del respeto a los derechos humanos.

Es una obligación del estado investigar los casos de graves violaciones a los derechos humanos para encontrar a los responsables y que sean sancionados de acuerdo a la ley, además de reparar integralmente a las víctimas.

Simon aclaró que en este tipo de casos se juzgan las acciones de determinadas personas o funcionarios. “La Comisión de la Verdad ha dejado en claro que existió un contexto en una época identificada claramente cuando se violaban los derechos humanos esto es indudable”, dijo en referencia a los crímenes de lesa humanidad. Hay personas que tratan de justificar esos hechos diciendo que se combatía un supuesto “terrorismo”, pero eso no justifica que los derechos humanos hayan sido violentados, todos tienen derecho al debido proceso”. (I)