En julio, el presidente Rafael Correa anunció que entre las  reformas que se  incluirían en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que discute la Asamblea Nacional, estaría el cumplimiento obligatorio de las normas técnicas de construcción, en donde se establecería penas y sanciones para las autoridades que otorguen permisos para levantar casas en zonas de riesgo.

Las municipalidades de la región centro del país han tomado ya iniciativas propias para reducir el número de edificaciones de este tipo.  Ese es el caso del Puyo (Pastaza), en  donde en diciembre de 2012 se promulgó una ordenanza  y el código de regulación urbana, con el cual el Cabildo tiene la potestad para administrar el suelo y determinar dónde se debe establecer todo tipo de edificaciones.

Basados en este cuerpo legal se determinó  que el área considerada como zona de riesgo es la que se ubica al costado izquierdo en el paso lateral de Puyo-Tena, partiendo desde el monumento al balsero al ingreso al Puyo, hasta la Universidad Estatal Amazónica, en una extensión de aproximadamente 4,5 kilómetros.

El director de Planificación del Municipio, Patricio García, dio a conocer que, amparados en la ordenanza, desde enero del presente año se ha restringido la autorización para la construcción  en toda la longitud del paso lateral.

La reubicación de las familias que viven en zonas de riesgo es la tarea más compleja para los CabildosSin embargo, desde hace varios años en este sector existen aproximadamente 60 edificaciones, entre ellas viviendas privadas, el colegio Provincia de Pastaza, el monasterio Santa Clara, talleres de mecánica, moteles y hasta  uno de los tanques de reserva de agua potable para la ciudad.

La determinación de zona de riesgo obedece a la fragilidad de las laderas y debilitamiento de los taludes que existe en un tramo de 2 kilómetros. Igualmente, las bases del terreno no cuentan con una estructura sólida y al presentarse lluvias prolongadas las aguas provocan deslizamientos.

Los riachuelos que existen en las laderas incrementan su caudal y al bajar arrastran todo a su paso. Se calcula que en este sector habitan cerca de 80 familias.

Mientras que el Municipio de Riobamba (Chimborazo), en convenio con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y con el apoyo de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), llevan a cabo un proyecto de vulnerabilidad estructural de viviendas, el cual permitirá conocer el estado de fabricación de las mismas y las zonas en las cuales son edificadas.

El estudio, por ahora, ha determinado que existen 18 barrios en Riobamba considerados como los más críticos, ya que son levantados sin un control de calidad, tales como: barrios La libertad, Los Laureles, San Antonio del Aeropuerto, 24 de mayo, 11 de noviembre, José Mancero, Perímetro de las Industrias, San Miguel de Tapi, Medio Mundo, La Florida,entre otros. “Estamos en un plan piloto, escogimos estos barrios porque consideramos que no hay estudios ni diseños de las viviendas. Luego pasaremos a otros que presentan características similares”, indicó Tito Castillo, investigador de la UNACH.

En los barrios urbano-marginales de Riobamba, asimismo, al menos el 83% de las viviendas presentan defectos de configuración estructural, solo el 2% de los proyectos aprobados por el cabildo cumplen con la normativa sismorresistente.

Los resultados de este proyecto serán llevados hasta el Municipio de Riobamba, para que las autoridades, basadas en datos reales, implanten ordenanzas que regulen las edificaciones y no se permita los asentamientos en lugares proclives a desastres.

Por su parte, en Ambato (Tungurahua), las normativas se asientan dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, en donde se determina cuáles son los lineamientos con los que se califica a determinadas áreas como zonas de protección, y por lo tanto no se admiten construcciones. El artículo 9 de dicho plan, apartado 5, estipula como requisito previo a una construcción presentar un informe de estudio de suelos al Cabildo, cuando la edificación sobrepase los cinco pisos o 15 metros de altura.

La subida a Pinllo, San Luis, La Vicentina, Zona alta de Ficoa y ciertas zonas de Atahualpa, también en Tungurahua, son algunas de las zonas que a pesar de que el municipio prohíbe construir en zonas con gradiente pronunciada, presentan gran cantidad de casas.

Ángel Polibio Chávez, procurador síndico del Municipio, señaló que el Cabildo mantiene constantes controles de vigilancia para evitar que se construya en zonas de alto riesgo, aunque admitió que un factor determinante para el incremento de estas edificaciones es el crecimiento poblacional.

DERROCAN CASA POR CONSTRUIR SIN PLANOS

En la urbanización San Carlos, calles Los Barbados, entre Haití y Bahamas, la Unidad de Justicia, con trabajadores del Municipio de Ambato, derrocaron los tres últimos pisos de una construcción en donde el propietario incumplió las normas del Cabildo.

Años atrás, el Municipio aprobó los planos para la construcción de cuatro pisos; los propietarios haciendo caso omiso construyeron  tres pisos más de manera antitécnica y sin planos aprobados. Ante esa situación, el Cabildo empezó con las instancias legales y finalmente el fallo de la Corte Constitucional fue en su favor ordenando el derrocamiento inmediato de los tres pisos edificados  sin los permisos.

DATOS

Dentro de las funciones del GAD Municipal de Latacunga (Cotopaxi) y la Comisaría de Construcciones está el cuidado y la prevención en zonas de riesgo que se hallan identificadas dentro de la ordenanza denominada: Ocupación del suelo en las  zonas rurales; la misma que está en vigencia desde 2012.

La ordenanza especifica que están prohibidas las construcciones a menos de 10 metros de quebradas, ríos, líneas de alta tensión, línea férrea y poliducto.

La sanción para las personas que infringen la ley, de acuerdo a la ordenanza, es el derrocamiento de la vivienda.