Defensoría pide suspender el cobro de los medidores

23 de agosto de 2013 - 00:00

El gremio Ingenieros Civiles de Chimborazo presentó ante la Defensoría del Pueblo, un pedido de investigación sobre la procedencia y justificación legal de los medidores de agua potable instalados en Riobamba.

Estos equipos forman parte del plan maestro que lleva a cabo la  Empresa Municipal  de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba (Emapar).

Más de seis meses le tomó a un equipo técnico del Colegio de Ingenieros Civiles de Chimborazo (Cicch)  recabar información y realizar estudios, para presentar 21 observaciones sobre el programa de agua. Dos de estas fueron acogidas por el Defensor del Pueblo.

La primera se basa en la calidad de los medidores, pues en algunos sectores estos equipos ya presentan fugas, lo cual el gremio considera como un perjuicio a la ciudadanía. “No solo por el valor a ser pagado (39 dólares) en promedio, sino porque el desperdicio dificulta la posibilidad de dotar del líquido a otros sectores de la ciudad”, detalla el informe.

Algunos dispositivos están abiertos y no cumplen con las seguridades requeridas.

La segunda observación tiene que ver con el  análisis de  los costos de las nuevas conexiones domiciliarias, pues el contribuyente tendrá que cancelar 140 dólares.

El análisis señala que son de “mala calidad las cajas de pared, falta de alineación vertical y horizontal de la acometida, tubería de termo fusión a la intemperie, mala calidad de los resanes en la colocación de la tubería”.

El plan municipal preveía la colocación de los dispositivos en la zona urbana de la ciudad y en las áreas de expansión. Hasta el momento se han instalado 3.500 medidores en tres sectores: Saboya, Maldonado y San Martín de Veranillo.

Según Víctor Llanga, presidente del colegio, en el estudio realizado se determinó que hay medidores que no debían ser cambiados por cuanto su vida útil no ha expirado. “No toda la ciudad necesita controladores de consumo nuevos. Hay algunos que tienen cinco o seis años de instalados. Esto tendrá que responder la empresa de agua potable. No es posible que los usuarios paguemos por un servicio que todavía no se ha entregado y que ya presenta fallas”, aseveró.

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor señala en su Artículo 32: “Es deber de las empresas encargadas de la provisión de servicios públicos domiciliarios, la obligación de prestarlos con eficiencia, calidad, permanencia y a precios justos”.

Sobre la base de esta disposición, la Defensoría del Pueblo solicitó al Municipio de Riobamba que se suspendan los cobros por los medidores.

DATOS

En el Plan Maestro de Agua Potable para la capital de Chimborazo, se invierten alrededor de 30 millones de  dólares.

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba, cuenta con 32.384 usuarios, de los cuales 21.989 tienen instalados medidores y 10.395 disponen de  acometidas directas.

Por concepto de las nuevas conexiones domiciliarias  el contribuyente tendrá que cancelar 140 dólares, que según el Colegio de Ingenieros Civiles de Chimborazo no cuentan con las garantías necesarias respecto a su calidad. Algunos de los equipos presentan fugas
Paúl Mancero, titular de ese despacho, indicó que es su deber velar por el derecho de las personas y que estas dispongan de bienes y servicios de óptima calidad. “Hemos tomado en cuenta la petición de este gremio y estamos notificando a la Emapar para que se suspenda de forma provisional el proceso de cobro y facturación de las nuevas conexiones domiciliarias.

Ello, dijo, hasta realizar una investigación más clara sobre este asunto que preocupa a la comunidad riobambeña. “Si se está actuando correctamente, por parte de la empresa, habrá que reconocer y cumplir, pero si no es así, tendrá que rectificar”, advirtió.

Anunció que solicitará la intervención técnica de profesionales tanto de la Universidad Nacional de Chimborazo (Unach) como de la Escuela Superior Politécnica (Espoch), para que elaboren un informe  sobre la ejecución del plan maestro de agua potable.

Aunque la Emapar cuenta con ocho días, a partir de la notificación, para responder la petición de la Defensoría de suspender provisionalmente el cobro y facturación de las conexiones domiciliarias de medidores, Mario Robalino, alcalde de la ciudad, indicó que mientras no se realice la investigación no se puede detener ese proceso. “Esperaremos primero los resultados”, acotó.

Esta no es la primera observación al plan maestro, pues en mayo el concejal y representante ante el directorio de la empresa, Gonzalo Ruales, afirmó que este proyecto no cuenta con planos de las tuberías de la red.

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