No todos los pobladores de la parroquia Molleturo, cantón Cuenca, donde se ubica el proyecto minero Río Blanco, están en contra de la explotación aurífera.

La división es evidente en las comunidades Cochapata, San Pedro de Yumate, Shin Alto y en la cabecera parroquial: Molleturo.

José Yuqui, habitante de Cochapata, indicó que la empresa los ha ayudado, además de darles trabajo, proporcionando luz eléctrica, agua potable y hasta una carretera.

Agregó que antes se trasladaban a sus hogares a caballo, en condiciones precarias, ya que iban a la montaña en medio de la lluvia, el frío y la neblina. La comunidad Cochapata tiene una población de 600 familias, de las cuales muchas están empleadas en el proyecto, según el habitante.

Para Carlos Morales, morador de Molleturo y dirigente comunitario, en cambio, la instalación de la minera les trae muchos perjuicios y problemas, “los mismos que ya se notan”.

Indicó que hay residuos tóxicos en las aguas del río Quinua y que durante 5 años han protestado para que no se instale el proyecto, “pero no hemos sido escuchados”.

Aseguró que se mantendrán en la protesta hasta que se cumpla con el pedido de que salga la empresa del territorio de Molleturo.

Tras los incidentes registrados el martes 8 de mayo en el campamento minero Río Blanco, según el gobernador de Azuay, Xavier Enderica, la calma regresó al sector, sin embargo, la empresa no ha podido reanudar labores por los daños causados durante la protesta. Agregó que se mantendrán en el sitio 200 policías y 100 miembros del Ejército para controlar el orden.

Mientras tanto, la Fiscalía de Azuay inició el proceso por los hechos ocurridos en Molleturo. “Tras los elementos de convicción recopilados por la Fiscalía, el juez William Sangolquí dispuso prisión preventiva contra Jacinto F., Bolívar F. y Simón Q. por su presunta participación en el delito de sabotaje”.

El ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, manifestó que el proyecto Río Blanco cuenta con los permisos ambientales. “Tiene todas las salvaguardias ambientales para operar”.

La autoridad señaló que no hay evidencias, hasta ahora, de contaminación, ni de mala práctica ambiental.

Para Granizo, la quema del campamento es injustificada. “La empresa tiene varias universidades que hacen monitoreos permanentes... ni siquiera son monitoreos del Ministerio”. Agregó que se hacen evaluaciones en el tema hídrico.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), por su parte, respaldó las acciones de los comuneros de Molleturo–Río Blanco, “como muestra de inconformidad ante la falta de seriedad y resultados concretos dentro del proceso de diálogo en torno a temas extractivos”.

“La palabra del Presidente de ‘no más concesiones mineras’ queda en entredicho”, dice la Conaie. (I)

El control de la Policía y del Ejército se mantendrá en el lugar, donde hay elementos peligrosos, como dinamita, según el gobernador. Foto: Fernando Machado / El Telégrafo