Según estudios realizados, en Cuenca viven más de veintidos mil adultos mayores con capacidades diferentes y un total de trece mil personas condiscapacidad permanente.

Esta cifra se pudo conocer luego de que se realizó en la urbe el taller denominado: “Ciudades Accesibles, Condiciones Arquitectónicas para las Personas Adultas Mayores y con Discapacidad en Espacios Públicos y Privados”. El evento estuvo a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social a nivel nacional, mediante el Instituto de Investigaciones Gerontológicas (Iniger).

El objetivo del plan es generar, promover y difundir la investigación, producción y desarrollo del conocimiento, relacionado con el proceso de envejecimiento para diseñar insumos de política pública y lograr el buen vivir del ser humano.

La indagación arrancó en  junio de 2012 y luego de cinco meses de trabajo se dieron a conocer los resultados de la misma, con elementos que permitirán establecer recomendaciones y conclusiones para mejorar las condiciones de  vida de las personas afectadas en varios sectores de la urbe.

Esteban Orellana, consultor de ese programa, señaló que “hoy conocemos que el grado de vulnerabilidad de una persona, un hogar o un grupo de personas está determinado por su exposición a los factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas; estas situaciones hoy son cotidianas al afrontar los retos que supone enfrentar un ambiente que fue diseñado y construido durante más de cuatro siglos y que hoy debe empezar a estructurarse y gestionarse como espacios para la convivencia humana en todo su ciclo de vida”.

Edmundo Villavicencio, coordinador de la Zona 6 del MIES, resaltó la labor que se hace por parte del Gobierno mediante esta cartera de Estado y su ministra, Doris Soliz Carrión, indicó.

“El Ministerio presenta las agendas sociales para personas adultas mayores. Está sujeta y articulada al Plan Nacional para el Buen Vivir, lo que constituye un instrumento de política pública, elaborada con la activa participación ciudadana más la de otros estamentos y niveles de Gobierno que, una vez implementadas, permitirán a la población una vida con dignidad”, recalcó.

La aplicación de esta Agenda de Igualdad significará profundizar los dos ejes de política pública para la inclusión y cohesión social. La protección social básica, explica, debe ser entendida como “el acceso a educación de calidad, servicios de salud integral, agua segura y permanente, alimentos sanos, suficientes y nutritivos, hábitat seguro y saludable, vivienda adecuada y digna, trabajo digno, seguridad social universal y derecho a la movilidad”.
La protección especial es el otro aspecto. Este, de acuerdo a Orellana, está pensado para la prevención de la explotación, la violencia, la mendicidad, la trata o el abandono de este grupo vulnerable.