En  diciembre, más de 100 trabajadores de la Empresa Cementera Guapán  fueron despedidos y recibieron una indemnización de aproximadamente $ 80 mil cada uno.

Ahora con ese dinero, 15 de ellos invirtieron cerca de $ 900 mil, entre todos, en la construcción de una empresa de hormigón que estará ubicada en la parroquia Javier Loyola, sector Las Monjas. 

Una vez iniciados los trabajos de excavación en el sitio escogido para la compañía, moradores del lugar se opusieron  e impidieron que las maquinas siguieran operando.

Su principal cuestionamiento es el impacto ambiental que puede causar en la zona la remoción de tierra y la edificación de la planta.  

Los dueños de la hormigonera descartan alguna afectación al ecosistema y argumentan que su labor consiste solo en mezclar productos para la construcción.

Gustavo Molina, presidente de la junta parroquial de Javier Loyola, aseguró que los ex cementeros nunca socializaron con los habitantes la obra que iban a levantar. “Ni siquiera conmigo hablaron como representante de la parroquia. Nunca socializaron la idea ni nos hicieron conocer el proyecto, es por eso que la gente se levanta en contra de la empresa”, explicó.  

El dirigente parroquial dijo que están abiertos al diálogo y también que esperan que los organismos competentes emitan un pronunciamiento acerca de la afectación al ecosistema. “Eso solo lo pueden determinar especialistas del Ministerio del Ambiente”, sentenció.

A más de ello cree que la empresa de hormigones debe tener responsabilidad social en el sentido de contratar la mano de obra de la parroquia como lo hacen otras empresas. “Realmente no sabemos si se obró con mala intención por parte de los propietarios, porque hace unos días hablaron conmigo y me pidieron disculpas. Según ellos, no sabían que el proyecto debía ser socializado con la población vecina”, recalcó.

Son 20 las familias vecinas de la empresa que se oponen a su instalación en el sector. Por ejemplo, los Tapia tienen cerca del lugar un negocio de venta de plantas y, a decir de ellos, “el polvo o los gases que pueda emanar la empresa les afectará”.       

Mientras tanto, técnicos del Ministerio del Ambiente desde la semana pasada se encuentran haciendo estudios y revisando lo que han hecho los microempresarios.

Sobre el impacto al ecosistema que producirá, Melvin Alvarado, director provincial de esa cartera de Estado, anunció que en los próximos días se darán a conocer los resultados finales del estudio.

Pero el problema no se da solo por la falta de socialización, sino también por la falta de los permisos municipales.
Estas autorizaciones aún no han sido tramitadas por los ex cementeros, y los comuneros ya se adelantaron ante el alcalde Eugenio Morocho para que no se las otorguen.

Del mismo modo, demandaron la inmediata clausura del sitio a fin de que se suspendan los trabajos de construcción.
El burgomaestre dijo que se hará el análisis imparcial y técnico con el fin de no perjudicar a nadie.

Los pobladores pidieron que en el Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia conste este sector como zona rural habitable para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir.

Paúl Sacoto, uno de los propietarios de la empresa hormigonera, manifestó que la empresa no causará ningún impacto ambiental porque no se fabricarán productos sino que solo se mezclarán para luego ser vendidos.

Lorena Rodríguez, otra de las inversionistas, dijo que Azogues no cuenta con una empresa de esta naturaleza y que sería importante apoyar estos proyectos por cuanto aportan con desarrollo industrial a la provincia.