En la Brigada de selva 17 Pastaza  se encuentra en funcionamiento el   Subcentro de Control de Armas, cuya finalidad es regularizar la tenencia y el porte de armas en las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago.

Esta entidad inició sus operaciones  en coordinación con la Policía Nacional y en sus primeras acciones, se  decomisaron seis pistolas calibre 38 de fabricación nacional.

Las pistolas fueron retenidas a personas que cumplían actividades de seguridad en las siguientes instituciones:  dos en el Hospital Puyo, uno en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), una en el terminal terrestre, una en el Banco Nacional de Fomento y en la Universidad Politécnica Amazónica, ubicada en  Tena,  una pistola.

“El motivo para la retención de las armas fue que los permisos de uso estaban caducados, lo que constituye una infracción. Los propietarios dispondrán de 90 días para efectuar el trámite  y legalizar cumpliendo algunas exigencias”, indicó del capitán  Carlos Arias, Jefe del Subcentro.

Por su parte, Francisco Armendaris, Jefe del Estado Mayor de la Brigada de Selva 17 Pastaza, sostuvo que los infractores “deberán, además, presentar su documentación personal, explicar los motivos principales para  los que requiere el arma; pero lo principal es que deben contar con un perfil sicológico adecuado y disponer de buena salud”, afirmó el militar.

Los oficiales Armendáriz y Arias  anunciaron que los operativos de regularización y tenencia de armas  estarán dirigido a fabricantes y  portadores. E invitaron a la ciudadanía a que actualice sus permisos o, a su vez, proceda a la entrega  voluntaria hasta que se ponga al día de acuerdo a las exigencias de la ley.

Sobre la tenencia de armas de los indígenas en el interior, quienes las  emplean para  cacería, el Jefe de Estado Mayor  anticipó que las unidades adelantadas iniciarán una campaña de socialización y orientación para iniciar la regulación. “No vamos a retirarles, solo buscaremos que se registren y cuenten con el permiso necesario para su posesión”,  indicó Armendáriz.

Esta actividad tuvo reparos de parte de  José Gualinga, dirigente indígena de Sarayaku, quien cree que en la ciudad sí es necesario evitar que las personas porten armas; pero que en las comunidades los indígenas tan solo cuentan con carabinas caseras y vetustas que únicamente utilizan para la cacería de animales para su alimentación.

“Quienes hagan el control deberán tomar muchas precauciones, porque ingresar a los domicilios indígenas en las comunidades e intentar decomisar las carabinas puede traer problemas (…) Debemos evitar que se atente a los derechos humanos”, refirió.

Armendáriz reiteró que  el objetivo de los  operativos de control  es el de  verificar que los portadores de armas cuenten con los permisos respectivos y  evitar que personas inescrupulosas hagan uso de las armas para cometer actos vandálicos y delictivos y que los dirigentes indígenas deben apoyar  el trabajo de socialización sobre  controles.