A 10 minutos de Salcedo, en la parroquia Antonio José de Holguín, funcionaba un supuesto centro de rehabilitación para personas con adicciones, que fue clausurado por las autoridades por carecer de los permisos correspondientes.

Los operativos de control continuaron, y la tarde del martes fueron inspeccionadas 2 instituciones más. Una fue notificada, mientras que la segunda se encuentra en un proceso de remodelación.

Para que un centro de ayuda sea legal debe contar con el permiso del Ministerio de Salud Pública (MSP) a través de la Dirección Provincial.

Robin Tapia, comisario de Salud de Cotopaxi, informó que los requisitos básicos son infraestructura básica, sanidad, alimentación y cuidados médicos adecuados.

El centro Antonio José de Holguín, que funcionaba en una sola planta, contaba con una estructura obsoleta, según el informe de la comisaría.

Sus paredes estaban despintadas; los lavamanos, dañados, y las camas y colchones eran antihigiénicos.
Además, los alimentos se encontraban en mal estado y tampoco había atención médica.

En el lugar clausurado estaban asiladas 35 personas, entre ellas 2 menores de edad. Uno, padecía epilepsia crónica y el segundo, un retardo mental.

“En un árbol eran atados aquellos que recaían, cubiertos de miel para que las moscas se pegaran a sus cuerpos. Estaban privados de la libertad”, explicó Mario Sandoval, intendente de Policía.

Los productos de aseo eran elaborados por los propios internos, para el uso y también para la venta. En la fabricación no utilizaba ningún tipo de protección.

Cada uno debía cancelar 250 dólares como pensión para mantener su estadía en ese lugar.

“Se los veía muy poco, pero cada vez estaban más delgados y demacrados. Era evidente que eran víctimas de maltratos”, dijo un morador de la parroquia que prefirió mantener su nombre en reserva.

En el operativo de clausura, que se efectuó en días pasados, intervinieron psicólogos y médicos que evaluaron a los internos. Estos fueron enviados al hospital Yerovi Mackuart, de Salcedo.

Allá, los adultos recibieron atención y los menores fueron llevados a la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes (Dinapen).

Dos personas, entre ellas la propietaria del centro, fueron detenidas para las investigaciones que al momento se realizan en la Fiscalía.

El funcionamiento del lugar se conoció por la denuncia de una vecina. Ella, según contó, se cansó de los actos que presenció y decidió poner el caso a cargo de las autoridades de control.

La denuncia se realizó por medio de una llamada telefónica al director de Salud de Cotopaxi, Orfait Rivera.

En la reciente acción de control, se visitó un centro de rehabilitación para personas con adicciones en Latacunga. En ese sitio no se encontró a nadie y se dejó una citación para que acudan a una audiencia.

Mientras que en un centro de rehabilitación de Pujilí, se constató que no contaban con pacientes porque se hallaba en un proceso de reconstrucción.

El intendente manifestó que no se puede mencionar cuántos centros hay y su ubicación exacta, pues los operativos continuarán y “no quiere alertar a quienes actúan al margen de la ley”. Solicitó a los ciudadanos que no permitan que sus familiares o amigos estén en sitios no autorizados.