El lunes 1º de abril se registró un gran movimiento en las afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Latacunga, a propósito de la finalización del plazo para que las 63 organizaciones sociales que se inscribieron en el proceso de consulta prelegislativa, presenten sus observaciones al proyecto de ley de recursos hídricos que el Gobierno  envió a la Asamblea Nacional. La normal legal sería uno de los primeros temas que se sometan a debate en el próximo período parlamentario que se  iniciará en mayo.

De las 63 organizaciones inscritas en Cotopaxi,  casi todas están vinculadas al Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).

Jorge Herrera, Vicepresidente del Movimiento, manifestó que entre las principales preocupaciones de la organización está  el tema del control de las fuentes de agua.  Respecto a  ello, el colectivo pide que se respete el manejo comunitario de las fuentes que están en territorios calificados como ancestrales, pues sostienen que allí sus antepasados practicaban rituales sagrados. También solicitan que no se establezca una autoridad única del agua a cargo del Estado, sino que se conformen consejos de participación integrados también por representantes de las juntas de agua y juntas de regantes, entre otros sectores.

“Los alcances que ha tenido esta consulta la queremos ver reflejada en la Asamblea Nacional. Caso contrario, resultaría  un justificativo ante los pueblos y se pasaría la ley como estaba. Y así no habríamos ganado nada”, señaló Herrera.

El Presidente del MICC, Mario Alomoto, acompañó a los dirigentes de las organizaciones a entregar los sobres en la delegación provincial del CNE.

El dirigente añadió que los indígenas no están conformes con este proceso de consulta prelegislativa porque, en  primer lugar, las observaciones no serán vinculantes; es decir, que la Asamblea no está obligada a acatar el pronunciamiento de las personas consultadas.

Y,  además, porque solo se les consultó sobre 46 de los 266 artículos que contempla el proyecto.

A partir de ahora se tendrán 30 días para convocar a las audiencias públicas provinciales.