La negociación con el consorcio Acciona-Odebrecht, anunciada el lunes por el alcalde Mauricio Rodas a fin de reducir los costos de la segunda fase del Metro de Quito, no es un mecanismo nuevo.

El procedimiento está contemplado en las políticas de contratación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las que rigen desde el principio la construcción del sistema de movilidad.

Así lo confirmó Édgar Jácome, extitular de la Empresa Metropolitana Metro de Quito, quien añadió que el artículo 263 de dicha norma determina “la posibilidad de negociar (como parte de las licitaciones) con la oferta de menor valor económico”.

La disposición también establece los ámbitos en los que se puede negociar, pues “no se trata de que antes te ofrecía construir en $ 10 y ahora te propongo $ 9”, dijo el exfuncionario municipal.

El BID determina que los diálogos con el oferente pueden efectuarse sobre los alcances del proyecto, los riesgos y la responsabilidad constructiva.

En el caso del Metro capitalino -a juicio de Jácome- lo más importante son los alcances del proyecto. Estos se relacionan con cantidades, dimensiones y otros.

“Por ejemplo se puede determinar que en tal o cual lugar se instalen 2 escaleras eléctricas en lugar de 3; que se reduzca la profundidad de algunas estaciones, ahorrando material, o que se modifique el trazado en algún punto, bajando costos, pero sin afectar la calidad”, aseguró.

El uso de las normas del BID también hace improbable que se acepte el pedido del consorcio Ansaldo - Impregilo - Herdoíza Crespo para que se lo incluya en las negociaciones. El organismo multilateral establece que la negociación se hará con el proponente con la oferta más baja.