Los ajustes a los impuestos prediales para el 2012 en el Distrito Metropolitano se encuentran en plena vigencia, luego de que ayer la jueza Primera de Trabajo de Pichincha, Elizabeth Cárdenas, declaró vigentes las ordenanzas municipales expedidas en este sentido.

El pasado miércoles la jueza aceptó el pedido de medidas cautelares planteado por el ex candidato a la Alcaldía y ex edil capitalino, Antonio Ricaurte, con lo que quedó en suspenso la aplicación. 

Para dilucidar el tema, Cárdenas convocó a una audiencia a las partes, las cuales se dieron cita a las 08:30 de ayer al Juzgado de Trabajo, en el cual por más de dos horas expusieron sus argumentos.

Asistió el procurador metropolitano, Ernesto Guarderas, en representación del Municipio; Salim Zaidam, abogado defensor de la Procuraduría General del Estado y Antonio Ricaurte, quien en días pasados presentó la demanda contra las ordenanzas aprobadas el pasado 9 de diciembre en  sesión del Concejo Metropolitano.

En la sesión se aprobaron las ordenanzas que  racionalizan la determinación y cobro del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 2012-2013, el cobro de la contribución de mejoras y el impuesto a la utilidad y plusvalía de las transferencias de dominio de predios urbanos.

Según la jueza Cárdenas, las medidas presentadas por el demandante buscaban suspender la publicación de las ordenanzas en el Registro Oficial. Sin embargo, esos documentos ya  fueron incluidos en el Registro el 19 de diciembre.

En virtud de estos nuevos hechos, dice la jueza en su resolución, “ésta ya no es la vía correspondiente. En este momento, las medidas solicitadas por el accionante en primera instancia son ineficaces, por existir ya el cuerpo normativo publicado en el Registro Oficial. En virtud de ello, se revocan las medidas que fueron aceptadas en el auto del 19 de diciembre del 2011 a las 10:52”.

Durante la audiencia, Zaidam mencionó que “como representante de las instituciones del Estado y en virtud de que existe una publicación y que la Municipalidad siguió con los procesos legales y reglamentarios para la publicación de las ordenanzas, se concluye que la acción dictada por la jueza con fecha 19 de diciembre debía ser revisada y dejada sin efecto”.

En su intervención, el procurador Guarderas indicó que la petición formulada por Antonio Ricaurte carece totalmente de fundamentos jurídicos.

“La resolución de la jueza ha sido estrictamente apegada a lo jurídico y ha dejado a un lado la parte política. La jueza se dio cuenta que aquí estamos frente a un foro jurídico y no político. Estamos contentos porque se actuó en derecho”, remarcó.

Tras conocer la resolución, el ex concejal Antonio Ricaurte no descartó acudir a la Corte Constitucional (CC) para presentar un reclamo o una acción legal, la cual será comunicada oportunamente.

En declaraciones anteriores el alcalde de la ciudad, Augusto Barrera, defendió la legalidad de las ordenanzas aprobadas y aclaró que no se trata de un incremento de los impuestos, especialmente los prediales, sino una racionalización para que se pague lo justo.