El presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad (OCM), Cristóbal Buendía, anunció que pedirá al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, que declare lesivo el contrato de compra de las 80 unidades biarticuladas que llegarían a la ciudad en los próximos meses.

La entidad basará su petición en el artículo 373 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que establece: “Las máximas autoridades de los GAD podrán de oficio o a petición de parte declarar lesivos para el interés público los actos administrativos que generen derechos para el administrado que sean legítimos o que contengan vicios convalidables (...)”.

Según Buendía, el convenio firmado entre la Alcaldía y la empresa Superpolo S.A., encarece hasta un 44% el costo de las unidades.

La adquisición se realiza a través del préstamo de una parte del dinero ($ 26,5 millones) concedido por la propia compañía proveedora con un interés de 8,61% anual y un plazo de 7 años.

De acuerdo con un análisis del observatorio, estas condiciones representan 2 o 3 veces más los costos a los que multilaterales como la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) suelen entregar créditos.

Un ejemplo de ello es el préstamo “de $ 26’715.200” concedido por la CAF a la actual administración municipal para  ejecutar las obras complementarias de la Ruta Viva.

El contrato del crédito establece en su cláusula undécima que el “prestatario se obliga a pagar semestralmente a la CAF intereses sobre los saldos insolutos de capital del préstamo a la tasa anual variable que resulte de sumar la tasa LIBOR para préstamos a seis (6) meses (...) más el margen de 2,05%”.

Algo similar ocurrió con el préstamo otorgado por la misma entidad a la capital en la anterior Alcaldía para la ejecución de la fase uno de la Ruta Viva.

En ese caso, el interés fue fijado en una “tasa anual variable que resulte de sumar la tasa LIBOR para préstamos a seis (6) meses aplicable al período de interés, más el margen de 2,55%”.

Ayer, la tasa LIBOR general se encontraba en -0,39571%.

El OCM también encuentra otros problemas en el contrato de compra de los buses biarticulados. Uno de ellos tiene que ver con la diferencia de tiempo entre la adjudicación del contrato y el momento en que el documento fue firmado entre las partes.

Buendía apunta que el convenio de adquisición se suscribió en marzo de este año, mientras que la adjudicación ocurrió en diciembre de 2015, tres meses antes. El directivo recuerda que el artículo 113 del reglamento de la Ley de Contratación Pública determina el plazo en el que se puede suscribir el acuerdo entre las entidades estatales y los adjudicados.

La norma señala que el plazo entre un procedimiento y otro “no podrá exceder de quince (15) días término siguientes a la fecha de adjudicación (...)”.

La entidad ciudadana reclama, también, que los buses no llegaron en diciembre de 2015 como anunció la Alcaldía.

Según Rodas, las primeras unidades llegarán en las próximas semanas y operarían desde el segundo semestre de este año. (I)