La comunicación del Municipio está a cargo de un encuestador

Aparenta mantener la calma todo el tiempo y salpica constantemente sus palabras con sonrisas durante la charla que se realiza en una oficina adyacente a su despacho.

No obstante, Gandhi Espinosa no puede evitar que su rostro refleje tensión cuando se le pregunta si sabe que su nombramiento como secretario metropolitano de Comunicación contravendría el artículo 42 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). La norma está en vigencia desde junio del año pasado.

El citado artículo establece literalmente que: “(...) En las entidades públicas, los cargos inherentes a la comunicación serán desempeñados por comunicadores y periodistas profesionales”.

Espinosa no posee formación académica ni título equivalente en esta área. Según la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), tiene una licenciatura en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas. El título lo obtuvo en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) en el año 2002.

Además, su carrera profesional se ha desarrollado en el mundo de las encuestas y la consultoría política y no en los medios de comunicación.

Mucho tiempo ha trabajado junto a Jaime Durán Barba, fundador de la empresa Informe Confidencial. Durán Barba reconoció en marzo pasado, que él y su equipo participaron en la campaña política que llevó a Mauricio Rodas a la Alcaldía de la ciudad, en tareas de estrategia y propaganda.

La primera respuesta del Secretario de Comunicación a la interrogante es que entiende que su cargo no guarda relación con lo estipulado en la Ley de Comunicación. “Yo no manejo temas periodísticos, hago planificación. Quien ejecuta esa tarea es Jenny Silva (jefa de prensa del Cabildo)”, asegura y pide que la convoquen a la oficina.

De todos modos, como para asegurarse de lo que dice, pide a una asistente que imprima el texto aludido para revisarlo. Cuando lo tiene en sus manos, lo lee en voz alta.

Reflexiona y dice que a su parecer el artículo en cuestión es demasiado genérico al hablar de “cargos inherentes a la comunicación”.

Contrapregunta entonces sobre qué pasaría si se juzgara bajo los mismos preceptos, por ejemplo, a los operadores de Distrito FM y Radio Municipal (emisoras propiedad del Cabildo quiteño) o a los fotógrafos y camarógrafos sin título que laboran para el gobierno local.

No obstante, la LOC sí contempla ese tipo de casos cuando en su transitoria decimosexta establece: “Quienes estén trabajando en medios de comunicación social o entidades públicas, tienen plazo de 6 años para cumplir las obligaciones establecidas en el segundo párrafo de artículo 42 de esta ley (...)”.

De hecho, los reporteros gráficos del país se han organizado y han sostenido encuentros con las autoridades del área, con el fin de establecer parámetros y formas de cumplir con la Ley de Comunicación.

Espinosa también señala que a su entender, los requisitos de su cargo se relacionan con el orgánico funcional del Municipio quiteño y que aquel no establece la necesidad de un título específico.

Sin embargo, Hernán Reyes, vocal del Consejo de Regulación y Desarrollo de Información y Comunicación (Cordicom), dice que las entidades públicas están obligadas a cumplir con lo que dice la LOC.