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El cabildo estableció 8 medidas de austeridad en junio pasado

Alcaldía de Quito adjudicó 17 consultorías en 5 meses

La elaboración de pliegos para las obras del proyecto Quitocables figura entre las consultorías contratadas.
La elaboración de pliegos para las obras del proyecto Quitocables figura entre las consultorías contratadas.
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El 3 de junio pasado, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, anunció a la prensa que había firmado aquel día una resolución que contenía 8 medidas a fin de reducir los gastos de la Municipalidad.

Esto obedecía, según Rodas, a la comprobación de que el Cabildo capitalino había experimentado una elevación del gasto corriente, lo que limitaba el uso de recursos para proyectos importantes.

“Esto ha generado que el Municipio se convierta en una entidad extremadamente gorda y obesa. Es necesario que el Municipio gaste menos y ahorre más”, aseguró el Alcalde a los medios.

El ámbito de aplicación de la llamada Resolución de Austeridad incluía, además de la Alcaldía como tal, a empresas públicas metropolitanas, fundaciones, corporaciones e institutos que forman parte de la administración de la ciudad.

Una de las directrices consistía en la “limitación de contratación de consultorías, asesorías e investigaciones especializadas”. Pese a la suscripción del documento, 8 entidades dependientes del Cabildo han adjudicado 17 contratos de ese tipo entre agosto y diciembre últimos.

Los proyectos asignados en el período descrito alcanzan un monto de $ 1’402.441,86, de acuerdo con información publicada en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Está pendiente la asignación de otro proyecto por parte de la Secretaría Metropolitana de Movilidad por un monto de $ 160.714.

La Secretaría Metropolitana de Planificación es el órgano que más contratos ha asignado (5), todos entre el 4 y el 21 de diciembre. Las consultorías de dicha secretaría incluyen dos contratos asignados a la empresa Devsusoftware Cía. Ltda. por $ 79.473,21.

Uno de ellos, adjudicado el 11 de diciembre, se refiere al “diseño y desarrollo de un sistema web, móvil y SMS integrado de reportería ciudadana a ser utilizado previa, durante y posteriormente a una posible erupción del volcán Cotopaxi”.

El otro, asignado el 21 de diciembre, se relaciona con el “diseño y desarrollo de un sistema móvil integrado de recopilación y publicación de información de movilidad y del servicio de transporte público (rutas, paradas y horarios del servicio) del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)”.

En ambos casos, el sistema de adjudicación que se utilizó fue el de contratación directa. En la información que consta en el Sercop también figuran 2 consultorías asignadas mediante contratación directa a la fundación Futuro Latinoamericano.

Una de ellas la adjudicó la Secretaría Metropolitana del Ambiente, el 2 de septiembre pasado, por $ 44.500 para la “elaboración del plan ambiental distrital”. En tanto que otra fue canalizada por el Fondo Ambiental del Municipio y consiste en el fortalecimiento “de la relación entre los diversos actores vinculados al territorio de la propuesta de declaratoria del AIER Ilaló-Lumbisí y lograr consensos frente al manejo sostenible del territorio en cuestión”.

Este contrato, por $ 27.195, se adjudicó el 6 de noviembre y se encuentra en ejecución. El 10 de diciembre, las comunas de Quito protestaron frente a la Alcaldía por la falta de socialización del proyecto para declarar como área protegida a un sector del cerró Ilaló y zonas aledañas en el sector del valle de Tumbaco.

Entre las consultorías, asesorías e investigaciones especializadas contratadas por entidades municipales consta el “patrocinio jurídico para el proceso de daño moral N° 841-2014 ST, interpuesto por el señor Carlos Dueñas Ladd en contra de la maestra Lucía María Patiño Loayza en su calidad de representante legal de la Fundación Teatro Nacional Sucre (FTNS)”. Este proceso fue adjudicado el 30 de noviembre a nombre de Raúl Enrique Guzmán Miranda, por un monto de $ 7.500.

Otra de las medidas de austeridad dictadas por el alcalde Rodas en junio pasado fue la “prohibición de compra de vehículos para uso de directivos y racionalización del parque vehicular actual”.

Como parte de ello, el Cabildo subastó 54 vehículos municipales el 8 de octubre pasado. Si las previsiones municipales se hicieron efectivas, el proceso debió generar $ 230 mil, el 16,39% de lo asignado a las 17 auditorías contratadas. (I)

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