El paro de los taxistas motivó mayores controles contra unidades irregulares

- 27 de marzo de 2018 - 00:00
La movilización se inició en el parque El Arbolito (norte de la ciudad) y se desplegó hasta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Foto: Miguel Jiménez / El Telégrafo

Los conductores legales consideran que quienes emplean las aplicaciones de Cabify y Uber compiten de manera “desleal”, mientras que los choferes de estos servicios extranjeros indican que al final el cliente es el que decide.

El Municipio de Quito establecerá mesas de trabajo con los gremios de taxistas. Además, se intensificarán los operativos de control a los taxis ilegales, especialmente los que funcionen con las aplicaciones Cabify y Uber.

Esos fueron algunos de los acuerdos a los que llegaron ayer los dirigentes del gremio de taxistas con los representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la Subsecretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Los funcionarios se reunieron en el auditorio de la cartera de Transporte, luego de una movilización de choferes en rechazo al taxismo informal. Los conductores llegaron desde el norte, centro y sur de la capital para concentrarse en el parque El Arbolito.

La marcha se inició a las 10:15 en la avenida 12 de Octubre, sentido sur-norte. Luego recorrieron la av. Colón y tomaron la calle Juan León Mera, donde hubo la reunión pública.

Los dirigentes presentaron un documento para exigir la salida de los servicios Cabify y Uber ya que cumplen su trabajo a través de aplicativos móviles, lo que contraviene la competencia leal, comentó Carlos Brunis, dirigente de la Unión de Taxistas de la provincia de Pichincha.

El coordinador añadió que nuevas unidades ofrecen el servicio a precios más bajos lo que genera una competencia desigual, además laboran sin habilitación legal.

Recordó que el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) exige a los conductores ofrecer el servicio con títulos habilitantes, algo que no cumplen dichas operadoras.  

Ese fue el sentir de los conductores que se congregaron en la movilización.

Segundo Benítez, presidente de la Compañía Fat Rueda, indicó que la cooperativa contempla implementar aplicaciones para mejorar el servicio, pero insistió en la necesidad de que las empresas irregulares salgan definitivamente del mercado.

Antonio Calderón, gerente de la misma compañía la cual tiene 200 miembros, explicó que lo ideal sería que esas aplicaciones se empleen con taxis regulados. “Cualquier vehículo accede a esos programas, pero no cuenta con conductores profesionales como nosotros”, expresó.

Calderón indicó que la prestación ilegal se cumple con carros tipo todoterreno, camionetas  y otros medios que no están homologados (aprobados) y que incumplen las normas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

“Hay que mejorar la asistencia a los usuarios, pero con base a lo que dicta la ley, algo que no cumplen los taxis informales”, manifestó.

El gerente explicó que los conductores legales pagan altas cantidades por mantener sus unidades al día. Por ejemplo, los taxis ejecutivos de su empresa pagaron $ 1.500 por emplear una tecnología, cada carro cuesta $ 17.000, a eso se suman gastos de pintura, taxímetro, mantenimiento, sistemas de comunicación.  

“En cambio, en el taxismo informal los conductores no gastan en homologación, utilizan una aplicación gratuita y muchas veces no tienen la licencia que se requiere para este trabajo”, expresó.   

“Muchos choferes informales adquieren carros con liquidación de empleos anteriores y se dedican a la actividad sin habilitación”, se quejó Hernán Guamán, chofer de la Cooperativa Atahualpa El Pintado, que tiene 55 socios. Tras la reunión, el dirigente Brunis informó que los funcionarios públicos reconocieron que Uber y Cabify  son ilegales y que habrá operativos.

Según el dirigente, entre octubre de 2017 y lo que va de 2018 se efectuaron operativos y detuvieron 400 carros por operar con esa modalidad. Según los dirigentes, alrededor de 15.000 unidades laboran de forma no homologada.  

Añadió que ofrecieron que en los próximos días se emitirá una circular en los hoteles y centros comerciales para informar sobre la irregularidad de esa asistencia.

Juan Pasos, director provincial de la ANT, aseguró que las dos compañías no tienen homologación de la entidad, por lo tanto están cumpliendo actividad ilegal.

“Nosotros en ningún momento hemos dado autorización para que ninguna plataforma que no cumpla la ley, como el caso de Uber y Cabify, tenga permiso para ser utilizada”, reiteró.

Los conductores que laboran con estas aplicaciones expresaron que al final quien elige el destino es el cliente. Esa fue la impresión de Esteban Zumba, quien hace un año emplea la prestación de Uber.

El chofer, quien tiene licencia sportman y es propietario de un Grand Vitara SZ, señaló que en promedio hace entre ocho y 10 carreras diarias, de las cuales la mayoría de los clientes dijo que muchos de “los amarillos” son groseros.

Zumba aseguró que la razón social que cumple es de “alquiler de vehículos con chofer”, de ahí la diferencia entre el oficio que desarrollan los taxistas. Diario EL TELÉGRAFO solicitó la versión de Cabify, el personal de Comunicación indicó que “por el momento” no habrá ningún pronunciamiento porque “el vocero no se encuentra disponible”. (I)

Carreras
Cámaras de seguridad
Los manifestantes también solicitaron agilidad en los trámites para la instalación de cámaras de seguridad. A decir de ellos, hay cientos de unidades legales que no cuentan con el dispositivo, pero no se les ha instalado.

15 carreras diarias cumple un chofer de taxi, en promedio, los que usan la aplicación tienen hasta 10.

Otros acuerdos
El dirigente Carlos Brunis informó que la ANT dispuso que la revisión vehicular sea una vez al año. (I)

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