Derecho a la educación: de la democracia mercantil a la democracia social

El Comit&eacute; de Derechos Econ&oacute;micos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento del Pacto del mismo nombre, concibe a la educaci&oacute;n como un derecho humano intr&iacute;nseco y un medio indispensable para realizar otros derechos, superar la pobreza, impulsar la participaci&oacute;n social, emancipar a grupos hist&oacute;ricamente excluidos, proteger a la ni&ntilde;ez y adolescencia, profundizar la democracia; en fin, formar personas y sociedades instruidas, activas y cr&iacute;ticas. Ecuador en 2008 asumi&oacute; como un deber estatal ineludible e inexcusable, garantizar sin discriminaci&oacute;n el efectivo goce de los derechos humanos consagrados en la Constituci&oacute;n y en instrumentos internacionales; en particular, la educaci&oacute;n como un derecho de las personas a lo largo sus vidas. Este mandato dispone que el Estado debe respetar, proteger frente a terceros y cumplir el derecho a la educaci&oacute;n, es decir facilitar y proveer medidas y recursos para su pleno ejercicio. El mercado y sus actores pueden participar de este proceso, pero respetando los est&aacute;ndares y regulaciones que el Estado y la comunidad internacional establezcan. Nuestro pa&iacute;s ha evolucionado en la materia. A finales de los a&ntilde;os 90 e inicios del 2000, cuando primaba la concepci&oacute;n econ&oacute;mica neoliberal y la perspectiva mercantil de la educaci&oacute;n se expresaba en la pol&iacute;tica p&uacute;blica, seg&uacute;n datos del INEC avalados por Unicef, 35.000 ni&ntilde;os y ni&ntilde;as menores de cinco a&ntilde;os asist&iacute;an a un centro de cuidado y educaci&oacute;n inicial; mientras que en 2013, cerca de 280.000 asistieron a los servicios de desarrollo infantil. Respecto a la universalizaci&oacute;n de la educaci&oacute;n primaria, pas&oacute; del 89,1% en el a&ntilde;o 2000 al 96,5% en 2013; acompa&ntilde;ada de pol&iacute;ticas que inclu&iacute;an la alimentaci&oacute;n escolar que permiti&oacute; que de 1.3 millones de beneficiarios, aumente a 2.1 millones; y la prohibici&oacute;n del cobro de la matr&iacute;cula y entrega de textos escolares gratuitos en instituciones p&uacute;blicas o apoyadas por el Estado; por otra parte, la tasa neta de asistencia a secundaria en el a&ntilde;o 2.000 fue de 60,1% y en 2013 aument&oacute; a 81,3%, siendo notorio en el sector rural, pues creci&oacute; del 40,9% al 72,2% en el mismo per&iacute;odo. Estos cambios expresados en estad&iacute;sticas han estado acompa&ntilde;ados de la actualizaci&oacute;n curricular, est&aacute;ndares de calidad, procesos de evaluaci&oacute;n y revalorizaci&oacute;n estudiantil y docente, as&iacute; como mejora del aprendizaje a nivel de Am&eacute;rica Latina; pero existen retos tales como el modelo de gesti&oacute;n de educaci&oacute;n intercultural biling&uuml;e, servicios educativos para personas con discapacidad, desarrollo de estrategias para promover la equidad de g&eacute;nero, contra el maltrato infantil y el abuso sexual; todo lo cual ser&aacute; posible si apostamos por la democracia social y sustancial en la educaci&oacute;n, frente a aquellas propuestas que pretenden regresar a la democracia mercantil, empresarial, de competencia y lucro. La decisi&oacute;n es nuestra. (I)