En este primer mes de funciones de los siete miembros del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el balance es negativo. Se han dedicado a gritarse entre ellos, a generar el caos y a no decidir nada positivo.

La única resolución que han tomado es sobre la creación de una comisión para echar abajo el concurso de designación de los integrantes de la Corte Constitucional y revisar lo actuado por el Consejo de Participación Social Transitorio. Esto les ha traído complicaciones porque la mayoría de consejeros  están incursos en la causal de incumplimiento de funciones.

En este contexto estoy de acuerdo con las denuncias penales presentadas en la Fiscalía por el Colegio de Abogados de Pichincha, Unidad Popular y los asambleístas Tello y Cruz contra los cuatro consejeros que aprobaron la resolución.

Deben ser investigados por el delito tipificado en el Art. 282 del Código Orgánico Integral Penal (incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente). Pero no solo eso, la Corte Constitucional puede declarar el incumplimiento de su sentencia y destituirlos.

Por otro lado, resulta paradójico que quienes ayudaron a nombrar a los jueces de la Corte Constitucional ahora rebusquen supuestos vicios en el proceso para alentar la destitución de esos magistrados. Yo mismo tuve observaciones sobre el concurso; es más, resulté perjudicado, pero no puedo ser tan irresponsable en abonar al caos institucional pretendiendo una revisión del concurso.

Me parece un buen síntoma que los asambleístas depongan intereses particulares y partidistas y actúen de manera patriótica, responsable, porque ya es hora de que el Estado empiece a institucionalizarse, a caminar por el curso de la democracia y el Estado de derecho.

Sobre la limitación de atribuciones al actual Consejo de Participación, no me parece que el procedimiento sea la enmienda constitucional, porque tiene que ver con aspectos de forma superficiales de la Constitución. Creo que el mecanismo más adecuado es la reforma constitucional.

Inclusive es más práctico, porque el procedimiento de reforma es más rápido y expedito, ya que requiere dos debates, mayoría simple y luego dos debates del Legislativo. (O)