He titulado el presente artículo, con una desgarradora frase pronunciada por una madre que clamaba justicia por su hijo asesinado por causa de la homofobia, que es, en términos generales, el odio a los homosexuales. ¡Cuánta verdad y razón en una frase de cinco palabras!

Si nos remontamos a 1837, fecha en que fue expedido el primer código penal ecuatoriano, este castigaba la sodomía. La penalización de la homosexualidad duró siglos. En 1997, el Ecuador despenalizó la homosexualidad  y, un año después, la Constitución amparó la no discriminación por orientación sexual, reafirmándose esta garantía en la Carta Magna de 2008, cuyo artículo 11, numeral 2, reconoce el derecho a la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. De igual forma, el artículo 66, numeral 9, establece el derecho de toda persona a tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad. En 2009, se introdujo en el entonces vigente Código Penal un capítulo sobre los delitos de odio por orientación o identidad sexual.

Es necesario destacar que la inclusión de  la categoría identidad de género y la legalización de la unión de hecho entre dos personas del mismo sexo, en el texto de la Carta Magna, no permite la adopción a parejas del mismo sexo, por expresa disposición constitucional.

El avance de políticas laborales en favor de la comunidad LGBTI fueron evidentes en 2015, cuando se  declaró ilegal el rechazo a un trabajador por su orientación sexual. También se implementó una comisión de trabajo interdisciplinaria conformada por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Ministerio del Interior, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado encargada de la investigación de muertes violentas suscitadas en contra de personas LGBTI.

Anhelamos que las políticas públicas que se han venido implementando desde casi una década, permitan un trato igualitario para todos los seres humanos, sin discriminación alguna por su orientación sexual.

¡Juntos somos invencibles!