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Ecuador/Vie.4/Dic/2020

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"La Ministra de Gobierno ha aceptado sus incumplimientos": Amapola Naranjo

El juicio político a la Ministra de Gobierno llega a su recta final. Amapola Naranjo, legisladora de la bancada de la Revolución Ciudadana es una de las interpelantes.
31 de octubre 00:00

Hay confusión entre ustedes sobre el uso de bombas lacrimógenas caducadas. Esa no es una función ni responsabilidad de la Ministra de Gobierno, sino de la Policía. ¿Cuál es la razón del juicio político?

La única causal que establece la Constitución es por incumplimiento de funciones. Se trata de un proceso de investigación política, de control político. Hay varios hechos que sustentan esta gran causal de incumplimiento de funciones:

1. El uso de bombas caducadas en contra de manifestantes,

2. El Lanzamiento de bombas lacrimógenas en centros de paz y acogida humanitaria,

3. Por haber convocado tardíamente al Comité Interinstitucional para la protección de periodistas y trabajadores de la comunicación. 

¿Por qué pusimos estas tres causales? Porque la Ministra de Gobierno reconoció públicamente y pidió disculpas. Así que los abogados decimos “a confesión de parte, relevo de pruebas”.

Ustedes la atribuyen como incumplimiento de funciones a las labores operativas de la Policía, pero la Ministra de Gobierno es una autoridad civil, no una policía más.

Por supuesto que ha incumplido sus funciones. El artículo 131 de la Constitución determina que el rol de la Asamblea Nacional es fiscalizar y, ¿a quién se debe fiscalizar? A las autoridades, ella es una Ministra de Estado, además está a la cabeza de la Policía Nacional, ordena los operativos, especialmente estos extraordinarios, como los que se vivió en octubre de 2019, además dirige estos operativos. Ella es la responsable política.

El Comandante General de Policía así lo corroboró durante la comparecencia.    

 Ustedes acusan a la Ministra Romo de no haber protegido a los periodistas que fueron secuestrados. Pero el comandante de la Policía subrayó que se conformó el Comité de Protección de Periodistas, con los representantes de varios organismos que encontraron una salida. Eso da al traste con uno de los motivos de la interpelación a la Ministra Romo, ¿qué dice en este caso?

La actuación en el caso del trabajo periodístico fue tardía e inadecuada. Ella misma lo ha reconocido y ha pedido disculpas. Todo el país fue testigo de que no se actuó correctamente. Por eso las víctimas han pedido hablar en la Comisión de Fiscalización. Este proceso debe servir para corregir aquellas cosas que se han hecho mal.

Por supuesto que violencia en las manifestaciones siempre hay. Siempre habrá algún violento, pero el trabajo de la Policía es identificar a los violentos, someterlos y llevarlos a la justicia. No se puede escudar en estas situaciones para violar la ley o desconocer los derechos humanos.

¿Por qué un enjuiciamiento político sobre hechos que la Asamblea Nacional ya conoció e investigó, a través de una comisión especial ocasional multipartidista y sobre el cual el Pleno hizo una resolución que en ninguna de sus partes determina que haya existido responsabilidad política a la ministra de Gobierno?

No ha habido ningún proceso específico de investigación a la actuación de la Ministra. Esperaremos a que ella comparezca ante la Comisión y presente sus pruebas de descargo. Pero, hasta aquí, las comparecencias de todos los actores evidencian el incumplimiento de sus funciones. Debe ser destituida.  

No queda claro si está siendo cuestionada porque la Policía Nacional actuó haciendo uso excesivo de la fuerza o, por el contrario, con menos fuerza de la que esperaba de ella y formula la siguiente interrogante: ¿Considera usted que la Policía Nacional hizo uso excesivo de la fuerza o utilizó menos fuerza de la que debió?

Hubo un uso desproporcionado de la fuerza policial. El ataque a las zonas de paz donde había mujeres y niños descansando no puede justificarse de ninguna manera.

Muchos actores políticos dicen que el juicio es una irracionalidad porque la Ministra sostuvo la democracia y evitó un golpe de Estado fraguado por un movimiento claramente identificado.

No hubo ningún golpe de Estado, sino expresiones legítimas de la ciudadanía de inconformidad con la elevación del precio de los combustibles. La Policía debía garantizar la seguridad de la ciudadanía, pero no a nombre de una manifestación scoial violar los derechos humanos.

Es de conocimiento público la persecución que ha tenido desde el inicio de este Gobierno en contra de quienes piensan distinto y especialmente en contra de quienes hacemos la Revolución Ciudadana. En este contexto vienen construyendo el discurso de que hay este enemigo interno, hay que derrotarlo, perseguirlo, eliminarlo. Así, hemos tenido juicios vergonzosos, donde se han violado derechos humanos, como es el caso de nuestro líder, el expresidente Rafael Correa.

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