Las 37 organizaciones políticas (12 nacionales y 25 provinciales), que participaron en las elecciones del 17 de febrero, tienen hasta el 17 de junio para declarar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) los gastos efectuados para su promoción.
 Según el artículo 230 del Código de la Democracia, el proceso se debe realizar  en el plazo de 90 días después del sufragio.

La normativa especifica que la  liquidación  es una competencia del responsable económico de la agrupación, con intervención de una contadora o contador público autorizado. Las organizaciones deberán presentar un  balance consolidado, el listado de contribuyentes con la determinación de los montos y los justificativos que prevé la ley.

En enero de este año, el presidente del CNE, Domingo Paredes, denunció que hay  ciertas agrupaciones que  han declarado como gastos de campaña hasta “operaciones de vesícula”.  Este diario conoció, por funcionarios del órgano electoral,  que ese hecho se habría producido  en   2009,  cuando una  agrupación  nacional    presentó  una factura por una intervención quirúrgica que se habría realizado    uno de los candidatos. Este proceso ahora se encuentra en  auditoría.

Según la consejera Nubia Villacís, hasta el momento ninguna organización ha declarado los gastos de campaña. El artículo 232 de la norma electoral  especifica que  en los  justificativos deben constar  el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena y la del aportante original, así como el destino y el total de las sumas gastadas en el proceso electoral por rubros, estados de cuenta y conciliaciones bancarias, así como los comprobantes de ingresos y  egresos con las facturas o documentos de respaldo correspondiente  para dicho proceso.

La normativa aclara  que si los órganos electorales encuentran  indicios de infracciones  se dispondrán auditorías especiales en un plazo de 30 días y los   resultados se notificarán a las partes involucradas para que se defiendan en un período de 15 días después de la notificación. Los costos y gastos que demanden las auditorías especiales serán cubiertas por los  mismos infractores.

En las elecciones de febrero, el CNE fijó el límite de gasto electoral en 1’749.971 dólares para binomios presidenciales y asambleístas nacionales. De ese monto,   1’049.983 dólares se destinaron para campaña (diseño de camisetas, trípticos, hojas volantes, etc.) y   699.988 para promoción electoral.

Estos  recursos, que representaron en total  30’139.529 dólares,  fueron entregados por el Estado, como parte del fondo de promoción electoral    para  los candidatos.

Por eso, lo que deben justificar son los fondos de campaña, que son las donaciones  que entregan los adherentes. Hasta el momento, el CNE cierra las cuentas de campaña, para luego de ello determinar responsabilidades y sanciones de ser necesario.

Villacís precisó que entre las sanciones, las organizaciones podrían pagar el  doble del gasto extra o el  cuádruple del total de los gastos efectuados.
Las organizaciones políticas PAIS, CREO, Ruptura, Sociedad Patriótica, PRE, Prian y SUMA   actualmente recopilan    información para  declararla ante el CNE.

Luis Villacís, procurador común de la Coordinadora de las Izquierdas, manifestó que la alianza, integrada por Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático (MPD), realizarán el reporte de gastos de manera separada ya que en algunas provincias no presentaron listas conjuntas.