Con lista en mano, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) pide el indulto de 138 miembros del movimiento indígena que, según sostiene, han sido procesados por manifestaciones violentas en lo que ellos catalogan como “criminalización de la protesta”.

El miércoles pasado, en su discurso de posesión, el presidente Lenín Moreno dijo que su gobierno estará abierto al diálogo y a la unión.

Es bajo esta consigna que la Conaie insiste en solicitar indulto y amnistía para dirigentes e indígenas que han participado en diferentes protestas sociales que derivaron en actos violentos en 5 provincias.

Abogados de la organización señalaron la necesidad de una reforma legal para eliminar los artículos del COIP que criminalizan la protesta social. Sin embargo, se indaga a 59 miembros de la comunidad Nankis por la muerte de un policía en Morona Santiago tras un ataque a una propiedad minera.

En el listado de la Conaie constan los nombres de ocho dirigentes indígenas de su agrupación, de la Confenaie, de la Federación Shuar y de la nacionalidad Achuar, que fueron acusados del delito de paralización del servicio público, suscitado durante el levantamiento indígena y las movilizaciones de 2015. Los delitos que se le atribuyen a la mayoría de procesados ocurrieron en 2015.

De los procesados 3 están acusados por secuestrar a 11 militares en diciembre de 2016. “Los militares circulaban por el río Bobonaza, sin previa coordinación de la comunidad Sarayaku, como dictamina la sentencia de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”, explicaron en un comunicado.

En la lista hay procesados por delitos de incitación a la discordia entre ciudadanos, receptación y asesinato. Esto ocurrió en Nankits, en el campamento de la empresa minera China Explorcobres, donde murieron dos policías y se declaró el Estado de excepción. (I)