La paralización, por lo menos de parte de actividades laborales y productivas en el país, incluso del sector público como medida de presión al Gobierno. Con ese fin las organizaciones sindicales agrupadas en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), junto con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) continúan buscando, como llaman, alianzas con otros sectores para afirmar que la jornada prevista para el 13 de agosto próximo será cívica y no únicamente gremial.

Aunque la Constitución de la República prohíbe expresamente la paralización de los servicios públicos, las organizaciones que impulsan la protesta contra el Gobierno, quieren que estas acciones, que comenzarán el 2 de agosto con la movilización indígena desde Zamora Chinchipe, logren como objetivo dejar al país en inactividad.

Sus pedidos van desde el archivo  de las reformas de enmiendas constitucionales hasta demandas laborales, que consideran son lesivas para la agremiación.  

No todos los sectores laborales y sociales concuerdan con el llamado al paro. Los gremios agrupados en la Central Única de Trabajadores (CUT), comerciantes minoristas y hasta agrupaciones campesinas consideran que lo que se busca es la desestabilización del Gobierno, incluso no descartan que pueda tratarse de un intento de golpe de Estado.     

El dirigente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), Édgar Sarango, asegura que todos los tipos de acercamientos y diálogos se han agotado y por eso buscan acercamientos con diferentes organizaciones sociales y movimientos sindicales para que se unan a esta jornada.

“El movimiento sindical siempre ha estado en las calles, el movimiento indígena ha dicho que el 2 de agosto iniciará una movilización hacia la capital y espera estar el 10 de agosto. Nosotros empezaremos el 13 el paro preventivo, pero creemos que debemos ir a un proceso más consolidado para una acción más fuerte”, advierte.

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Para él, el 13 de agosto significa paralizar actividades; “necesitamos todas las condiciones objetivas y subjetivas, estamos buscando alianzas con sectores del campo, artesanos, pequeños comerciantes la mayor cantidad de aliados estratégicos”, asegura.

Y va más allá. Sostiene que lo que ocurrirá el 13 de agosto no es el principio ni el fin sino que será secuencial. Ese día habrá un paro nacional en varios territorios, por ejemplo en algunas provincias.

Por eso, recalca, en la protesta participarán trabajadores, pequeños y medianos productores, movimientos sindicales, estudiantes, ciudadanía tanto del sector público como privado, “pese a que se dice que sería ilegal en el sector público, esa sería nuestra fortaleza”.

Lo mismo afirma Juan Vareles, vicepresidente de la Cedocut; según  el dirigente, prevé que será un día en que se aglutinarán médicos frente de profesionales, líderes barriales, organizaciones sociales, estudiantes universitarios y secundarios y hasta autoridades de gobiernos locales.

“Es un paro que ha recibido adhesiones, incluso de prefecturas, como Esmeraldas, Orellana, que se han manifestado a favor del paro, así como en Azuay”, asegura Vareles, tras señalar que no descartan que algunos municipios y juntas parroquiales, desde sus territorios, se sumen a  la medida hasta lograr que el Gobierno retire las reformas vía enmiendas. Habla de que debe ser hora de sentarse a dialogar “sin estas ataduras”, aunque ellos sí anteponen la medida de hecho para lograr este fin.

Contra el paro

Pero Franklin Columba, dirigente de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) es contrario a esta medida y más bien considera que estas acciones son para crear un escenario para buscar la salida del Gobierno, hecho que, en lo personal, no comparte.

“Como dirigente de la Fenocin hemos resuelto convocar para el 28 de julio a una reunión del Consejo Ejecutivo Nacional, donde estaremos los 12 dirigentes para llamar a una asamblea nacional ampliada de las organizaciones campesinas, indígenas y negras”, anticipa.

Esto con la finalidad de que las bases conozcan el trasfondo político de la situación, se lo discuta y resolver una acción en conjunto. “Es importante aclarar que la Fenocin nada tiene que ver con la postura de la Conaie. La Fenocin  es una organización aparte, nosotros no estamos ligados a ellos y tenemos 47 años de vida institucional”.

Según su punto de vista, todo llamado a paro nacional implica que a través de una disconformidad con ciertas políticas, a base de la fuerza se propugna la salida o renuncia de un gobierno o de alguna autoridad específica, “en general esto busca un paro, esa es la finalidad, no existe otro motivo”, sostiene.

Recuerda que en otras épocas se realizaban paros generales con la finalidad de exigir la salida de un gobierno por sus malas políticas, de allí que se formaban  alianzas para defender los derechos legítimos de los pueblos, pero ahora la cosa es distinta, la norma constitucional marca otra hoja de ruta.

“Todos tenemos derecho a la marcha, a la movilización, pero no como se lo está planteando. Además,  en lo personal, creo que el Gobierno ha hecho cambios fundamentales en favor del pueblo ecuatoriano y ha sido el único que ha hecho respetar la soberanía del país”.

Si bien señala que hay temas pendientes y hasta errores, considera que eso no debe ser pretexto para provocar o generar climas de confrontación, incluso por encima de la norma constitucional; “creo que hay politiqueros que están instruyendo a estos sectores para ir a un paro y obtener ventajas”.

Sectores agrícolas, como la Asociación de Trabajadores de Bananeros del Guayas, también rechazan el llamado al paro. El dirigente José Giler Vera asegura que el llamado al paro no es otra cosa que una provocación que se inserta en intentos golpistas contra el Gobierno que, a su criterio, ha hecho esfuerzos por desterrar la extrema pobreza a los que han sido sometidos los pueblos por las “oligarquías nacionales”.

“Sabemos que hay mucho por hacer, por lo que los ciudadanos debemos empoderarnos del proceso que está en marcha”, puntualizó. (I)

DATOS

La Constitución reconoce el derecho a la huelga, no así la paralización de servicios públicos, como señala el artículo 326, en los numerales 14 y 15.  

El numeral 14 dice que se reconocerá el derecho de las personas y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes  gremiales gozarán de las garantías  necesarias en estos casos.

El numeral 15 advierte que se prohíbe la paralización de servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado,  producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones.