El vicepresidente de la República, Jorge G., seguirá detenido luego de que la tarde de ayer el Tribunal de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces, Rosa Álvarez, Asdrúval Granizo y Merck Benavides, negó el recurso de habeas corpus planteado por el Segundo Mandatario a través de su abogado defensor Eduardo Franco Loor.

Según los jueces, la orden de detención emitida contra Jorge G. es legal y “no se le ha violado ningún derecho”, por lo que se le niega el recurso de habeas corpus que, de acuerdo con el Art. 89 de la Constitución, es un mecanismo para devolver la libertad a cualquier detenido, en caso de que “se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima”.

Con la presencia del Segundo Mandatario, quien se encuentra detenido desde el pasado lunes 2 de octubre, por su vinculación en el presunto delito de asociación ilícita cometida en el caso de corrupción de Odebrecht en el Ecuador, en la que además son procesados 17 personas más, ayer en la tarde se desarrolló la audiencia de habeas corpus en la CNJ, en Quito.

En esta diligencia Jorge G., quien vestía camisa blanca y terno azul, habló por primera vez ante los jueces por cerca de 10 minutos, para solicitar que se ordenara su libertad, ya que la orden de prisión preventiva que rige en su contra es “ilegal e ilegítima”, que el trasfondo de mantenerle en prisión es callarle, que no se pueda defender y que lo que buscan (aunque no precisó quienes) “es hacerse de la Vicepresidencia de forma ilegítima”.

El Tribunal de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia presidido por la Jueza Rosa  Álvarez deliberó por una hora el fallo, luego de escuchar a las partes procesales.

Aseguró que Odebrecht y sus autoridades tienen suficientes motivos para odiarlo, porque él fue quien expulsó a la compañía en   2008, cuando entregó la hidroeléctrica San Francisco con fallas. Se volvió a calificar como una víctima de linchamiento mediático y aseguró que en la información entregada por Estados Unidos a la Fiscalía como cooperación internacional, ni siquiera aparece su nombre.

“Yo no soy mencionado ni una sola vez”, dijo al subrayar que está consciente de que va a ser acusado, aunque no haya pruebas. “Soy un padre de familia, soy esposo de alguien, soy hijo, y yo estoy preso sin una sola prueba. Pido justicia, señores jueces”, enfatizó.

De su lado, el abogado del Segundo Mandatario hizo los mismos señalamientos de su cliente y repitió los argumentos que usó el viernes pasado cuando apeló la medida de prisión preventiva, en otra audiencia. Pedido que le fue negado por el Tribunal que resolvió ese día.

Para Franco, la orden de prisión es arbitraria, que la Fiscalía no ha justificado de qué forma había el peligro de fuga de su defendido y que es ilegal que se dispusiera arresto después de que concluyera la fase de instrucción fiscal. Además, su cliente siempre ha colaborado con la justicia.

La defensora pública, Lolita Montoya, en representación del juez de la causa, Miguel Jurado, entregó un informe de su defendido al Tribunal, donde se fundamenta porqué se dio paso a la orden de prisión de Jorge G.

Lo hizo por pedido de la Fiscalía, que presentó nuevas evidencias en contra del segundo mandatario, que habrían “agravado” su situación jurídica y, según la Fiscalía, existía un potencial peligro de fuga, sostuvo.

Tras 47 minutos de audiencia, los jueces suspendieron la diligencia para deliberar, y, luego de una hora de intercambiar criterios, anunciaron la decisión de negar el recurso de habeas corpus.

Defensa apelará

Eduardo Franco Loor indicó que apelará la resolución del Tribunal de lo Laboral, por ser “diminuta, injusta, arbitraria e inconstitucional”, porque en la audiencia demostraron las flagrantes violaciones a los derechos humanos de su defendido Jorge G.

“Vamos a agotar todas las instancias para que brille la justicia”, sostuvo, al señalar que incluso podrían acudir a la Corte Constitucional, porque Jorge G. es inocente.

Además reveló que para hoy tiene previsto presentar también una denuncia de prevaricato contra el juez de la causa, Miguel Jurado.

El de ayer fue el tercer intento de Franco Loor de tratar de conseguir la libertad de su defendido. En primera instancia solicitó el cambio de medida cautelar, luego la apelación a la prisión preventiva. Todas han sido negadas, y, según el jurista, seguirán insistiendo. (I)

“La Justicia está cediendo a la presión mediática”

Desde la cárcel N° 4 en Quito, Jorge G. ofreció una entrevista a la agencia AFP. Lo hizo previo a la audiencia de habeas corpus que se efectuó la tarde de ayer en la Corte Nacional de Justicia.     

En el diálogo el Vicepresidente sostuvo que es víctima de una “venganza” por parte de la empresa constructora Odebrecht; también acusó  a la Justicia de Ecuador de estar cediendo “a la presión política y mediática”.

Como se recordará, el juez Miguel Jurado Fabara dictó, previa solicitud de la Fiscalía, la orden de prisión preventiva en contra de la autoridad. El pasado viernes el magistrado fue recusado por la defensa del Segundo Mandatario, lo que motivó que la audiencia prevista  para hoy, donde se definía si procede el juicio, se difiriera.

En el diálogo con la agencia de noticias manifestó que jamás cometió delito alguno y que una persona que no delinque nunca espera verse en una situación de esta naturaleza.

Se mostró algo escéptico sobre su situación jurídica. “Yo me espero una acusación del Fiscal. La pregunta es, ¿con qué pruebas? ¿O es que acaso mi acusador (el delator de Odebrecht, José Santos), que es un corrupto confeso que ha reconocido que montó una red de corrupción en 12 países, se constituye en prueba?”, se preguntó.

Insistió en que la Fiscalía se quedó con esa acusación pero “no hay un solo hecho ilícito de mi parte, no conozco a los otros implicados en este caso, a excepción de mi pariente (Ricardo R), que ha declarado que él actuó en lo privado”.  

Y agregó que “ni con testigos falsos ni correos truchos ni pendrives misteriosos ni testigos protegidos han logrado encontrar una prueba en mi contra”. (I)