Debido a la falta de pruebas de cargo y por no completarse la denuncia, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ordenó el archivo del proceso iniciado en contra de legisladores de Alianza PAIS, por el presunto uso de fondos públicos en actividades proselitistas, durante la campaña de carnetización efectuada en el Guasmo Sur.

La denuncia la entablaron miembros de la Unidad Popular (UP), entre ellos Geovanni Atarihuana y Natasha Rojas, así como representantes del denominado Acuerdo Nacional por la Transparencia Electoral. Basaron su postura en una fotografía. “Aquí está el uso de fondos públicos. La señora Marcela Aguiñaga no tiene ética”, dijo Rojas.

Ayer dijo ante la prensa que al haber sido notificados un día viernes para que completen la denuncia y presenten pruebas, el plazo venció el domingo y con ello les negaron la capacidad de respuesta a las organizaciones acusadoras, a la vez que  los dejaron en indefensión.

Alonso López, otro de los miembros de la UP, señaló que en 72 horas apelarán la resolución del TCE.

Mientras, según Acuerdo nacional por la Transparencia, ese tipo de notificaciones “evidencian cómo esto constituye una maniobra del TCE para consagrar la impunidad”.

Sin embargo, Aguiñaga (segunda Vicepresidenta de la Asamblea y directora de PAIS en Guayas) insistió en que pese a tener 2 días de plazo, los denunciantes no cumplieron y de allí la decisión del TCE de archivar el proceso contra ella y sus compañeros Bairon Valle, Mónica Brito y la concejal Lídice Aldaz. Dijo que la falta de pruebas demuestra que “todo fue un show mediático y electorero” con miras a tratar de posicionar a ciertas figuras políticas. (I)