El actual estado de descomposición nacional ha motivado un nuevo debate para buscar fortalecer el sistema democrático del país, identificando lo positivo del avance constitucional y los nudos críticos que determinan que los derechos consagrados no puedan ser materializados, y que las garantías a esos derechos se vuelvan de papel.

Análisis que ponen especial atención en el sistema político referido a lo electoral, al régimen de partidos y a la “Arquitectura Constitucional del Estado” para la materialización de los derechos consagrados.

Para ello se debe empezar por reconocer que los problemas de Ecuador son básicamente estructurales -sin desconocer la gravedad de los coyunturales que nos aquejan-. Lo que determina  que con reformas aisladas o de maquillaje no se logrará el cambio que se necesita.

El país exige más democracia y menos concentración de poder; total transparencia, cero corrupción; más respeto a la dignidad humana y ninguna  procacidad e intrascendencia en el discurso político; más paz y menos violencia; despolitización definitiva de la justicia y no judicialización de la política; más trabajo y menos flexibilización laboral; seguridad social universal y de calidad por cuenta del Estado para proteger al ser humano; y no la partida de defunción del IESS por quiebra financiera y corrupción; más seguridad y menos narcotráfico; economía sana y menos endeudamiento en particular con préstamos condicionados a la receta genocida en contra del pueblo y al saqueo del patrimonio nacional.

Reforma política sí, pero para socializar al Estado y no para estatizar a la sociedad; para minimizar el posible ejercicio de un poder arbitrario o despótico, es decir, para diseñar un esquema constitucional que conduzca a gobernantes y gobernados a hacer el bien y prevenir la intención de hacer el mal.

Se afirma que el hiperpresidencialismo atenta contra  la parte dogmática y, sin embargo, no hay un proyecto estructurado de alternativa; como tampoco lo hay para combatir la corrupción.

Por tanto, el diseño de las instituciones tiene que responder al proyecto político de la sociedad en su conjunto y estar asentado en el mayor consenso posible para que sea legítimo. No se puede caer en el error de hacer normas a la medida del gobernante o de la coyuntura.

La reforma política actual debe referirse a sostener los avances de la dogmática constitucional, en materia de derechos y desechar a las instituciones de su parte orgánica,  que no pudieron constituirse en garantía de esos.

La parte dogmática de la Constitución debe ser defendida y la parte orgánica, debe merecer una nueva “Arquitectura Constitucional del Estado” para que viabilice la materialización de los derechos y el respeto a sus garantías; es decir, para que podamos vivir y disfrutar de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia.

No olvidemos que los ecuatorianos entendemos a la democracia como un espacio de paz, libertad, trabajo y materialización de derechos. Impulsemos esta reforma política en época de cólera, para salvar a nuestro pueblo del totalitarismo y la corrupción.

Penosamente, a 2019, volvemos sobre los mismos temas convencidos de que se claudicó en el intento por parte de los gobernantes que nos ofrecieron el sueño de Montecristi; con el agravante de que, a diferencia de la década de los 90 del siglo pasado, estos doce años presenciamos atónitos una actitud pasiva de la sociedad civil que no se moviliza; mientras las élites maniobran a favor de sus intereses y rehúyen el diálogo y el consenso. (I)